2018, en clave de derechos humanos
De un lado, el avance del discurso del odio, el cierre de los puertos italianos a las ONG de rescate de migrantes en peligro en el mar o el batacazo en la lucha contra el hambre. Del otro, millones de mujeres en pie contra la violencia, algunas victorias en los tribunales contra la criminalización de activistas o el fin “cada vez más cercano” de la pena de muerte.
Son muchos los acontecimientos relevantes en materia de derechos humanos que han tenido lugar en este 2018. Desde Desalambre hemos recopilado algunos de los más decisivos. Conscientes de que toda selección deja siempre ausencias importantes, invitamos a los lectores a que destaquen en los comentarios aquellos otros hechos que, en su opinión, han marcado este año que llega a su fin.
El balance, un año más, deja más sombras que luces para 2019. Aquí estaremos para contar cómo evolucionan.
Portazo de Italia a los migrantes rescatados por ONG
El pulso comenzaba el pasado junio con la orden del nuevo ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, de cerrar los puertos a las más de 600 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo por el buque humanitario Aquarius cuando trataban de alcanzar las costas europeas. Tras varios días sin recibir permiso para atracar en un puerto más cercano, la nave de rescate se vio forzada a poner rumbo a Valencia.
Con este primer portazo a las ONG de salvamento, Italia ha puesto punto y final a años de coordinación de los rescates de personas en peligro en el Mediterráneo central por parte de su Guardia Costera, un cometido que en 2018 ha ido cediendo, con el apoyo de la UE, a las autoridades libias, pese a los numerosos abusos documentados sobre la población migrante en el país vecino. “En Libia, cada noche violaban delante de nosotros a quien iban a matar”, nos contó uno de los rescatados por el buque Open Arms en julio.
Desde entonces, Italia se ha mantenido firme en su negativa y cada operación de salvamento en el mar ha tenido un final diferente en función de la voluntad de cada país: unas veces Malta, otras veces España. Este el caso de los últimos rescatados por el Open Arms, que desembarcaron este viernes en Algeciras tras una semana de travesía. Las constantes trabas a su labor han provocado que las ONG se vean obligadas a alejarse durante días de la ruta migratoria más mortífera del mundo, que ahora no cuenta apenas con ojos que la vigilen. ¿El resultado? Una vía menos transitada, pero más peligrosa. Desde junio, al menos 900 personas han muerto tratando de atravesarla.
Luces y sombras en la criminalización de activistas
El cierre de puertos italianos ha sido el último eslabón de la campaña de “criminalización” -en palabras de la ONU- desatada hace más de un año contra quienes defienden los derechos de los migrantes. El año se despide con dos integrantes de la ONG catalana Proactiva Open Arms acusados de “favorecer la inmigración ilegal” por una Fiscalía de Sicilia a pesar de que la Justicia ordenó liberar su barco de rescate, que fue retenido en marzo.
Después de casi tres años de misión y cerca de 30.000 vidas salvadas, el Aquarius se ha visto obligado a echar el cierre a sus operaciones después de dos banderas de registro revocadas y otra investigación en Italia. La activista española Helena Maleno sigue esperando un año después la decisión del juez marroquí que la investiga por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay personas en peligro en el mar. En Hungría, el Parlamento ha aprobado una ley que castiga ayudar a los refugiados con hasta un año de cárcel.
Pero 2018 también ha dejado a su paso espaldarazos a la solidaridad en los tribunales, como la absolución de los tres bomberos españoles procesados en Grecia por colaborar en los rescate de refugiados o la anulación de la condena del agricultor francés Cédric Herrou por ayudar a migrantes a cruzar la frontera con Italia.
Desde Asia a América, los activistas que se colocan en primera línea para defender los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo han continuado enfrentándose a amenazas, acoso o campañas de desprestigio. Se han cumplido 20 años de la declaración de la ONU que protege a estos defensores y se calcula que más de 3.500 personas han sido asesinadas por esta labor desde 1988.
Una de ellas ha sido Marielle Franco, concejala brasileña asesinada a balazos el pasado marzo. Su familia sigue buscando justicia en los tribunales, como la de la líder hondureña Berta Cáceres. La causa judicial por su asesinato, que ocurrió en marzo de 2016, ha dejado siete condenados, aunque los familiares de Cáceres exigen que la investigación continúe para juzgar a quienes “ordenaron” el crimen.
