El comité de delitos fiscales de la Eurocámara pide abordar la protección de los 'whistleblowers' y el papel de las consultoras y auditoras

El papel de las compañías auditoras; la protección de los whistleblowers; o de los llamados intermediarios como facilitadores o promotores. Estos son algunos de los compromisos recogidos en el borrador del informe que se vota este miércoles en el Comité especial sobre delitos financieros, evasión fiscal y elusión fiscal (TAX 3) y que irá al segundo plenario de Estrasburgo de marzo.

Tras un largo proceso de negociación, se ha llegado a un acuerdo entre el GUE, Verdes y parte de los S&D para incluir cuestiones “fundamentales”, según el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, como el papel desempeñado por las compañías auditoras y el riesgo del conflicto de intereses cuando se asesora tanto a gobiernos como a empresas privadas; la necesidad de hablar de la protección de los whiselblowers; el papel real de los llamados intermediarios como facilitadores o promotores; el compromiso sobre un tipo impositivo mínimo efectivo para no impulsar una competición por bajar los impuestos; o que haya países que promueven la planificación fiscal agresiva dentro de la UE.

“Esta legislatura de escándalos fiscales ha motivado la creación de estas comisiones especiales”, ha explicado el portavoz de Podemos en Parlamento Europeo y miembro de la comisión: “En esta última, TAX3, ha habido avances pero ha sido insuficiente. La propia estructura de la UE favorece la evasión y elusión fiscal y es algo que no se toca en estas recomendaciones. La UE tiene múltiples agujeros y no se quiere abordar de manera decidida. Aun así entendemos que se han hecho avances, se sañala a países de la UE como favorecedores, se señala a Suiza no solo como la madre nodriza sino como facilitadora y como país donde se persigue a los filtradores”.

Además, a iniciativa del GUE se ha introducido en el texto el concepto de compromiso social, es decir, a partir de ahora se considera el impacto social de la evasión y la elusión fiscal: caída de los impuestos sobre la sociedad, la riqueza, el aumento del IVA, la incidencia en la perspectiva de género.

En las relaciones con terceros países, se ha incorporado la necesidad de plantear mejoras en tratados de doble imposición, y se han hecho estudios para que los tratados de la UE y la OCDE se mejoren.

En el documento también se incorporan el riesgo del conflicto de intereses de las firmas consultoras y auditoras al asesorar tanto a gobiernos como a empresas privadas, así como el ejercicio de las puertas giratorias, si bien no se nombra a las big four del sector: Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young (EY) y KPMG.

En el compromiso sobre whistleblowers, se plantea la necesidad de habilitar la denuncia externa. También se entiende que el sector financiero es un sector de riesgo, en el que se han producido problemas y represalias. En todo caso, Urbán reconoce que se sigue planteando “la necesidad de un organismo internacional e independiente para su protección”.

En este sentido, el portavoz de Podemos en la Eurocámara sigue viendo algunos riesgos: “Falta el informe país por país: hay un acuerdo de la OCDE para que las administraciones tributarias pidieran a las multinacionales que informen sobre todas las filiales –capital, empleados, ganancias e impuestos etc–, pero esta información no es pública y debería serla, en línea con lo que ha votado el Parlamento Europeo en repetidas ocasiones”.

Urbán añade que “hay una clara resistencia a tocar el enfoque estructural, porque se ven los problemas como hechos aislados, en vez de hacer una crítica sistémica. No se cuestiona la financiarización de la economía ni que la UE reaccione tarde y mal siempre a este problema. Sobre el sistema bancario, además, se omite toda responsabilidad del banco como entidad y se consideran solo personas físicas como sujetos de sanciones”.