El Puerto de València da por hecho que el Gobierno no aprobará la polémica ampliación hasta que pasen las elecciones

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio mantendrá parada la aprobación de la polémica ampliación del Puerto de València hasta que se conforme el nuevo Gobierno que emane de los comicios, ya sea con un nuevo frente de izquierdas o con un cambio en favor de la derecha y la extrema derecha.

Así se desprende de las palabras del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Joan Calabuig, tras el consejo de administración celebrado este viernes: “Está en manos del consejo de ministros y sobre esta cuestión la información es que se sigue estudiando, pero estamos en una época compleja para que se pueda dar una aprobación inmediata”.

Calabuig añadió que “el Gobierno no está en funciones, lo estará después de las elecciones, y por lo tanto tiene capacidad legal, pero una cosa es eso y otra la prudencia que aconseja el momento actual que es complejo para tomar este tipo de decisiones”.

Aunque desde la parte socialista del Gobierno se valoró la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en el último consejo de ministros celebrado el pasado mes de enero, la oposición de Unidas Podemos paralizó el proceso. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visibilizó este rechazo el pasado 25 de mayo tras visitar junto a entidades vecinales y ecologistas el impacto del Puerto en las playas del Parque Natural de la Albufera: “Si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en València no puede salir adelante”, afirmó.

Además de la paralización derivada del periodo electoral, existen serias dudas legales sobre la viabilidad del proyecto especialmente desde que una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid retirara de forma cautelar a la APV la condición de órgano sustantivo, lo que le permitía decidir sobre la conveniencia o no de realizar una nueva declaración de impacto ambiental que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta los cambios implementados sobre el proyecto original. En virtud de ese fallo judicial y hasta que el juzgado resuelva la cuestión de fondo, la condición de órgano sustantiva pasa a Puertos del Estado, entidad que ha avalado la vigencia de la DIA de 2007, pero no su validez para el nuevo proyecto.

Además tanto la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista opositora a la ampliación por la falta de garantías ambientales, como el secretario autonómico y consejero de la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón, de Compromís, han recurrido al juzgado contencioso administrativo la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en el seno del consejo de administración de la APV, el pasado 2 de diciembre, con los votos en contra del alcalde València, Joan Ribó, y del propio Castañón.

Vinculado también a la ampliación, la Comissió Ciutat-Port ha demandado a la APV por aprobar el traslado de la terminal de cruceros de su actual ubicación, en el dique norte y alejado del casco urbano, a los antiguos astilleros de Boluda, junto a los poblados marítimos, todo ello sin ningún tipo de informe ambiental, pese a que la propia Baleària como adjudicataria reconoce “impactos significativos” por la emisión de gases de los buques.