Nicaragua termina el 2018 sumida en una crisis sociopolítica, con decenas de muertos, tras las protestas que el pasado mes de abril se extendieron por el país contra la reforma de la seguridad social, duramente reprimidas por el Gobierno de Daniel Ortega. Mientras, en la Franja de Gaza, el año ha estado marcado por las manifestaciones de la Marcha del Retorno, que llama a la población a acudir a la frontera con Israel y reivindicar su derecho a regresar. Desde el comienzo de las protestas, más de 200 palestinos han muerto por disparos del Ejército israelí.
El hambre retrocede una década por las guerras
Al final de este día, una de cada nueve personas en el mundo se habrá marchado a la cama sin haber comido lo suficiente. O lo que es lo mismo: 821 millones de personas. 2018 se marcha llevando a cuestas el aumento del número de personas que padecen hambre por tercer año consecutivo, según Naciones Unidas. Los progresos alcanzados en la lucha contra la desnutrición han sufrido un revés este año y retroceden a la casilla del 2010.
Entre las principales causas de este repunte del hambre están el estallido o el enquistamiento de la violencia y las guerras en varias zonas del planeta, según la ONU. El balance deja varios focos rojos del hambre abiertos. Uno de los principales es Yemen, que se encuentra al borde de la hambruna tras tres años de guerra, con un 75% de su población que no puede sobrevivir sin ayuda humanitaria.
En Sudán del Sur, más de seis millones de personas se han visto empujadas a un hambre extrema tras cinco años de guerra. En 2018 el Gobierno y la oposición armada han firmado un acuerdo de paz que ofrece un atisbo de esperanza para el país pero los casos de violencia extrema contra mujeres y niños continúan.
Los combates han resurgido en la República Centroafricana, donde dos de cada tres niños que necesitan ayuda humanitaria, según la ONU. También en los países del Sahel, donde se calcula que tres millones de personas pasan hambre y casi 11 requieren asistencia. En el noreste de Nigeria, en la región del lago Chad, en el extremo norte de Camerún y en la región Diffa de Níger el conflicto no remite, provocando desplazamiento, hambre y ataques a escuelas.
2018 se despide, además, con el triste resurgir del ébola en la República Democrática del Congo, ya azotada por la desnutrición. El brote es ya el segundo más grande de la historia con más de 300 muertes por estas causa, solo por detrás de la epidemia que afectó en 2014 en Guinea Conakri, Sierra Leona y Liberia. De nuevo, la violencia y la inestabilidad en el este de Congo vuelve a hacer estragos y está obstaculizando seriamente la respuesta a la enfermedad. 2018 no ha sido ese año de paz que nos hubiera gustado contar.
Miles de personas afectadas por desastres naturales
La otra cara del aumento del hambre también se explica por el impacto de los fenómenos extremos “frecuentes e intensos” como las sequías, en parte impulsados por el cambio climático. Huracanes, incendios, inundaciones... en 2018, los desastres naturales no han dado tregua.
Indonesia acaba el año golpeada, una vez más, por los tsunamis. Más de 400 personas han perdido la vida y más de 40.000 se han visto desplazadas por una ola mortífera que arrasó este 22 de diciembre el estrecho de Sonda. Se cree que el volcán de Anak Krakatoa entró en erupción debajo del agua. El país aún estaba recuperándose del terremoto que sacudió en septiembre la isla de Célebes, causando más de 2.000 muertos.
En Guatemala, el año ha estado marcado por la tragedia del Volcán de Fuego. El 3 de junio, millones de metros cúbicos de gases y materiales sólidos calientes, descendieron a 200 kilómetros por hora engullendo todo lo que se encontraban a su paso. Las miles de personas que vivían en sus faldas no se asustaron cuando el coloso comenzó a temblar. Sin embargo, no hubo orden de evacuación. El desastre dejó al menos 198 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados.
