Prórroga de seis meses a la investigación a Zaplana y fin de la del exconseller del PP Serafín Castellano

La jueza del 'caso Erial' ha decidido prorrogar otros seis meses la investigación de la presunta trama liderada por el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, según ha avanzado el diario Las Provincias. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dictad un auto por el que acuerda prolongar la investigación medio año para analizar la documentación sobre el exconseller de Industria Fernando Castelló, que podría conducir a nuevas pesquisas, y en el que rechaza las dilaciones injustificadas que alegaban algunas de las defensas.

También rechaza el argumento de las defensas de que los informes son “sesgados y erróneos” y defiende la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por contra, el Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha acordado no prorrogar la investigación abierta al exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano por el presunto amaño de contratos de extinción de incendios en la autonomía a cambio de regalos.

De esta forma, el juez da por concluida la instrucción y, a partir de este momento, tiene dos opciones: dictar auto de procedimiento abreviado o, por contra, sobreseer el procedimiento en el caso en el que estime que no hay delito.

Serafín Castellano fue detenido en mayo de 2016 en su vivienda de la localidad valenciana de Benissanó cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno e, inicialmente, la causa se llevó en un juzgado de Sagunt. No obstante, con el transcurso de las diligencias se decidió dividirla y remitir una parte a Madrid al entenderse que se trataba de una supuesta trama de ámbito nacional.

El caso, conocido como Avialsa, saltó a la luz inicialmente con la detención de 10 personas, entre ellos Castellano y el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa. Ambos coincidieron en cacerías.

El procedimiento, también llamado 'trama del fuego', se abrió por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros.

Hubo una segunda fase de la operación, de ámbito nacional, en la que se investigó si una veintena de empresas amañaron concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional —Italia y Portugal—. En ese momento hubo otra veintena de arrestados y más de 20 registros en empresas y viviendas de siete comunidades: la Comunitat, Catalunya, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid.