El Parlamento valenciano reclama al Gobierno central abolir la prostitución y garantizar a las mujeres prostituidas derechos y recursos

Concentración del Front Abolicionista en las Corts Valencianes.

Los partidos de izquierdas en las Corts Valencianes han aprobado una resolución que insta al Gobierno central a legislar hacia la abolición de la prostitución. PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida aprobaron el pasado 7 de octubre una proposición no de ley que exige que en el marco abolicionista el Estado garantice derechos y recursos a las mujeres víctimas para no ahondar en la estigmatización o vulnerabilidad. La resolución ha sido ratificada este miércoles por la presidenta de la comisión de Igualdad, que ha realizado un alegato en contra de la prostitución.

La abolición de la prostitución ha generado históricamente debates en el seno del movimiento feminista y en los partidos de izquierdas, que discrepan en la consideración de esta como violencia sexual -diferencian prostitución y trata- y en la búsqueda de métodos que no castiguen a las víctimas o las aboquen a la clandestinidad. Las formaciones dejan los debates teóricos a un lado y acordaron asumir una propuesta del Front Abolicionista valenciano que plantea una batería de medidas para la erradicación de la explotación sexual y considerarla una forma de violencia contra las mujeres.

La división se ha superado en este caso en la comisión de Igualdad, presidida por la diputada de Unides Podem Cristina Cabedo. Precisamente esta formación se ha mostrado beligerante en el plano estatal con los planteamientos abolicionistas del PSOE, aunque la parlamentaria se muestra firmemente defensora de la abolición. Cabedo explica que la prostitución es "fruto de una estructura económico social, como en su momento fue la esclavitud negra, de la que se nutre el Estado y todo el sistema: mueve millonadas utilizando y manipulando la identidad de las mujeres, ficcionando un derecho sexual masculino de acceso a nuestros cuerpos". La diputada, experta en género, añade que la prostitución "impacta directamente en la identidad de las mujeres, independientemente de si somos prostitutas o no. Al estar construido sobre la ficción de un derecho sexual masculino de acceso al cuerpo de las mujeres, se perpetua la idea de que en cualquier momento se puede acceder a nosotras".

Entre las propuestas normativas, en las que se destaca la importancia de no revictimizar a las mujeres prostituidas, la proposición apunta a desmantelar la industria de la explotación sexual y la desactivación de la demanda de prostitución, sancionando a los llamados prostituidores (clientes o consumidores de prostitución). El texto apunta a sanciones de tipo social y legal y establece que la primera causa de la prostitución es la demanda masculina "de utilizar mujeres y niñas para la explotación sexual, sin la cual la industria de la prostitución no podría ni florecer ni expandirse". Para las víctimas, la proposición aboga por garantizar asistencia sanitaria, jurídica y la tramitación de permisos de residencia y establecer una red municipal de atención.

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