Sostener las pensiones públicas sin recortar derechos

En los años de crisis que siguieron al hundimiento bancario de 2008, la troika europea impuso los rigores de la política austericida. No es preciso recordar el efecto de los recortes, un cruel castigo contra la ciudadanía, abandonada a su suerte al tiempo que se rescataban bancos con dinero público. Aquella crisis, prolongada más de una década, nos dejó dos retrocesos particularmente nocivos para la clase trabajadora: la reforma laboral y la de pensiones. Los efectos de una y otra han venido a revertirse durante esta legislatura, extremadamente compleja, pero altamente productiva en lo que se refiere a las conquistas del diálogo social.

El viraje hacia las políticas expansivas que ha caracterizado la reacción europea a la crisis de la covid, ha permitido acometer, desde la concertación, una agenda reformista alejada de los mandatos neoliberales, que ha permitió salvar miles de empresas y millones de puestos de trabajo en todo el país. La más que notable subida del SMI, la reforma laboral o la de nuestro sistema de pensiones han sido los hitos más notables de una amplia producción normativa, muy relevante en términos de avance de derechos laborales, que han dejado en evidencia los dogmas neoliberales. Por mucho que lo nieguen los adeptos a la fe liberal, ha quedado sobradamente acreditado que el empleo no se desmorona si suben los salarios, se reduce la precariedad y se refuerza la negociación colectiva; y que el sistema de pensiones se puede garantizar sin aumentar la edad de la jubilación y sin condenar nuestras pensiones presentes y futuras a una espiral de pérdida de poder adquisitivo.

Tras meses de negociación, culmina la segunda fase del acuerdo de pensiones que se inició en 2021. Hace no tanto tiempo, parecía impensable una solución que proporcionara más protección y certezas en el largo plazo, al tiempo que garantizara la revalorización de las pensiones y su viabilidad en el largo plazo. Finalmente, se cierra un acuerdo trascendental en la línea de lo que ha venido proponiendo CCOO desde hace décadas. El reto que supone reforzar nuestras pensiones públicas ante las tensiones demográficas de las próximas décadas, se ha enfocado desde la lógica del refuerzo de los ingresos del sistema, frente a la continua propuesta facilona de los recortes en el gasto.

En su primera fase, el acuerdo de pensiones ha permitido revertir los recortes impuestos por el PP en 2013, básicamente a través de dos medidas: la derogación del factor de sostenibilidad y su revalorización conforme al IPC medio registrado cada año. Esto ha supuesto que alrededor de 10 millones de pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo, así como parar el mecanismo que garantizaba un recorte de más del 20 % en el valor de las pensiones a 25 años vista.

Ahora, con esta segunda fase, concluye la adopción de medidas que han de garantizar la viabilidad del acuerdo de 2021. Medidas caracterizadas por un denominador común: el incremento de ingresos en el sistema contributivo. En este sentido, me referiré al aumento progresivo de las bases máximas de cotización y al refuerzo del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).

Las bases máximas se incrementarán por encima de lo que lo haga la inflación, lo que nos acerca a una más que deseada convergencia con la media europea, elevando las máximas actuales desde los 53.940 € hasta los 75.000 € en 2050, coincidiendo con el punto álgido de tensión del sistema por la jubilación de la generación del baby boom. Una medida que afecta aproximadamente a 1,2 millones de cotizaciones hoy en día.

Otra fórmula que nos permitirá dar solidez al sistema va a ser el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para llegar paulatinamente a un incremento del 1,2 % de las cotizaciones (0,2 % a cargo de las personas trabajadoras) en 2050. Una disposición que se implementa para dotar de un fondo de reserva que será usado única y exclusivamente en los momentos de mayor exigencia demográfica.

Estas últimas dos correcciones de calado vienen a completar algunas otras alcanzadas en 2021, como son el compromiso de efectuar transferencias directas de los PGE hasta el 2 % del PIB anual y un nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales para las personas trabajadoras del régimen autónomo. Medidas que bien han podido ser la garantía necesaria para acometer la subida de las pensiones más bajas (mínimas y no contributivas); la mejora en la cobertura de lagunas de cotización; y la nueva fórmula de periodo de cálculo que permite optar por los 25 años actuales o escoger los mejores 27 de los últimos 29 años, favoreciendo considerablemente a las carreras de cotización más precarias y discontinuas. 

Y es que este acuerdo ha sido diseñado con una clara perspectiva de género, pues las mujeres arrastramos el hándicap de ser dos de cada tres las que percibimos las prestaciones mínimas, y las campeonas mundiales de la precariedad laboral y las carreras discontinuas. A buen seguro, uno de los grandes valores de esta reforma es que va a suponer un avance en lo que se refiere a la reducción de la brecha de género.

En definitiva, queremos poner en valor lo conseguido. Es edificante que nuestro país haya transitado una senda de amplios consensos mediante el diálogo social, que tienen un punto y seguido muy trascendente en este acuerdo de pensiones. Como contrapunto, se echa en falta a los partidos de la derecha política y a la patronal que, pese a dar el visto bueno al acuerdo de 2021, se vuelven a apear apelando al “alza de los costes laborales” y “a la voracidad recaudatoria del gobierno”. ¡Qué hemos hecho para merecer esto!