La Agencia Antifraude señala a Zaplana y su equipo por el amaño del concurso del Plan Eólico

Tras los amaños y cobros de comisiones investigados en la privatización de las ITV impulsada por Eduardo Zaplana, ahora la Agencia Valenciana Antifraude también señala al expresident de la Generalitat y a su equipo por el amaño del concurso del Plan Eólico.

Según el informe pericial enmarcado en la investigación del caso Erial por el que se investiga a Zaplana por el supuesto blanqueo de once millones de euros, el Plan Eólico aprobado en febrero de 2003 también estaría bajo sospecha de amaño. Pese a que la adjudicación ya se produjo con José Luis Olivas como presidente, el concurso se inició a principios de 2002 y entonces ya se seleccionaron las empresas que iban a optar. Posteriormente, en el mes de julio, Eduardo Zaplana dejó su puesto para irse de ministro con José María Aznar, pero la línea a seguir ya estaba escrita.

Este informe de Antifraude señala que la convocatoria pública para la adjudicación de  las zonas para la construcción de parques eólicos “es de dudoso encaje legal en la normativa vigente”. Los argumentos señalados son que el concurso se hizo sin un solo informe de los servicios jurídicos, y que los criterios que contenía permitieron elegir las empresas que querían que obtuvieran la adjudicción.

Para reforzar el argumento Antifraude recuerda una sentencia del TSJCV de 2019 donde cuestionaba la adjudicación al preguntarse si “impedía que otras empresas privadas solicitasen autorización a la Generalitat para generar energía eléctrica”, a la vez que advertía que “la Generalitat no estaba autorizada en el ámbito de su competencia a reservar zonas a una determinada empresa”.

Entre los aspectos a destacar como sospechosos de amaño la Agencia Antifraude apunta que la Comisión de Selección no tenía ningún técnico, y que estaba íntegramente formada por cargos políticos (dos consellers, un subsecretario y tres directores generales).

Así, otro de los aspectos resaltado es es que “relegaba a la última instancia (informe técnico) la fijación y establecimiento de los criterios de valoración, hecho gravísimo”. Es más, el informe señala que el proceso “reviste especial gravedad” al estudiar que los criterios fueron establecidos “tras conocer el contenido de las propuestas, extremo todo punto contrario a los principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad”.

Esta situación de hecho permitía a quienes debían hacer la selección de las propuestas “establecer unos criterios ad hoc para priorizar la preferencia de unos u otros proyectos”, desarmando a aquellas empresas que no habían sido preseleccionadas intencionadamente y permitía “la toma de decisiones de forma arbitraria”.

En este momento entra en juego una de las familias que surge en diversos de los casos investigados al PP y sus dirigentes por corrupción: la familia del exconseller Juan Cotino, investigada por el pago de comisiones a Zaplana. Uno de los informes muestra una corrección en la oferta de Proyectos Eólicos Valencianos -participada por la familia Cotino-, donde había una corrección de la oferta a la baja de 3.450 millones de pesetas (20,73 millones de euros).

Condiciones arbitrarias

Y para poder filtrar todavía más las oferta se establecieron una “condiciones límite” que son “derivadas del análisis de la documentación presentada por los promotores”. El documento de Antifraude señala que estas son “con posterioridad a la presentación de la documentación por los solicitantes, y sin conocimiento por ellos mismos, dado que en ningún momento se dio traslado del establecimiento de los criterios a los solicitantes”, advirtiendi que “se omitió el trámite de información pública”. Finalmente se señala que estos criterios “son de entorno y podrán ser aplicadas tanto al principio del procedimiento como al final” lo que Antifraude señala que es un “criterio arbitrario”

Por si esto fuera poco, la Conselleria se sacó de la manga unas “condiciones límite” que no eran conocidas por las empresas y que permitieron excluir determinadas ofertas en algunos lotes. La principal perjudicada fue Renomar. y la principal beneficiaria, Proyectos Eólicos Valencianos, la firma participada por los Cotino.

Entre los reproches que hace el informe al Gobierno de Zaplana es que planteó los condicionantes “únicamente para los preseleccionados (con criterios ad hoc)”, para que así se pudieran “ajustar sus solicitudes a lo que el informe sobre la propuesta de selección consideró como lo que era mejor para la administración, hecho que se les negó al resto de solicitantes”.

Como conclusión la Agencia Antifraude  señala que el concurso fue un procedimiento administrativo “absolutamente opaco, que no permitió la intervención y la defensa del resto de interesados”.