La Coordinadora de ONG denuncia el cobro del padrón a inmigrantes
La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes-Harresiak Apurtuz ha denunciado la existencia de un fraude consistente en el cobro del padrón a inmigrantes por parte de los dueños de pisos que les alquilan una habitación para vivir. El acceso al padrón es básico para cualquier ciudadano, pero especialmente para los inmigrantes con escasos recursos económicos 'sin papeles'. Es la puerta de entrada a todos los servicios y las ayudas sociales que ofrecen las instituciones en Euskadi, especialmente los ayuntamientos y el Gobierno vasco.
Susana Cuesta y Teresa Maura, integrantes de la comisión técnica de Harresiak Apurtuz, explica a El Diario Norte, que este tipo de prácticas irregulares está dejando en una situación de “absoluta indefensión” a los inmigrantes con menos recursos, especialmente a los 'sin papeles'. “Para que una persona extranjera se empadrone”, explica Cuesta, “no necesita tener un permiso de residencia, basta con que tenga un pasaporte o un documento de identidad que demuestre que es quién dice ser. Luego necesita la autorización del titular de la vivienda. ¿Por qué tienen más dificultades para empadronarse los inmigrantes? Pues porque los propietarios de las viviendas no se lo permiten habitualmente, solo les dejan vivir”. La ley establece que por domicilio solo puede haber dos titulares de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la ayuda que concede el Gobierno vasco para las personas sin recursos y que tiene este límitre para evitar la proliferación de los conocidois como 'pisos patera'.
Si se empadrona una tercera pesona que cobra la RGI les repercutiría negativamente. Con lo que, hay personas que viven de manera efectiva en un piso, pero no están empadronados en él. En otros casos, “se ven obligados a pagar para que les dejen empadronarse. Pagan por la habitación que utilizan y a la vez un plus por el empadronamiento. Es algo absolutamente irregular, ningún autóctono paga por empadronarse. Se aprovechan de esa situación, es una práctica que se ha extendido y los inmigrantes no lo cuentan. Por una habitación pueden pagar en torno a una medida de 300 o 350 euros y otros 100 o 200 por empadronarse. Los inmigrantes no pueden hacer otra cosa que alquilar habitaciones porque una vivienda entera es muy complicado y costoso para los pocos recursos que tienen”.
El padrón se regula como una obligación de las administraciones locales de tener actualizados sus datos, pero no como un derecho de las personas. “Una persona que se encuentra en situación irregular no tiene nada que hacer porque no se atreve a denunciarlo. Aunque la mayor parte de la población inmigrante está regularizada, la que acude a nuestras organizaciones se encuentra en situación irregular”.
Las representantes de Harresiak Apurtuz denuncian la “invisibilidad” a la que están sometidos los extranjeros. “Los estados usan las leyes de extranjería como una presa: cuando necesitan gente se abre la compuerta para entren y se aplica la ley de manera más laxa. Y cuando no necesitamos, se ponen problemas”.
