El Gobierno valenciano adquiere 332 viviendas haciendo uso del decreto para frenar la especulación inmobiliaria

El Gobierno Valenciano ha intervenido 332 viviendas para destinarlas a uso público mediante el decreto de tanteo y retracto. El mecanismo permite a la comunidad autónoma ejercer de comprador preferente en grandes operaciones entre agentes inmobiliarios y adquirir los inmuebles al precio al que se ponen en venta. Desde junio de 2020, la Conselleria de Vivienda ha invertido 14 millones de euros en esta fórmula de compra directa.

El precio medio de compra de vivienda para uso público ha sido de 41.000 euros, aunque se han dado operaciones por un valor irrisorio, como la adquisición de inmuebles a un euro en la localidad valenciana de Algorfa o por mil euros en promociones de Algemesí. El ahorro medio, estima la conselleria, es de un 36% respecto al precio de mercado, con 7.700 euros por inmueble y el máximo se dio con una vivienda en Alicante, adquirida por 212.573,58 euros de diferencia.

El decreto está pensado para intervenir en grandes operaciones en los lugares que acreditan esa necesidad de vivienda pública, con un campo de actuación limitado y estableciendo excepciones a transmisiones entre particulares y entre familiares o parejas. En el caso de aprobar la compra, el Gobierno público abonaría el precio fijado por el vendedor en su primera oferta, dado que interviene cuando la operación se va a producir. El plazo para ejercer el derecho es de 60 días desde la recepción de la comunicación de venta, una obligación para los casos de vivienda protegida y para los supuestos previstos en el decreto. Los notarios informarán de las operaciones si no se ha realizado por el vendedor previamente. 22 municipios han suscrito el convenio que les permite hacer uso del derecho en inmuebles de su población.

“Esta norma no sólo nos ha permitido aumentar el número de viviendas públicas disponibles. También nos ha servido para actuar contra tres prácticas que van en contra de garantizar el derecho a la vivienda: hemos frenado grandes operaciones especulativas de viviendas entre bancos y fondos buitre, hemos blindado el parque público para que las casas que compremos no se puedan vender nunca y hemos empoderado a los municipios para que formen parte también de este gran impulso”, expresa el vicepresidente segundo y titular de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.

El Ejecutivo autonómico tiene bajo el radar un inmueble ubicado en la calle Juan Llorens de València, en pleno centro de la capital valenciana, que su propietaria, GIM Inversiones, pretende vender a una empresa de capital ucraniano que tiene como razón social las explotaciones turísticas (Eufi Hotels SL) por el precio de 573.000 euros. También vigila un bloque de edificios de la Calle Turia de València, cuyo desalojo ha suscitado protestas vecinales en las últimas semanas, a la espera de que el propietario active la oferta. “Hemos abierto para consolidar la Vía Valenciana del derecho a la vivienda digna, para que las políticas públicas de vivienda no vuelvan a caer en manos de gente que trabaja por sus propios intereses y siempre estén al servicio del bien común”, subraya Dalmau.