Enrique Soriano pide cambiar la ley de À Punt que limita el gasto en personal

El presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, urge a los grupos parlamentarios a que modifiquen la ley que de creación de la cadena autonómica de radiotelevisión. Soriano compareció este miércoles en la comisión del espacio audiovisual de las Corts Valencianes, que tuvo poco de audio y de visual por varios problemas técnicos con los micrófonos, que retrasaron su intervención casi una hora, donde expuso a los diputados algunas consideraciones sobre la norma. Soriano comparecía a petición del PP para dar cuenta sobre el cumplimiento del contrato-programa, el compromiso suscrito entre la Generalitat Valenciana y la empresa pública para la prestación de servicio.

Que hay que cambiar la ley y reformular algunos aspectos del contrato programa fue una consigna varias veces repetida y asimilada por prácticamente todos los grupos. Tras tres años desde la recuperación del servicio público, el presidente de la corporación y su equipo han notado varias carencias en la legislación, que impiden que funcione de forma “eficiente”. Soriano insistió en que se debe reconsiderar la limitación del gasto en personal, que fue introducida por Ciudadanos en la ley para evitar, de algún modo, que À Punt se convirtiera en el ente mastodóntico que fue Canal 9. La enmienda obligaba a la radiotelevisión pública a no destinar más de un tercio de su presupuesto a personal, una misión imposible de cumplir cuando la plantilla ya estaba incorporada.

“Hay que tener en cuenta que con posterioridad a la aprobación del contrato programa se han introducido elementos de trascendental importancia, como la limitación de destinar como máximo un tercio del presupuesto al capítulo I, que contradice el contrato programa, y se revela como una técnica no adecuada para el correcto funcionamiento del servicio”. Resulta que esta limitación ha sido empleada por los partidos de la oposición de forma constante como crítica a la televisión, aunque ahora ya nadie oculta que cambiar la ley y facilitar su funcionamiento es una necesidad. Resulta también que el presupuesto de À Punt se mueve en una horquilla proporcional a la del presupuesto de la Generalitat Valenciana -entre el 0,3 y el 0,5, según la ley-, por lo que fijar la plantilla en términos porcentuales puede hacerla variar cada año.

En septiembre de 2018, seis meses después de aprobarse la enmienda, À Punt Mèdia ya dedicaba 22 de los 55 millones presupuestados al capítulo primero del presupuesto, el que regula el personal. Los parlamentarios salvaron la situación aprobando una moratoria de dos años, una respuesta insuficiente, a juicio de los responsables de la cadena, que consideran que existen otros métodos para limitar la plantilla. Soriano consideró que la moratoria “no es una fórmula eficiente”, y recordó el deber de servicio público que tiene la radiotelevisión. “Una opinión mayoritariamente compartida con el consell rector es la eliminación de la limitación actual sobre el capítulo I, que supone una contradicción con el contrato programa solo salvada por la introducción de una moratoria. Esa limitación no es una fórmula eficiente y si lo que se estima necesario es introducir un mecanismo que garantice que no crezca el personal se puede tomar como referencia el crecimiento que establece la ley de presupuestos para el Capítulo I de toda la Generalitat”, indicaba.

La otra baza de la oposición contra À Punt son las audiencias y los ingresos de publicidad, en lo que respecta al cumplimiento del contrato programa. Si se llega o no a la audiencia marcada se verá al finalizar el año, cuando se calcule la media ponderada de las autonómicas de reciente creación, considerando sus presupuestos; el último año, la cifra a alcanzar era del 2,3% de cuota de pantalla. Respecto a la publicidad, Soriano reconocía que este ejercicio tampoco se cumpliría lo previsto en el acuerdo. Las previsiones para el año anterior tuvieron que rebajarse a un millón de euros en ingresos publicitarios y, pese a que este año ha aumentado un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, la cifra aún se sitúa en 753.000 euros de ingresos. El presidente de la corporación lo atribuye a una bajada general en el mercado publicitario, derivado del cambio de ámbitos de consumo y en especial a la pandemia, que ha suspendido todos los grandes eventos del año. El mercado publicitario, explicaba, ha caído un 27%. Y un tercer problema es que la publicidad institucional, mayoría en la cadena de televisión, no se paga porque se incluye en la prestación que recibe À Punt como servicio público. Sobre esta cuestión quieren debatir en la negociación del nuevo contrato programa, ya en marcha, para “delimitar” qué parte es servicio público y qué parte publicidad institucional. La reforma de la ley, sentenciaba “no debe retrasarse más”.