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Ascacibar ve "normal" que el Gobierno vasco concediera ayudas millonarias con solicitudes en blanco

La juez Patricia Navas toma declaración al exdirector de Agricultura imputado por el fiasco de la planta de purines de Carranza, que se tragó 10 millones de euros en ayudas públicas

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Planta de tratamiento de purines.

Planta de tratamiento de purines.

Sin el eco de otros casos de corrupción a lo largo y ancho de España, la juez de Balmaseda Patricia Navas ha tomado declaración este miércoles al exdirector del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco durante la etapa de Juan José Ibarretxe, Martín Ascacíbar (PNV), imputado por el fiasco en la construcción de la planta de purines del Valle de Carranza, un proyecto que se tragó 10 millones en ayudas públicas. Ascacibar, según fuentes judiciales, ha calificado de "normal" que desde su oficina salieran subvenciones para el proyecto después de que los formularios de solicitud se entregaran en blanco, uno de los puntos clave de la investigación.

Ascacibar simultaneó su cargo en el Ejecutivo, en el que hasta 2009 era responsable "exclusivo" del seguimiento del proyecto para el tratamiento de los purines, con su presencia desde 2007 en la sociedad Ade Biotec, encargada de la construcción de la planta. Además, a los pocos días de abandonar el Ejecutivo pasó a liderar como consejero delegado Karrantzako Minda, la entidad del municipio que impulsaba el proyecto. 

El excargo del Gobierno vasco, imputado por  “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación” junto a otras diez personas implicadas en el proyecto de Carranza, ha prestado declaración durante menos de una hora ante la sala de la juez Navas. Otros dos investigados citados también este miércoles se han acogido a su derecho a a no declarar. 

No ha sido el caso de Ascacibar, representado por el prestigioso letrado Joanes Labayen, de Cuatrecasas. El imputado ha atendido a todas las preguntas de su letrado, pero no a las de las acusaciones (Fiscalía, Gobierno vasco, Ayuntamiento y Abogacía del Estado, ya que la Diputación de Bizkaia no ha asistido). Sí ha respondido a las cuestiones de la juez, que ha aprovechado para hacer suyas algunas de las cuestiones que han quedado en el tintero por parte de los letrados de las partes, aunque en estos casos ha optado por el silencio siguiendo el consejo de Labayen. Una de esas cuestiones que han quedado en el aire giraba en torno a los beneficios que obtuvo la constructora Viuda de Sainz con esta operación en la que las distintas Administraciones se dejaron 10 millones de euros sin que la planta haya entrado en funcionamiento. 

Lo que sí ha comentado Ascacibar es lo relativo a las ayudas que recibió el proyecto de Karrantzako Minda a pesar de que inicialmente entregara al Gobierno formularios en blanco. Según las fuentes consultadas, ha manifestado que ese tipo de procedimientos era "normal" cuando se trataba de proyectos nuevos de base tecnológica. El exdirector ha indicado que la concesión de subvenciones incluye procesos de revisión 'a posteriori' que permiten ajustar las liquidaciones en caso de problemas.

La investigación penal por las irregularidades en la planta de purines continuará en los próximos días con las declaraciones del resto de los imputados. También se han solicitado pruebas periciales y documentales para acotar las posibles responsabilidades en este fiasco que coincidió en el tiempo con otros que también han acabado judicializados como Hiriko o Epsilon y que igualmente fueron impulsados por el PNV. En paralelo, el asunto se sustanció en vía mercantil y la juez de Bilbao Olga Ahedo entendió que los implicados no fueron responsables de la quiebra y de que los acreedores, en este caso instituciones públicas, no hayan podido recuperar su inversión.

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