La caravana migrante que desafió a Trump
El 13 de octubre, 1.200 personas comenzaban a caminar desde San Pedro Sula (Honduras) con un objetivo: llegar juntos a Estados Unidos. Empezaba la primera caravana migrante, siguiendo el ejemplo de convocatorias anteriores como el 'Via crucis' de migrantes que atravesó esta ruta en marzo. La represión policial en la frontera de México no frenó las nuevas salidas. El número de integrantes de la caravana aumentaba al tiempo que lo hacía la furia de Donald Trump, que decidió desplegar al Ejército en la frontera. “Si lanzan piedras, se les podrá disparar”, amenazó.
Si bien la avanzadilla de las caravanas empleó un mes para recorrer la primera mitad del trayecto, la segunda parte del viaje se aceleró debido a la red de transportes creada por los Gobiernos de los diferentes estados por donde transitaban. El 14 de noviembre, los primeros comenzaron a llegar a la frontera de Tijuana, como contó eldiario.es desde la localidad mexicana.
La euforia de encontrarse frente a su último obstáculo se unía al inicio de la decepción: sus sueños empezaban a chocarse contra el muro. A finales de noviembre, un grupo de cientos de personas trató de sortear la frontera y la policía estadounidense respondió con gases lacrimógenos. Desde octubre, al menos 9.000 migrantes centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras han entrado a México en varias caravanas. Miles de ellos todavía están esperando en Tijuana.
Al menos nueve migrantes han muerto en su camino hacia EEUU desde el inicio de este éxodo que huye de la violencia y la pobreza, entre ellos dos niños guatemaltecos de siete y ocho años, Jakelin y Felipe, fallecidos este mes tras cruzar la frontera con México junto a sus padres y ser detenidos por los agentes de EEUU. La política de “cero tolerancia” de la administración Trump vuelve a verse cuestionada tras la polémica separación de familias que el pasado verano dio la vuelta al mundo.
El fin la pena de muerte, “más cerca que nunca”
Es una de las buenas noticias que deja 2018. El uso de la pena de muerte en el mundo cayó a lo largo del año pasado, según Amnistía Internacional (AI), que subraya los “grandes pasos” de África Subsahariana en la lucha contra la pena capital. A países como Guinea y Kenia, que han dado pasos en esta dirección, se unía Burkina Faso, cuyo Parlamento ha aprobado un nuevo Código Penal que deroga la pena de muerte. También Malasia ha anunciado este octubre su intención de abolirla.
Según los últimos datos, 23 países del mundo siguen llevando a cabo ejecuciones: la gran mayoría en Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán. Se desconocen, sin embargo, los datos de China, considerado el mayor verdugo del mundo. A finales de 2018, un número récord de países se ha posicionado a favor del fin de las ejecuciones. “Estamos más cerca que nunca de un mundo sin pena de muerte”, defiende AI.
La CPI investiga los crímenes contra los rohingyas
Llegaron con lo puesto a Bangladesh, exhaustos y enfermos. Tratan de salir adelante y reponerse de la violencia vivida durante la campaña militar del Ejército birmano, que arrasó pueblos enteros, se cobró la vida de miles de personas y provocó el éxodo de más de 700.000. Este 2018, han soportado lluvias torrenciales y enfermedades en precarios campos donde escasea el agua potable y la comida. Más de un año después, los refugiados rohingyas continúan esperando una solución.
Tras meses de negociaciones, las autoridades birmanas y bangladesíes acordaron iniciar en noviembre la repatriación de los desplazados, pero nadie quiere regresar: la ONU ha advertido de que no se dan las condiciones para que vuelvan. Birmania continúa negando la ciudadanía y derechos básicos a esta etnia musulmana.
Pero los abusos hacia los rohingyas no se quedan ahí: expertos de Naciones Unidas han identificado este año indicios de “genocidio” en la campaña militar birmana y han criticado la inacción de la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi. El caso ha llegado a la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos como desplazamientos forzados, homicidios y violencia sexual. Para organizaciones como Amnistía Internacional, este fallo es “un paso importante en la dirección correcta y abre una vía clara” para obtener justicia.
Condena a España por incumplir la cuota de refugiados
En julio, por primera vez, un tribunal nacional condenaba a un país miembro de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones en la acogida de refugiados desde Grecia e Italia. Fue el Tribunal Supremo español, que condenó al Estado por no tramitar las 19.000 solicitudes de asilo asignadas por la UE en 2015. El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado “estar trabajando” para acatar la sentencia y recibir a estas personas. “La condena sienta un precedente: los pactos sobre derechos humanos han de cumplirse”, defendió uno de los letrados que interpuso el recurso.
