Presidencia fiscalizará la compra de Televisión de Castellón por parte de los hermanos Adell Bover para evitar el monopolio televisivo

La operación mediante la cual el grupo televisivo de los hermanos Adell Bover se ha hecho con Televisión de Castellón y, de facto, con la licencia que le fue adjudicada por el Consell en febrero de 2016, no ha sido autorizada por la Generalitat pese a tratarse de una concesión pública. Desde Presidencia consideran que la compra se limita a un cambio accionarial mediante un acuerdo entre empresas privadas y, por tanto, no sería necesario el aval de la administración.

Según los informes en poder de Presidencia, “este sería un procedimiento ordinario como ha habido otros en el pasado y no una venta de licencias –ante la cual el artículo 29.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual sí exige un autorización previa-, por lo que se ciñen a la normativa vigente”. Tan sólo ha exigido una comunicación de la compraventa una vez se hayan formalizado todos los trámites y se inscriba en el registro.

Sin embargo, dicho cambio accionarial, si bien llevado a cabo entre las empresas privadas de los hermanos Adell Bover y Marina d’Or, tiene como resultado que el grupo mediático provincial consigue licencias para emitir en tres de las cuatro demarcaciones de TDT local en Castellón y da el salto a la capital de la Plana con una presencia casi total en el territorio.

En etapas posteriores, afirman desde el departamento que dirige Ximo Puig, una vez cerrada la operación y trasladada a la Administración, se aplicaría de nuevo la ley General de Comunicación. En concreto, las condiciones que se establecen en el artículo 36 y que garantizan el pluralismo en el mercado audiovisual televisivo. No obstante, señalan, “aún no estamos en ese punto”.

Sobre los negocios de los Adell Bover y su relación con el hermano del presidente, Francis Puig, planean algunas polémicas a raíz de que À Punt excluyese una propuesta de la productora familiar. El ente público, además, llevó el caso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al considerar que habría indicios de coordinación entre la propuesta de estos y la de la productora propiedad de Francis Puig, empresa con la que se le atribuye una estrecha colaboración laboral e intereses compartidos previos.