La portada de mañana
Acceder
El cierre en falso de Kitchen y la exculpación del Ibex desinflan el caso Villarejo
Amós García Rojas: "No hay evidencia científica que justifique la tercera dosis"
Opinión - Paradigma de incongruencia, por Javier Pérez Royo

Los socios del Gobierno aprietan para que acelere el cumplimiento de sus compromisos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo hablan con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso

La coalición de PSOE y Unidas Podemos señaló el reinicio de la legislatura tras las elecciones del 4 de mayo. A pesar de tener las encuestas en contra, Pedro Sánchez mira al medio y largo plazo con el objetivo puesto en la inmunidad de grupo después de que el buen ritmo de vacunación le haya permitido anunciar el fin del uso obligatorio de las mascarillas al aire libre a partir del 26 de junio, y sobre todo fía la recuperación económica a la inyección de 69.500 millones provenientes de Bruselas. Empresarios y sindicatos han dado un balón de oxígeno al avalar los indultos a los líderes independentistas previstos para este martes, mientras Moncloa va encarrilando la nueva etapa con la Generalitat de Pere Aragonès.

Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en el exterior a partir del 26 de junio

Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en el exterior a partir del 26 de junio

Con este panorama alentador para el Ejecutivo, los socios parlamentarios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tratan de apretar a Sánchez para que cumpla los compromisos que adquirió en su investidura y después, en el marco de las negociaciones de las muchas medidas adoptadas desde que estallara la pandemia en marzo de 2020. La ley de vivienda y la regulación de los alquileres, la subida del SMI, la mejora y transferencia del ingreso mínimo, la ley trans, la ley de secretos oficiales o la factura de la luz son algunas de las prioridades de esos grupos, que empiezan a dar síntomas de cansancio por la "lentitud" de la coalición.

Los avisos de los aliados parlamentarios llegan al Gobierno desde hace tiempo y se suman a las quejas, desde que arrancó la legislatura, por la falta de diálogo con grupos que son imprescindibles para sacar adelante las iniciativas en el Congreso. "Sánchez salió investido con un conjunto de compromisos que en lo fundamental no ha cumplido", afirma Íñigo Errejón en conversación con esta redacción. El sentir es similar en otras de las fuerzas que suelen acompañar a la coalición. "Tienen que cumplir con los acuerdos, porque si no, las motivaciones se agotan", dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en elDiario.es. También en ERC lamentan las "pocas ganas" a la hora de abordar determinados acuerdos. 

Desde la parte socialista del Gobierno argumentan que no ha llegado ni siquiera el ecuador de la legislatura, que nada más arrancar el mandato de la coalición irrumpió la peor pandemia en cien años y que, aun así, se han aprobado importantes avances, como las leyes de cambio climático, educación, eutanasia o infancia y otras muchas están en elaboración o tramitación. "Han pasado ya 15 meses desde el momento en el que irrumpió la pandemia en el mes de marzo del año pasado y en ese tiempo el Gobierno de España no ha dejado de actuar [...]. Esa política real que hemos reivindicado desde el Gobierno de España se ha traducido en 32 leyes y en 50 decretos ley, guiados por las transformaciones decisivas que necesita nuestro país en el corto y medio plazo", expresó Sánchez este viernes ante la patronal catalana.

Una de las promesas que los socios del Ejecutivo urgen a cumplir es la regulación de los precios del alquiler. El recurso interpuesto por el Gobierno contra la ley catalana que limita los precios ha sentado mal entre algunos de sus aliados. Los socios apremian, además, por la ley estatal de vivienda, un elemento del acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se reiteró luego en la negociación presupuestaria y que ha vencido ya todos los plazos que se habían puesto para lograr un entendimiento.

Los precios del alquiler, una de las patatas calientes

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un punto común sobre cómo evitar la subida de los alquileres en las zonas denominadas tensionadas, aquellas en donde las rentas se disparen por encima de lo que marque el índice de referencia que elabora el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos. En estos casos, los propietarios no podrán subir el alquiler más de lo que marque el IPC previsto. Incluso para contratos nuevos.

Hasta hace unos meses, la posición de Ábalos pasaba por bonificar fiscalmente a los propietarios que bajen la renta que piden a sus inquilinos. Una propuesta rechazada por los movimientos sociales, por Unidas Podemos y por los socios parlamentarios. En mayo, tras las elecciones de Madrid, el departamento de Ábalos ya se abrió al nuevo planteamiento, aunque sin que afectara a contratos nuevos, un extremo que ahora sí acepta.

Con todo, a Unidas Podemos no le parece suficiente y apuestan por seguir negociando hasta lograr que se establezca también un mecanismo que vaya más allá de congelar los precios y que incida sobre su bajada. Es lo que defiende ERC, como parte de la ley catalana. "Se pactó que se bajarían los alquileres y no es lo que está pasando", apuntan fuentes del grupo republicano, el principal apoyo del Gobierno al margen de los integrantes del Ejecutivo. "Pensamos que es insuficiente", añaden. También EH Bildu cree que la congelación es "totalmente insuficiente" y que la solución pasa por bajarlos en línea con la ley catalana. 

