El 93% de los condenados por violencia de género que participaron en un programa de tratamiento terapéutico no reincidieron

El programa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 'Violencia de género: Programa de Intervención para Agresores' “resulta eficaz para reducir la tasa de reincidencia de los agresores de pareja”. Lo dice uno de los dos estudios conocidos para evaluar si funcionan ese tipo de programas (existen 21 diferentes, según el tipo de delito), cuyo fin último es reinsertar socialmente a las personas condenadas y evitar la reincidencia.

El estudio, titulado 'Reincidencia de los agresores de pareja en Penas y Medidas Alternativas', dice entre otras cosas que, al año de haberse realizado la intervención y tratamiento terapéutico, no habían vuelto a tener una denuncia policial por un presunto delito de violencia de género el 95,4% de los participantes en el programa, y a los cinco años continuaban sin nuevas denuncias en un 93,2% de los casos. El estudio, que contó con una muestra de 770 penados, fue elaborado por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, por el que recibió 18.000 euros

A tenor de esos datos, la eficacia de este programa (que, por otro lado, solo sigue el 17% de los condenados) parece demostrada. El experto en violencia de género Miguel Lorente considera que los datos “objetivos” que ofrece el referido informe de evaluación pueden ser tomados como “válidos” pero que la cuestión tiene “muchos matices” porque la casuística es grande, teniendo en cuenta que “hay un porcentaje muy alto de mujeres que no denuncian”, por ejemplo.

En ese sentido apunta que en este tipo de programas se somete a la persona al final de la evaluación a una serie de pruebas para ver si se ha modificado su percepción de la violencia, pero tampoco se puede reducir la conducta violenta a una serie  de alteraciones que se puedan corregir con un programa. “Lo primero que hacen es tomar conciencia del daño que provoca su conducta, que en muchos casos justifican, y eso es lo que más cuesta al principio”, señala.

Lorente indica que “los programas de reeducación ayudan a tener en cuenta como factor de prevención de nuevas agresiones, pero en ningún caso deben interpretarse como una modificación sino más bien como una toma de conciencia más profunda del significado de su conducta para que de manera voluntaria la dejen de llevar a cabo”. “No son la clave para acabar con la violencia de género y se han de interpretar como un factor más para corregir ese tipo de conductas, sobre todo en gente más joven que pueda modificarla”.

“Es un terreno muy complejo”, añade, ya que “estos programas inciden sobre unas cuestiones para romper con esas ideas rígidas machistas”, haciendo hincapié en que el formato de estos programas (en grupo, una vez por semana, etc.) “no permiten abordar cuestiones individuales de cada persona”. “Los programas ayudan algo” pero “habría que definir mejor la población diana a la que van dirigidos, porque cada caso es diferente”, apostando por “mejorar su diseño”.

Un 69% de reinserción

Más allá del programa de intervención con agresores machistas, ¿se sabe si funciona el resto de programas específicos de intervención dirigidos a favorecer la evolución positiva de personas sujetas a condiciones especiales de carácter social, delictivo o penitenciario? Desde Instituciones Penitenciarias indican a este periódico que “los programas contemplan la realización de estudios para comprobar su eficacia y actualizarlos” y que “algunos tienen datos de reinserción”. Los estudios que evalúan los programas “no son globales sino que se hacen a la par que se desarrolla cada uno de esos programas de tratamiento y muchos se publican”, añaden desde el departamento del Ministerio del Interior.

Las mismas fuentes aluden al último estudio general de reinserción, que se realizó en 2017 y que arrojó el dato acumulado entre 2005 y 2017 de un 69% de reinserción, pero “no se hizo público”. En el mismo sentido, las fuentes no aclaran cuándo o dónde constan los estudios del resto de programas de tratamiento. Se dio a conocer, con carácter interno, el resultado sobre el programa de empoderamiento de mujeres presas Ser Mujer, con una breve referencia con los datos en la web, destacando que el 40% de mujeres que se sometieron al tratamiento cambió su respuesta hacia valores positivos.

