PP y Cs denuncian un “limbo” de 34.000 dependientes sin atender por el anterior gobierno socialista de Andalucía

Casi a lista de espera “oculta” por Consejo de Gobierno. La Junta de Andalucía, ahora en manos de PP y Ciudadanos, ha desvelado este martes que 34.000 andaluces se encuentran en el “limbo” pese a haber presentado formalmente su solicitud para acceder al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Si hace 14 días, el nuevo Gobierno revelaba una lista de espera en sanidad de 843.000 pacientes, el doble de lo admitido por el PSOE, ahora la consejera de Igualdad de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha acusado a los socialistas de haber “dejado tirados a tantísimos andaluces en situación de vulnerabilidad”, anunciando al tiempo un “plan de choque” dotado con 77 millones de euros para mantener las prestaciones y tratar de disminuir las listas de espera.

El enfoque cambia radicalmente: Andalucía pasa de ser la segunda comunidad autónoma más cumplidora en esta materia, según el Observatorio estatal de la Dependencia, a “ocultar” información. Los datos presentados por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se desprenden de un 'Informe relativo a la agilización y digitalización del procedimiento de dependencia para optimizar la incorporación de personas al sistema'. En él se asegura que, en Andalucía, hay 109.470 personas en lista de espera, “34.000 más de los reconocidos por el gobierno socialista”, ha denunciado Bendodo, quien ha acusado al PSOE de cometer un “nuevo engaño masivo” y un “gran fraude social oculto”. “Tenemos la obligación de contar todo lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno andaluz y esta es la situación que hemos recibido”, ha insistido, lamentando que la Junta creara una agencia específica para la dependencia con un plantilla de 2.000 personas.

Andalucía cerró el año con el número de personas beneficiarias más alto desde el inicio de la ley (212.243), según se contempla en el informe, pero la consejera ha cargado contra la gestión socialista de forma contudente por lo que ha considerado como “una falta de humanidad que a mí me da vergüenza”. Ruiz ha reconocido que el plan de choque anunciado “no es la panacea que va a arreglar en dos años n problema de 37 años”, en referencia a los años en los que la Junta ha sido dirigida por el PSOE andaluz.

Precisamente desde los socialistas andaluces no han tardado en desmentir la información anunciada por la nueva Junta. Su portavoz de Igualdad, Soledad Pérez, ha salido al paso desde su cuenta en Twitter, preguntándose por qué contabilizan personas que aún no se sabe si son dependientes o no:

La consejera, en todo caso, ha afirmado en rueda de prensa que cuenta ahora con “el dato exacto de 34.000 personas en el limbo” que “no aparecen en ningún sistema informático”, esperando que para junio de este año “tendremos unos nuevos presupuestos donde quedarán recogidas las necesidades reales de los andaluces” y que “los anteriores presupuestos no recogían”.

Preguntada por si el incumplimiento denunciado por la Junta puede ser también achacable a los recortes en la asignación de fondos, tantas veces denunciado por el anterior Gobierno del PSOE, la consejera ha respondido que “no es una cuestión de echarse las culpas unos a otros” sino que Andalucía no ha tenido un trato privilegiado como otras comunidades“ y que se trata de ”una cuestión de una mala gestión“, de ”una Administración del siglo XIX“.

El Observatorio de la Dependencia a nivel estatal informaba recientemente que el coste del sistema en Andalucía superaba los 1.400 millones, de los que la comunidad aportaba el 78 % del gasto público, y el 22 % restante el Estado. Dos comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60% de la lista de desatención, calculaba el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentado hace unos días. La disminución de la financiación estatal a las comunidades autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 –con la reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado–, supone una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.

Según el Observario de la Dependencia, sólo en el pasado año 2018, Andalucía ha dejado de percibir del Estado 101,7 millones de euros como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 18.254 nuevos dependientes andaluces y se hubiesen podido crear 3.947 nuevos empleos en la comunidad autónoma, decía el informe estatal.

Los datos del “plan de choque”

La Junta, precisamente, ha nombrado este mismo martes nueva gerente a Gloria Espinosa de los Monteros, para dirigir las actuaciones prevista que tratarán de “mejorar la situación”. Actualmente, según los datos disponibles a 31 de diciembre de 2018, en la primera fase del procedimiento (reconocimiento de la situación de dependencia) hay 388.846 solicitudes iniciales activas, de las que estaban pendientes de valoración el 7’6% del total (29.934). En este grupo están incluidas aquellas solicitudes que aún no pueden ser valoradas ya que no cuentan con el preceptivo Informe de Condiciones de Salud (IDS) que envía la administración sanitaria.

En cuanto a la segunda fase del procedimiento, el reconocimiento del derecho a las prestaciones, Andalucía cerró el año con el número de personas beneficiarias más alto desde el inicio de la ley: 212.243. Asimismo, existen 34.373 personas pendientes de resolución de grado y 75.097 personas pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), con lo que la lista de espera, como ha indicado Bendodo, es actualmente de 109.470 personas. Se prevé un total de 45.237 altas de personas beneficiarias al sistema en 2019, teniendo en cuenta que, hasta final de año, se estarán resolviendo alrededor de 4.000 resoluciones de PIA al mes.

El informe de la Junta señala que se estima que las bajas totales del sistema rozarán las 39.000, por lo que el anteproyecto plantea alcanzar las 217.497 personas beneficiarias a final de 2019, lo que supone un incremento neto de 5.110 personas respecto a finales de 2018. La Junta resalta que una medida importante es la contratación de nuevas plazas para los servicios de atención residencial en el sector de personas con discapacidad, en concreto 265 durante 2019.