Muy contundente se mostró el líder de Más País, Íñigo Errejón, el martes durante una rueda de prensa en el Congreso: "La regulación del precio de los alquileres no es una reivindicación nuestra, es un compromiso gracias al cual el presidente del Gobierno fue investido. Un compromiso con la Cámara, no entre partidos, en el que, entre otras medidas, se establecía la regulación del precio de los alquileres. La ley catalana no debe ser recurrida, sino extendida para que beneficie a inquilinos en el resto de España". "No sé en qué va a quedar. En esta legislatura estoy aprendiendo a valorar del Gobierno lo que llega al BOE y no los anuncios grandilocuentes", agrega ahora.

El recurso contra esa norma catalana por invadir competencias estatales no incluye una petición de suspensión de la norma mientra el Constitucional decide. Pero, según ERC, el compromiso del Gobierno pasaba por no recurrirla. Sin embargo, desde el departamento de Ábalos argumentan que no quedaba otro remedio dado que es una normativa que invade competencias estatales. El recurso solo plantea cuestiones de forma y no entra en el fondo porque incluso en la parte socialista del Gobierno no creen que establecer precios máximos a los arrendamientos sea inconstitucional, pero están en contra de la medida porque creen que desincentivaría a los propietarios reduciendo aún más la oferta y produciendo el efecto contrario. Además, consideran que los incentivos fiscales así como el aumento sustancial del parque de viviendas públicas contribuirán a la bajada de los precios. 

"No está cumpliendo sus propios acuerdos"

Otros grupos que en ocasiones apoyan al Gobierno, como Junts, también rechazan el recurso de la ley catalana, y en el caso del BNG ve bien la congelación, pero lo considera una medida "insuficiente". El PNV prefiere no opinar sobre la propuesta al no estar en firme, pero muestra "reservas" a la hora de legislar cuestiones que son competencias de las comunidades. En todo caso, los nacionalistas vascos votaron en contra de una propuesta de Bildu en el parlamento vasco para establecer topes a los precios del alquiler. 

El cansancio del PNV, que es el socio más fiel que tiene Sánchez, ha ido in crescendo según avanzaba la legislatura y ha llegado a hablar de "ruptura total" con el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, ante el retraso en el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. Que esa iniciativa solo llegue a un tercio de las personas previstas inicialmente es otro motivo de crítica de los aliados parlamentarios. 

Ley mordaza, reforma laboral, secretos oficiales...

"Hay retos que hay que afrontar ya. Por ejemplo, la reforma de las pensiones o la reforma laboral", avisó Esteban al Ejecutivo en su entrevista en elDiario.es. La derogación de la reforma laboral fue un compromiso de Sánchez en su investidura en el que se ha ido reafirmando con los grupos en negociaciones como las prórrogas del estado de alarma o los presupuestos, pero que aún no ha llegado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a que el desmontaje de la normativa del PP se acometa a lo largo de 2021. 

El retraso en la ley mordaza es otro de los ejemplos que ponen los aliados del Gobierno, que se quejan de que se alarguen consecutivamente los plazos de enmiendas en el Congreso. Esta misma semana se debatió en el Parlamento una moción para que se desclasifiquen los documentos relativos al 23F. La modificación de la ley de secretos oficiales, que es preconstitucional, es una exigencia del PNV desde 2016, pero su propuesta sigue congelada mientras el Gobierno trabaja en una ley que figuraba en el plan normativo de 2020, pero de la que no se sabe nada.

"No hay muchos argumentos para defender al Gobierno" 

"No están cumpliendo ni sus propios acuerdos", dicen desde ERC. "Derogar la ley mordaza cuesta cero euros [expresa Errejón]. Se da la circunstancia de que hay un Gobierno con suficiente apoyo social parlamentario y recursos directos de Europa y que no avanza. Hace anuncios de que avanza". "Los ciudadanos que hayan simpatizado con este Gobierno, ¿qué argumento tienen para defenderlo? Hoy no tienen muchos", zanja el líder de Más País.

Las fuerzas de izquierdas ven, además, con recelos las resistencias de Sánchez a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. ERC, Más País, EH Bildu o BNG quieren que se imponga la tesis de la vicepresidenta tercera y también Junts, una formación conservadora, apuesta por el incremento para "recuperar demanda y actividad económica, fomentar la cohesión social, erradicar la pobreza laboral y acelerar la erradicación de la brecha salarial de género".

También la "exorbitante" subida de los precios de la luz, en palabras del propio Sánchez, inquieta a sus aliados, que en general ven con buenos ojos el anuncio formulado por el Gobierno para atajarlo de forma inminente con una suspensión impositiva temporal, aunque también advierten de que son necesarias medidas estructurales, que pasan por el fomento de las inversiones en energías renovables y el aprovechamiento de las redes o la intervención en el mercado eléctrico.

"Hay que actuar para aumentar la competencia en el mercado y evitar la concentración", señalan desde ERC. EH Bildu considera que la bajada del IVA es un "parche" y considera que se debe intervenir para que "sean las multinacionales las que asuman parte de los costes de la generación y distribución eléctrica". En esa misma línea se pronuncian desde el BNG, que apuesta, además, por "quitar de la factura todos los elementos que no tienen que ver con la producción y el consumo, como las primas a las renovables, o bajar el IVA al 4%".

Etiquetas

Descubre nuestras apps