Pero en las islas griegas como Lesbos, la noticia de 2018 es que nada ha cambiado: miles de refugiados han recibido el invierno, un año más, en precarias tiendas de campaña y contenedores en campos inseguros que triplican su capacidad. En Lesbos, una cuarta parte de los niños tratados por Médicos Sin Fronteras ha tenido pensamientos suicidas o ha intentado quitarse la vida. Las ONG han continuado al Gobierno griego que acelere los traslados al continente y denuncian la “política de contención” de la UE para frenar las llegadas desde Turquía.
Quienes huyen de la violencia y la persecución han seguido alcanzando las fronteras griegas. Este año, varias personas han muerto tratando de arribar a la zona fronteriza terrestre con Turquía, entre ellas tres mujeres que fueron asesinadas. Por mar, más de 31.000 migrantes han llegado a las islas helenas. No solo se enfrentan a condiciones insalubres en los campos, también al aumento del racismo. En abril, varias decenas de refugiados resultaron heridos tras el ataque de un grupo de ultraderecha.
En Líbano, según Acnur, unos 37.000 refugiados han regresado en 2018 a la devastada Siria, que enfila su octavo año en guerra. Sin embargo, el organismo cree que aún se enfrentan a obstáculos como la falta de documentación o de servicios básicos. La otra opción, para muchos, es malvivir en la pobreza extrema en Líbano.
Bolsonaro, Orban, Salvini: el discurso del odio avanza
Ha sido uno de los nombres propios del año que se va: Jair Bolsonaro. El pasado 28 de octubre, se alzaba con la victoria en las elecciones presidenciales más polarizadas en las últimas tres décadas en Brasil, colocando a la ultraderecha por primera vez en el poder desde el fin de la dictadura. Para muchos, la elección del nuevo líder, con un duro discurso, supone un riesgo para la comunidad LGBTI, la comunidad negra, las mujeres, los activistas y los pueblos indígenas.
Su nombre se añade a una lista que encabeza, también, el ministro italiano Salvini, de la ultraderechista liga. Este 2018, el discurso xenófobo ha continuado expandiéndose por Europa. Viktor Orban, de Hungría, volvía a ganar las elecciones en abril con su habitual retórica antiinmigración, Austria ha asumido la presidencia de turno de la UE con un mensaje de lucha contra “la inmigración ilegal”, los ataques racistas se han disparado en Alemania y Dinamarca anunciaba hace poco la última de sus medidas restrictivas: recluir a migrantes pendientes de deportación en una isla. Estas posturas se han reflejado también a la hora de dar respaldo o no al Pacto Mundial para la Migración de la ONU, aprobado este 10 de diciembre en Marrakech.
En España, los 12 escaños conseguidos por la formación de extrema derecha Vox en las elecciones andaluzas han encendido algunas alarmas. También, las declaraciones de líderes políticos como Pablo Casado (PP), que se han sumado alertando del fantasma del “efecto llamada” contra las supuestas políticas de “papeles para todos”. Pero estos discursos crean una “sensación injustificada de alarma”, según los organismos especializados. Los datos los desmienten: ni Europa, ni tampoco España, está viviendo una “crisis migratoria”.
Nuevo Gobierno... y su giro en política migratoria
En España, una de las principales noticias de este año ha sido la llegada al poder de Pedro Sánchez. El nuevo presidente vio en la política migratoria una oportunidad para decir al país que el Gobierno había cambiado. Así, el recién formado gobierno socialista se ofreció como anfitrión del Aquarius tras el rechazo de Italia. Poco después, anunciaba el fin de las concertinas y la recuperación de la sanidad universal. Estas decisiones permitieron a Sánchez dar ese primer golpe de efecto frente a la gestión del Partido Popular.
Los rescatados por el Aquarius fueron recibidos en Valencia con un dispositivo sin precedentes, elogiado por las ONG especializadas. Mientras, las llegadas de migrantes en patera a las costas andaluzas continuaban en aumento hasta batir el récord histórico y convertirse en la principal ruta migratoria a Europa. Este incremento ha llevado aparejado, además, que las muertes se hayan triplicado en nuestras costas.