Los programas incorporan un protocolo de evaluación que incluye entrevistas semiestructuradas, instrumentos psicométricos e instrumentos cualitativos que se aplican antes de iniciar la intervención y al finalizar la misma. El objetivo es que los terapeutas tengan herramientas para poder evaluar el cambio actitudinal y comportamental de las personas que pasan por dichos programas. Además, se realizan estudios específicos que evalúan la eficacia de los programas de intervención de manera global.

“No existen estudios fiables, ni en el Ministerio de Justicia ni tampoco en la Administración Penitenciaria, en materia de reincidencia delictiva. No hay, por tanto, modo de saber si las últimas reformas penales acometidas han provocado el efecto deseado, a saber, el de cumplir la función de prevención especial”, denuncia la parlamentaria andaluza de Unidos Podemos Maribel Mora, que advierte de “una carencia inmensa que nos hace funcionar en materia de política criminal como pollo sin cabeza”.

Mora fue senadora en la anterior legislatura y hace alusión a un informe que le hizo llegar a finales de año el Gobierno de España a preguntas formuladas en ese sentido. Según ha podido comprobar este periódico, el Gobierno informa de que el informe de resultados del programa Ser Mujer se encontraba “pendiente de publicación” (se hizo con carácter interno) o alude a “resultados parciales de la evaluación del programa para agresores sexuales”, presentados “en diversos foros”, mientras que se estaba iniciando la evaluación de la eficacia de la intervención con personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, dado que son el segundo grupo más numeroso de personas que reciben tratamiento en este ámbito.

Sin gasto para la administración penitenciaria

Informa el Gobierno de que “el diseño y contenidos de los diferentes programas de tratamiento se establecen a partir de la revisión de programas relacionados que cuentan con respaldo académico y práctico y en lo posible aplicados en el medio penitenciario, y de la experiencia previa con otras intervenciones”. Su evaluación “se realiza mediante acuerdos de colaboración con profesores universitarios, con reconocido prestigio y conocimiento del medio”, siendo “los profesionales penitenciarios” los que aplican el programa. “Las colaboraciones con los evaluadores no generan gasto para la administración penitenciaria, entran dentro de las colaboraciones o convenios con las universidades”, dice en su respuesta oficial, que incluye los departamentos universitarios que se han hecho cargo de algunos estudios para los programas y los costes que han supuesto.

Mora no se muestra de acuerdo con que las evaluaciones lleguen “por colaboraciones personales de profesores universitarios” y apunta que “se deben hacer públicas y deben hacerse con dinero de la administración”. “No existen estudios ni en uno ni en otro sentido más allá de unas cifras genéricas de reincidencia penitenciaria –es decir, de las personas que, habiendo pasado ya por prisión, vuelven a entrar- que tampoco ofrecen mayor información porque se limitan a una tasa global acumulada en doce años que se cifra en el 31,63%”.

“Nosotros no invertimos ni un euro en tratamiento de personas condenadas por delitos de violencia machista ya que los programas los realizan los mismos psicólogos de los centros penitenciarios, absolutamente sobrecargados con sus trabajo en las juntas de tratamiento, y con falta de personal enorme, y sin que se invierta lo suficiente en su formación específica”, denuncia la diputada.

Para Mora, son ONG y profesores de Universidad quienes “buscan sus propios recursos para realizar los programas de tratamiento, ya que Instituciones Penitenciarias no destina ninguna partida. Es decir, que no se invierte ni un euro de manera específica para el tratamiento dentro de prisión de las persona presas”. La diputada concluye que “si no destinamos un euro a evaluar el funcionamiento de nuestras reformas legales, de nuestra política criminal, de nuestros programas de tratamiento en el ámbito penitenciario, si ni siquiera tenemos un estudio mínimamente serio sobre reincidencia, no puedo dejar de preguntarnos con fundamento en qué criterios científicos se diseña la política criminal en España”.