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Las polémicas “transferencias” de dinero público de la Diputación de Alicante al PP revelan que la cuenta del partido provincial está en Murcia

Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación de Alicante, portavoz del PP y alcalde de Torrevieja.

Emilio J. Salazar

Alicante —

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El Partido Popular de Alicante ha optado por el camino de enmedio en la defensa de su polémica actuación, desvelada por Compromís, que apunta a que su grupo en la Diputación de Alicante habría transferido 124.000 a una cuenta que tiene el partido en Murcia.

El portavoz del PP en el órgano provincial, Adrián Ballester, ha salido al paso en lugar del presidente del ente, Carlos Mazón, que ha preferido no realizar declaraciones. En su explicación este jueves, Ballester ha reconocido que sí se produjeron entre 2017 y 2018 tres movimientos bancarios por valor de 124.000 euros, pero que no se trató de un desvío como denuncia Compromís, sino de una transferencia.

“La Diputación de Alicante no ha desviado, porque ese lenguaje tiene connotaciones de tipo penal, y lo que sí ha hecho el grupo popular es una transferencia”, ha defendido tras explicar que el PP tiene una cuenta institucional abierta en “una oficina específica” que le proporciona CaixaBank para las instituciones, y que esa en concreto está en Murcia para las cuentas del partido de Alicante y Murcia.  “No se puede abrir una cuenta en cualquier oficina”, ha explicado, “ya que las entidades financieras tienen cuentas institucionales para los partidos políticos, los cuales saben que tienen un régimen muy significativo ya que están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Preguntado por el nombre de la persona que ostenta la cuenta, Ballester simplemente ha especificado que “a nombre del Partido Popular”, sin concretar si detrás estaría Eduardo Dolón, el firmante de todas las órdenes bancarias junto con la gerente del partido en Alicante, Yolanda Murcia.

Este medio ha tratado sin éxito de contactar con el también alcalde de Torrevieja para preguntarle si es el titular real de esa cuenta y qué ha pasado con los 300.000 euros restantes del total de 446.000 euros que ingresó el PP de la Diputación de Alicante y que Compromís ya ha llevado a los tribunales.

Además de esta incógnita por la que Compromís ha exigido este jueves la dimisión del máximo responsable del PP provincial, otra de las grandes incógnitas no aclaradas que impiden que se despejen las dudas que sobrevuelan al partido es por qué todavía no han presentado las facturas que despejen las sospechas de financiación irregular.

Sospechas que de momento no van a hacer peligrar el gobierno bipartito de la Diputación de Alicante ya que sus socios, Ciudadanos, sólo piensan pedir explicaciones en caso de que el juez entre a investigarlas primero en el contencioso-administrativo abierto. “Vamos a dejarnos de fuegos de artificio”, ha dicho el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez después de aclarar que la cuenta de su grupo está en Valencia y “eso no quiere decir para nada que se hayan transferido cantidades a València; se trata de la operatividad de las entidades financieras”.

Todo lo contrario que piensa el grupo de Compromís, cuyo portavoz ha reclamado a un desaparecido Mazón “y muy especialmente a la vicepresidenta de transparencia de Cs, Julia Parra”, la dimisión de todo cargo en la institución del PP que haya firmado un documento “con falsedades sobre a quién y por qué se financiaba con el dinero público de la Diputación”. Asimismo, Compromís ha anunciado que piensa pedir las comparecencias en el juzgado de Eduardo Dolón y la gerente del partido en Alicante, Yolanda Murcia, “quien ya contradijo a Dolón al asegurar que el dinero presuntamente recibido por el partido se destinaba a gastos ordinarios y no compartidos”.

Otro hecho no menos significativo es que el PP multiplicó “en un 400% la asignación de los grupos, hasta los 2 millones de euros”, ha recordado Fullana, en 2015, en un contexto en el que la marca del PP había perdido en las elecciones buena parte de las alcaldías en la provincia y la Diputación de Alicante se erigía en el único bastión de poder que les quedaba en toda la Comunidad Valenciana. 

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