La rescatada entidad semipública valenciana que avala a empresas gasta 3,7 millones en asesoramiento externo pese a tener 46 trabajadores

Afín SGR, la entidad valenciana semipública que avala proyectos para pequeñas empresas -la homóloga a la polémica Avalmadrid, tan de actualidad estos días- empieza a levantar cabeza tras la inyección de casi 200 millones de euros en 2017 para tapar el agujero de los años de gestión del PP. La entidad que preside Manuel Illueca ha incrementado de manera exponencial la concesión de avales en 2018, aunque todavía sigue en pérdidas y el pasado 18 de junio tuvo que realizar una reducción de capital de 30 millones de euros para no tener que cerrar.

En 2018 la entidad perdió 4,1 millones de euros, 4,7 en 2017 y otros 11 en 2016. Eso sí, el pasado año dio un gran paso para la credibilidad ante la banca al amortizar 37,6 millones de euros de deuda gracias a la venta a un fondo de activos de la entidad por 28 millones y de sus dos sedes en Valencia y Alicante. Afín SGR todavía debe 46 millones a la banca más otros 39 en deuda subordinada.

Además, a la Generalitat debe devolverle 25 millones -el resto que puso lo hizo a fondo perdido- mediante “activos no corrientes mantenidos para la venta”, es decir, inmuebles que de momento está traspasando a fondos para obtener liquidez y pagar a la banca. Fuentes de la entidad precisan que también se puede abonar esta deuda con la venta de los activos.

Afín SGR tiene una plantilla de 46 trabajadores, seis de ellos en puestos directivos que percibieron unos salarios de 348.000 euros en 2018. El coste total en sueldos fue de 1,5 millones más los costes en Seguridad Social, que llevó los gastos de personal a casi los dos millones de euros. Casi lo mismo que todos los ingresos que consiguió la entidad por emisión de avales y alquileres de inmuebles propiedad de la SGR: 1,6 millones y 399.000 euros, respectivamente.

El mayor gasto que ha tenido Afín SGR ha sido en concepto de “servicios profesionales”. En 2018, se superaron los 3,7 millones de euros en este concepto, 1,2 más que el año anterior. Desde la entidad que preside Manuel Illueca han explicado que este gasto se ha dedicado a “asesoramiento legal y comercial” en los distintos procesos de venta. Aparte, hay que añadir los 45.000 euros que cobró en 2018 KPMG por realizar la auditoría de la entidad.

Afín SGR vendió las sedes de la entidad en Valencia y Alicante y consiguió casi cuatro millones de euros, dinero que también fue dedicado a amortizar deuda con la banca. Así, por los alquileres de las actuales sedes de la entidad avalista dedicó 93.000 euros en 2018. 12.300 euros al mes por las instalaciones de la calle Justicia número 4, propiedad del Banco Sabadell, y 2.600 euros al mes por la sede de Alicante.

Para evitar los “pufos” de la era PP, en Afín SGR reavalan parte de sus operaciones -entre el 20% y el 75% del total- con la Compañía Española de Reafinanciamiento (Cersa), la hermana mayor estatal. Por este “seguro” -los técnicos de Cersa vuelven a estudiar las operaciones-, Afín SGR abonó 638.000 euros en 2018. Más de la tercera parte de lo que ingresó por sus avales.