El presidente de Kutxabank se queja de las obligaciones impuestas a la banca de “servicio universal y España vaciada”

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, durante su intervención en el Congreso de CEDE.

El todavía presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha criticado este viernes las “obligaciones” que se han impuesto a la banca desde el Gobierno como consecuencia de la reducción de oficinas, cajeros y horarios para garantizar el “servicio universal” en la “España vaciada”. Ha considerado que son “más propias del sector público” que del financiero, según ha señalado. Kutxabank es el banco que fusionó a las cajas de ahorro vascas, BBK, Kutxa y Caja Vital, además de a Cajasur.

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El presidente del banco vasco, que está ya de salida de su cargo, ya que será sustituido por Antón Arriola el próximo mes de noviembre, ha aprovechado su participación en el Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que se ha celebrado en el BEC de Barakaldo, para lamentar la crisis reputacional por la que pasa el sector financiero, pese a que está haciendo muchos esfuerzos en determinados ámbitos “que no le corresponden”. “No hay nada peor para la reputación de una persona, institución o sector que la asignación pública y arbitraria de responsabilidades que no le corresponden”, ha señalado, tras señalar que “ninguna de las entidades actualmente operantes ha sido rescatadas, más bien han contribuido al rescate”.

Por otra parte, ha señalado que “la banca ha asumido en primera persona, sin ser prioritariamente causante directo de la carbonización, el compromiso de arrimar el hombro, los dos, para la mitigación de los riesgos físicos y de transición diseñando para ello internamente ambiciosas arquitecturas tecnológicas, organizativas y de gestión”. Esto ha señalado que “representa un coste muy elevado y un objetivo prioritario para nuestros directivos”.

Villalabeitia ha participado en una de las mesas de debate que han tenido lugar durante el Congreso de directivos, que se ha desarrollado bajo el lema  ‘El directivo frente a la transición a un nuevo mundo’, que ha reunido a un millar de empresarios, y en el que ha estado presente el rey Felipe VI. El presidente de Kutxabank ha compartido mesa con el presidente de Caixabank, Ignacio Gorigolzarri -que ha intervenido de forma telemática-, y con el gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para analizar los retos de la banca en un contexto de tipos de alta inflación y subida de tipos de interés.

Tipos de interés en el 2,5%

Precisamente el máximo responsable del Banco de España ha apuntado a que los tipos de interés podrían seguir subiendo hasta el 2,25 o el 2,5% con los datos actuales, aunque ha reconocido que es una previsión que podrá variar “con el transcurso del tiempo”.

Respecto al alza de la inflación ha considerado que se moderará a medio plazo. En este sentido,  recordado que el Banco Central Europeo publicó sus últimas previsiones macroeconómicas a principios de septiembre y para la inflación del área del euro pronóstico un nivel medio de inflación para este año ligeramente por encima del 8%, en un 8,1%, que se situaría en el 5,5% el año 2023 y que se reduciría al entorno del 2,3% en 2024. No obstante, ha alertado de “focos de riesgo” que puedan hacer que esta inflación elevada sea más persistente, como se traslade la subide del IPC a los salarios y se produzca una «espiral inflacionista“.

El gobernador del Banco de España no ha sido el único que ha aprovechado su presencia en este foro empresarial para alertar de los riesgos que puede suponer para a la economía que los salarios suban de acorde con el incremento de la inflación. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido el más contundente con sus declaraciones, previas a su intervención en el foro, al afirmar que “no se pueden indexar los salarios al IPC, porque eso generaría un problema de verdad de enorme magnitud para nuestro país”.

Garamendi ha pedido “estabilidad jurídica” para el empresariado y ha acusado al Gobierno de falta de seriedad por sus iniciativas fiscales que ha calificado de electoralistas. “Las empresas somos la solución y no el problema”, ha señalado.No podemos ir a hablar de los fondos internacionales, como se ha ido ahora, y atacar directamente a presidentes de compañías españolas, y diciendo: 'venga a invertir a España, pero estos señores no me gustan'. Castigando a los empresarios, señalándolos”, ha apuntado.

En el Congreso han estado presentes también José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Antonio Brufau, presidente de Repsol; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy; Josep Sánchez Llibre, vicepresidente de Conservas Dani; Ángel Simón, presidente de Agbar; Iñigo Ucín, presidente de Corporación Mondragón, y  Larry Fink, fundador y CEO de BlackRock, - que ha intervenido de forma telemática- entre otros.

Ante ellos, el rey Felipe VI se ha referido a la situación compleja en la que nos encontramos de aumento de la inflación y tensiones geopolíticas, “que puede incluso desencadenar la aparición de muchos otros desequilibrios o su desborde”, por lo que ha señalado que las empresas tienen “importante decisiones que tomar para adaptarse, para minimizar riesgos y saber dónde están los límites de la competencia”.

En este sentido, Felipe VI ha destacado que entorno actual es “muy diferente” al que había antes de la pandemia, un contexto en el que ha considerado que “las responsabilidades de los directivos no pueden reducirse solo a la actividad emprendedora, ni a la competitividad gerencial. Ahora también es imprescindible una orientación hacia la búsqueda de soluciones operativas ante tanta fragilidad, fracturas sociales y escenarios inciertos”.

El congreso ha tenido representación institucional vasca  través del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que ha abierto el acto, el delegado de Gobierno central, Denis Itxaso, la presidenta de las JJJGG de Bizkaia, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.

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