El Gobierno valenciano debe aún 18 millones de las ayudas de alquiler que dejó sin pagar la líder del PP Isabel Bonig cuando era consellera

La Generalitat Valenciana tendrá que pagar en 2021 cerca de 18 millones de euros en ayudas de alquiler, compra y rehabilitación de viviendas heredadas de la última etapa de los gobiernos del PP. La Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau ha incluido en el presupuesto para este año la cifra, resultado de los expedientes que el Gobierno popular dejó sin pagar por falta de liquidez y del millar que quedaron guardados en un cajón, sin tramitar.

La deuda se remonta a la década pasada, cuando en 2009 los populares dejaron de abonar unas subvenciones para compra, rehabilitación y alquiler de vivienda cifradas en 250 millones de euros. En 2012, siendo la actual líder del PP, Isabel Bonig, consellera de Vivienda e Infraestructuras en el Gobierno de Alberto Fabra, se aprobó una modificación de crédito de 5,5 millones de euros para pagar a las personas que habían pedido un anticipo bancario de entre las 50.000 personas afectadas. En 2015, Bonig y el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se comprometieron a liquidar 110 millones de euros, a razón de 10 millones mensuales, para que en 2016 quedara zanjado el asunto.

Con el cambio de color del Consell, la socialista Maria José Salvador entró en la cartera de Vivienda y mantuvo varios encuentros con la plataforma de afectados por los impagos. Salvador denunció que Bonig había ocultado 1.100 expedientes de ayudas “sin resolver”, destinados a la rehabilitación de viviendas y ayudas de alquiler, por un importe de 60 millones de euros. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la Generalitat Valenciana información sobre este caso, tras la denuncia de los afectados. Con el cambio de Gobierno, la conselleria se reunió con la plataforma de afectados por los impagos para fijar un calendario que resolviera su situación. En el primer año del Ejecutivo del Pacto del Botánico, según cifró la conselleria, se habían pagado 220 millones, a falta de que los servicios jurídicos determinaran cómo proceder con los nuevos expedientes encontrados. La plataforma de afectados criticó que se habían concedido subvenciones por encima del crédito disponible para pagarlas.

Las cuentas pendientes heredadas han venido lastrando las cuentas de Ejecutivo valenciano, dado que suponen casi el mismo importe que el Gobierno ha ido presupuestando para ayudas de alquiler. En 2020, el Gobierno del Pacto del Botánico presupuestó 22 millones de euros en ayudas, que se ampliaron a 28 para atender todas las peticiones para alquiler y alquiler joven.

“Desde la entrada en el Consell del Gobierno del Botànic se ha pagado el 91% de la deuda, lo que equivale a 275.460.576 euros, mientras que 17.686.657 euros han sido liberados al haber prescrito o caducado los expedientes”, expresó en una comparecencia el vicepresidente Martínez Dalmau, que indicó en octubre que quedaban pendientes de pago un importe estimado en 24.586.734 euros. El pasado año se abonaron cerca de 9 millones de euros y el compromiso para 2021 es finalizar los pagos que se arrastran desde hace 10 años.