Un laboratorio de Vitoria hace pruebas de coronavirus por 120 euros: “Si conoces a un médico que lo firme, nosotros podemos hacerlo”

“Si conoces a un médico colegiado que te lo firme, nosotros podemos hacerte la prueba”. Un laboratorio privado del centro de Vitoria realiza test PCR de coronavirus a particulares, a empresas, a clubes deportivos e incluso a pacientes a los que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) les niega una segunda prueba de confirmación y les quiere dar el alta médica en algunos de sus centros. El precio, 118 euros.

El centro, cuya existencia va corriendo de boca en boca, incluso entre profesionales sanitarios de la red pública, ofrece resultados en “24 ó 48 horas” y no exige mayores requisitos que la firma de un profesional colegiado. Ni siquiera se solicita un diagnóstico preliminar de que el paciente pueda haber contraído la COVID-19. “Hacemos pruebas de glucosa o de colesterol. Pues esto es lo mismo”. Se puede acudir al centro o hay una fórmula de envío de un “autokit” a domicilio con instrucciones para la recogida de muestras.

“No tengo constancia de este tipo de prácticas”, ha manifestado por dos veces este sábado en una comparecencia telemática la consejera de Salud, Nekane Murga, preguntada por posibles casos de laboratorios privados en Euskadi que hicieran pruebas al margen de las recomendaciones de los facultativos de Osakidetza. La propia Murga ya indicó hace unas semanas que Deportivo Alavés y Baskonia no hicieron un “uso racional de los recursos sanitarios” al contratar este tipo de pruebas privadas para todos sus deportistas, técnicos y personal de apoyo. Lo hicieron, además, a mediados de marzo, cuando Osakidetza no tenía medios para realizar una PCR a los casos sospechosos y, de hecho, al menos 4.400 enfermos se quedaron sin ella. Se desconoce si el Gobierno vasco adoptó alguna medida al respecto.

La declaración del estado de alarma del 14 de marzo ya puso en manos de la Sanidad pública todos los medios de la privada. Y el 14 de abril el Ministerio de Sanidad abundó en que las comunidades autónomas podrían poner a su disposición todos los medios de diagnóstico privados para reforzar sus propios laboratorios. En este sentido, la consejera Murga ha firmado este viernes una orden autonómica con efectos inmediatos –aunque se publicará la próxima semana– que obliga a estos centros a comunicar sus recursos disponibles y su capacidad de trabajo a las autoridades sanitarias, a seguir “criterios” de Osakidetza o del Ministerio de Sanidad para la realización de test y a comunicar en todo momento sus resultados.

La nueva orden prevé sanciones ante los incumplimientos y, además, habilita al Gobierno vasco a “fijar los precios de las pruebas que realicen estos centros para evitar situaciones abusivas en el acceso al servicio”. “Ya le digo que la orden establece claramente cómo se deben realizar este tipo de pruebas”, ha indicado este sábado Murga.

En general, son dos los tipos de pruebas para detectar el coronavirus. Por un lado, las PCR que se llevan realizando desde el principio de la pandemia detectan la carga viral en el individuo. Por otro lado, los denominados test rápidos o pruebas serológicas desvelan si una persona ha generado anticuerpos, es decir, si ha tenido el SARS-CoV-2. Son análisis complementarios y tienen diferentes aplicaciones. Incluso se hacen las dos a la vez.

La estrategia de Osakidetza pasa por adquirir kits serológicos para determinar qué volumen de la población ha pasado la enfermedad. Ya ha iniciado barridos entre todo el personal sanitario y entre internos y trabajadores de residencias. Aunque por el momento son pruebas menos fiables, la Sanidad vasca tiene una “reserva” para adquirir más de estos test que sumar a los alrededor de 58.000 que envió el Ministerio de Sanidad. En cuanto a las PCR, Murga ha hablado de una capacidad de realización de hasta 6.000 diarias y parece que poco a poco avanzan las conversaciones para que se sumen los científicos de la UPV/EHU, que desarrollaron un modelo propio de PCR con elevados porcentajes de sensibilidad y que suscitó la desconfianza de las autoridades sanitarias.