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La ley de Turismo obligará a las plataformas como Airbnb a facilitar los datos de los apartamentos a la Administración

La plaza de la Virgen en plena efervescencia estival

Laura Martínez

Las plataformas digitales de alquileres turísticos tendrán que facilitar los datos sobre los pisos que se promocionen en el territorio valenciano a la Generalitat y a los ayuntamientos. Las enmiendas a la ley de Turismo aprobadas este martes incluyen una serie de obligaciones para los portales como Airbnb, en el punto de mira de la Generalitat y de las empresas turísticas por el intrusismo y la competencia desleal. Estas plataformas digitales, enarbolando la bandera de la economía colaborativa, albergan viviendas con dudosas condiciones para ser alquiladas o en situación administrativa irregular. 

Los portales tendrán la obligación de pedir al titular que acredite los permisos y licencias necesarios para el alquiler y el número de registro. Además, deberán facilitar estos datos a las administraciones para que estas puedan cotejar si existe alguna divergencia respecto a sus registros y hacer pública la cantidad de viviendas que se publiciten en su espacio. No hacerlo implicaría una sanción tipificada como muy grave, que según la ley va de los 100.000 a los 600.000 euros para la plataforma.

Entre las principales modificaciones, está la definición de la vivienda turística, que se considerará aquellas que se promocionen a través de operadores turísticos, páginas webs o aplicaciones o las que se pongan a disposición de los usuarios independientemente del tiempo. Para que una vivienda de un particular pueda ser alquilada con estos fines, la administración local deberá acreditar la compatibilidad urbanística de las empresas y establecimientos de alojamientos turísticos de su término municipal. Hasta ahora, bastaba con una declaración de uso de actividad responsable.

La normativa autonómica otorga más poder a los municipios para organizar la actividad turística a través de dos figuras: los planes de ordenación de recursos turísticos (PORT) y los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT). Con estas herramientas, los ayuntamientos podrán determinar -si quieren- la densidad global máxima de población, las plazas de alojamiento totales, o delimitar las zonas turísticamente saturadas, de acuerdo al reglamento que desarrollará la Agencia Valenciana de Turismo. Es decir, podrán fijar un máximo de turistas que puedan pernoctar, de plazas de alojamiento y las características que deben tener. Con ello pretenden, según ha explicado Teresa García, de Compromís, controlar la masificación y gentrificación acorde a la situación de cada municipio.

Los grupos del Botànic han asumido la mayoría de las enmiendas que planteó la Federación de Vecinos, asesorada por el abogado Alberto Aznar, investigador en temas de turismo y vivienda en Econcult, como la coordinación de la Generalitat con los Ayuntamientos. Los vecinos ganan participación en la toma de decisiones y se les integrará en el Consejo de Turismo. Por otra parte, Ciudadanos ha cambiado de criterio a última hora y ha retirado las enmiendas que ya tenía pactadas.

Protesta de Entre Barris

Mientras se debatía la norma, el colectivo Entre Barris ha realizado una protesta a las puertas de les Corts. Los integrantes han colocado una fila de maletas en las que podía leerse “esta ley nos echa de casa”, aludiendo a los efectos en distintos barrios del proceso de “turistificación” de València. Mijo Miquel, promotora de la acción, ha señalado que el gobierno del Botànic “debe mostrar que está con las necesidades de los vecinos en materia de vivienda y no en promover la especulación inmobiliaria y la turistificación de la ciudad”.

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