La jueza de la dana pide a la Generalitat el “mobiliario necesario” para la minúscula sala de vistas que se le ha asignado

La jueza de la dana ha solicitado a la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana que se instale el “mobiliario necesario” para las próximas declaraciones testificales señaladas “en previsión de la elevada asistencia” de letrados, según indica una diligencia de ordenación dictada este martes. La resolución, a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud de Valencia, también solicita al departamento que dirige la consellera Nuria Martínez que proporcione “cinco nuevos micrófonos” para la minúscula sala de vistas del Palacio de Justicia de Catarroja en la que ha sido recluida la causa que investiga la comisión de 229 presuntos delitos de homicidio imprudente. La directora general de Justicia, María José Adalid, ostenta la competencia de “dotar a los órganos judiciales de infraestructuras e instalaciones adecuadas para el desarrollo de su función y garantizar su correcto funcionamiento”, según el portal de transparencia GVA Oberta.

La declaración como testigo de este próximo viernes del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, se prevé más masiva que la anterior testifical del jefe de Guardia del Consorcio Provincial de Bomberos del pasado 10 de septiembre. En aquella ocasión, uno de los letrados definió el espacio como “diminuto”.

La sala de vistas en la que se celebra la esperada testifical es minúscula para un procedimiento con unos 40 abogados. Tampoco cuenta con los medios técnicos con los que están equipadas las enormes salas de vistas de la Ciudad de la Justicia en las que se han practicado la mayoría de declaraciones importantes de la causa. Muchos de los letrados se conectan telemáticamente a las testificales, pero en ocasiones especiales (como la declaración de Miguel Polo) acuden presencialmente.

La sede del juzgado, situada a tiro de piedra del barranco del Poyo, fue arrasada por la dana del pasado 29 de octubre y trasladada provisionalmente a la Ciudad de la Justicia de València, donde se inició la instrucción de la causa en la que figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Hasta este mes de septiembre, las declaraciones testificales se realizaban en la espaciosa sala Tirant de la Ciudad de la Justicia.

Sin embargo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), presidido por Manuel Baeza, decidió que el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja volviera a su sede original, una vez acabado el proceso de rehabilitación. Una decisión que se basó en un informe de la Conselleria de Justicia. Y todo ello a pesar de la oposición de la junta de jueces de Catarroja (que abogaba por que la causa de la dana se quedara excepcionalmente en su localización provisional de la capital) y de las partes personadas, tanto de las defensas como de las numerosas acusaciones.

El Palacio de Justicia de Catarroja tampoco dispone de sala de prensa, a pesar de la enorme atención mediática que suscita la causa. En la anterior testifical celebrada el pasado 10 de septiembre, los medios de comunicación tuvieron que trabajar en las mesas de la terraza del cercano bar de la Unión Musical de la localidad, tal como informó este diario.