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Problemas de endogamia: Puertos del Estado saca del consejo del Puerto de València al autor del informe que avaló su postura sobre la ampliación

El presidente de la APV, Aurelio Martínez (derecha), y el director, Francesc Sánchez

Puertos del Estado hizo públicos el pasado 9 de abril un informe técnico y otro jurídico sobre la vigencia de la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 para dar cobertura a la ampliación norte del Puerto de València, un proyecto que ha sufrido importantes modificaciones con respecto al que obtuvo la DIA favorable.

El firmante de este documento es el jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, quien al mismo tiempo es miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), un organismo del que ha formado parte 13 años.

Tras hacerse público el informe jurídico, desde la entidad portuaria valenciana se emitió un comunicado en el que expresaba "su agradecimiento y satisfacción por el informe remitido por los técnicos de Puertos del Estado", uno de ellos de un consejero de la propia APV, puesto en ha estado en diversas etapas del organismo.

Ahora, un mes y medio después de hacerse público el mencionado informe jurídico, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha propuesto la sustitución de José Antonio Morillo-Velarde como consejero de la APV por Pilar Parra, directora corporativa del organismo estatal, según información avanzada por Valencia Plaza y que han confirmado a elDiario.es de fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, departamento competente que debe validar los nombramientos.

Con este movimiento, Puertos del Estado y la APV evitan que Morillo-Velarde vote la adjudicacion de la concesión de la nueva terminal a la compañía TIL, filial de MSC, después de haber emitido y firmado el estudio que avala la vigencia de la DIA de 2007, lo que quizás podía haber acarreado algún problema legal derivado de la endogamia portuaria ante la más que previsible judicialización del proyecto.

El cese de Morillo-Velarde y el nombramiento de Pilar Parra se aprobarán previsiblemente en el próximo consejo de administración que se celebrará como pronto en el mes de junio, puesto que el de este mes finalmente no se ha convocado.

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, comentó en el consejo del pasado 30 de abril que antes de hacerse efectiva la adjudicación se presentará el proyecto definitivo de los nuevos muelles, algo que se prevé para el mes de julio.

El estudio jurídico concluye que la mencionada evaluación ambiental de hace 14 años, basada en una ley de 1986, no ha caducado ya que considera que las obras de los diques comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, por lo que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Un informe jurídico alternativo de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada por entidades vecinales y ecologistas, sostiene que la declaración de impacto ambiental del año 2007 para la ampliación norte del Puerto de València perdió su vigencia en diciembre de 2019 y no puede amparar de ninguna manera las nuevas obras que la autoridad portuaria afirma querer ejecutar próximamente.

Según la normativa que regula las evaluaciones ambientales (ley 21/2013) en la que se basa este informe, las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley (2013) perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta norma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Precisamente, el ministerio de Transición Ecológica remitió el pasado 19 de abril una misiva a la APV en la que recomendaba la realización de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) ante las "apreciables diferencias" entre el proyecto que se pretende llevar adelante con respecto al que obtuvo la DIA favorable en 2007.

Sin embargo, desde entonces todas las declaraciones que han salido del departamento ministerial de Teresa Ribera sobre la ampliación van en la misma línea: la APV es la que debe decidir como órgano sustantivo.

Una condición, la de órgano sustantivo, que la APV obtuvo por medio de una resolución emitida por el propio Ministerio de Trasición Ecológica con fecha 30 de marzo de 2021 por la cual se rectifica la atribución a Puertos del Estado de la condición de “órgano sustantivo” y se designa en su lugar a las autoridades portuarias como responsables.

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