Becas, ayudas y bajada de tasas: Puig destaca la agenda social para hacer frente a la crisis económica

En todas las crisis económicas se repite la vieja dicotomía de subir o bajar impuestos, una disyuntiva, que, en realidad, esconde otra pregunta: ¿Quién debe hacer el esfuerzo para que el sistema aguante? Con la crisis derivada de la guerra de Ucrania la cuestión económica vuelve a centrar un debate en las Corts Valencianes en la última sesión de control al Consell antes del parón estival.

Como sucedió con las derivadas de la emergencia sanitaria, la receta para hacer frente a la segunda gran crisis de esta legislatura genera división, las medidas a menudo suenan contradictorias, y de nuevo, los datos son susceptibles de ser tergiversados. El Ejecutivo autonómico ha centrado su última sesión de control en defender el escudo social y las medidas expansivas, el refuerzo del llamado Estado de Bienestar, frente al panorama apocalíptico que vaticina la oposición.

La derecha exige una bajada de impuestos y un aumento de la protección social, un discurso que contradice las políticas que puso en marcha el Gobierno del PP en la crisis de 2008, con una subida del IVA o el copago farmacéutico. La izquierda, por contra, viene abogando por una reducción selectiva de las tasas, como el canon de saneamiento de aguas y los precios del transporte público.

Los populares aseguran que la Comunitat Valenciana vive un infierno fiscal y que los indicadores económicos y sociales han empeorado desde la llegada del Gobierno del Pacto del Botánico, que “los valencianos temen ponerse enfermos” porque no hay médicos o que el número de alumnos en barracones ha aumentado drásticamente. La cuestión es que la denuncia llega una semana después de que se anuncie el plan de vacaciones de Sanidad, los incentivos para los puestos de difícil cobertura y la ampliación de la construcción de centros escolares en 700 millones de euros, cuestiones que el Ejecutivo aprovecha para sacar pecho de sus políticas.

Sin embargo, las cifras económicas dibujan un panorama distinto al que dibuja el PP. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defendía en el pleno una docena de indicadores que han mejorado desde 2015. En dos legislaturas hay cerca de 600.000 afiliados más a la Seguridad Social, el paro ha bajado casi un 10,2%, han crecido las exportaciones y las becas educativas y universitarias, se han triplicado los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión y de las ayudas a dependencia y se han puesto en marcha ayudas y préstamos públicos. “Todo es mejorable”, apuntaba el presidente, que se mostraba orgulloso de su trabajo.

En la otra respuesta, el dirigente autonómico volvía a tirar de cifras. Esta vez, sobre las ayudas a empresas y autónomos. El pleno del Consell aprobará este viernes una ayuda extraordinaria de 300 euros para empleados por cuenta propia para unas 150.000 personas, que se suma a las ayudas del Plan Resistir, paralelo a las ayudas de los ERTE. De este plan, apuntaba Puig, se han beneficiado 43.000 autónomos y 23.000 empresas, además de sectores concretos como el del taxi y el ocio nocturno. “Pueden gastarse todo el dinero que quieran en propaganda, que la realidad no cambiará”, criticaba el presidente a la portavoz del PP, María José Català.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, echaba un cable al presidente en su intervención, apuntando a otras medidas que han puesto en marcha los departamentos que dirige su formación. “Me pregunto si no es bajar impuestos o ayudar a las familias” la gratuidad de las escuelas infantiles, de los libros de texto o del comedor escolar, planteaba la diputada valencianista.

Con todo, los socios de Puig en el Consell le instaban a acelerar las medidas y a ejecutar los compromisos pendientes, “por responsabilidad”. Antes del parón estival, que precederá al seminario en el que las tres formaciones determinarán sus prioridades, Compromís y Unides Podem han dejado una lista de recados: asumir las competencias en cercanías, la agencia valenciana de energía, y, en alusiones, la tasa turística.