El salto a la valla de Ceuta de 602 personas este verano supuso un antes y un después en la imagen del Gobierno. Pese a su compromiso electoral de acabar con las devoluciones en caliente, al menos 27 personas fueron expulsadas sin identificación previa. El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska defendió por primera vez la legalidad de estas prácticas y reconoció no haber dado la orden para frenarlas. Después, llegó la defensa ante Estrasburgo, manteniendo el recurso a la sentencia que condenó a España por las devoluciones en caliente. Para justificarlas usó los mismos argumentos que el PP.
Al otro lado con la frontera, las relaciones con Marruecos se han estrechado. La UE prometió a Sánchez destinar 35 millones de euros al país magrebí para aumentar el control fronterizo y este ha intensificado las redadas para alejar a los migrantes de la frontera con España. En un giro inesperado, Marruecos también aceptó en agosto algo inusual hasta entonces: “reactivar” un acuerdo bilateral sellado en 1992 que permitió la expulsión exprés de 116 personas que llegaron a Ceuta en un nuevo salto. La rapidez de su ejecución empujó a los expertos a cuestionar su legalidad. En octubre, el Ejecutivo repitió la operación en Melilla.
La venta de armas a Arabia Saudí, cuestionada
En 2018, se ha reabierto el debate sobre el cese de la venta de armas de fabricación españolas a Arabia Saudí, por el riesgo de que sean utilizadas en la guerra de Yemen para cometer crímenes de guerra contra la población civil, como han pedido expertos de la ONU. Casi un mes después del ataque de la coalición árabe contra un autobús escolar, el Ministerio de Defensa anunciaba su intención de paralizar un contrato para vender a la monarquía absolutista 400 bombas de precisión láser, cuyo uso ha sido documentado en otras ocasiones en Yemen.
Con la decisión de paralizar el contrato, aplaudida por las ONG especializadas a pesar de que suponía un pequeño porcentaje del montante vendido al régimen saudí desde 2015, España se sumaba al grupo de países que han restringido la venta de armamento a la potencia del Golfo. Sin embargo, Exteriores se enfrentó a las quejas de la monarquía absolutista, que según algunas fuentes, amenazó en privado con cancelar el contrato asignado a la empresa Navantia para construir cinco corbetas. La situación derivó en una crisis dentro del Ejecutivo que culminó con la autorización del envío a Arabia Saudí de este cargamento de bombas.
Las voces que exigen el fin de las exportaciones armamentísticas al país árabe se volvieron a elevar un mes después, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. El pleno del Parlamento Europeo ha pedido a los gobiernos de la UE que impongan un embargo conjunto de venta de armas a Arabia Saudí. A finales de octubre, Alemania anunció la suspensión temporal de estas operaciones, y poco después lo hicieron Dinamarca y Noruega. Sánchez pasaba a justificar la venta de armamento al regimen saudí para “defender los intereses de España”.
Las mujeres, un faro en la lucha por los DDHH
Un año más, las mujeres se han situado en primera línea de la lucha contra los abusos, las distintas formas de violencia y el machismo. Este 2018 ha dejado algunas victorias: después de años de activismo, las mujeres han logrado el derecho a conducir en Arabia Saudí.
En Irlanda, el 'Sí' ha cosechado una victoria arrolladora en el referéndum para anular la prohibición del aborto. En Argentina, una marea verde de mujeres ha salido a la calle por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En EEUU, Europa y Japón, millones salieron a la calle impulsadas por el movimiento #MeToo contra la violencia sexual. En España, el 8 de marzo vivimos la primera huelga feminista, aunque también hubo feministas racializadas y migrantes que no se sumaron al paro al considerar que no se visibilizaban sus reivindicaciones.
Las comunidades LGTBI también se apuntan algunas conquistas en este 2018. En India, el Tribunal Supremo ha despenalizado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Costa Rica, la Justicia declaró en agosto inconstitucionales los artículos de la legislación que establecen el matrimonio y las uniones de hecho únicamente para hombres con mujeres y dio 18 meses al Congreso para aprobar el matrimonio igualitario. Del otro lado, países como Indonesia han dado pasos atrás en estos derechos: el Parlamento planea ilegalizar las relaciones homosexuales.
