Compromís denuncia que la trama corrupta de la Diputación de Alicante pudo extenderse a otros municipios

Gerard Fullana muestra las facturas de Diputación de Alicante que Compromís ha presentado ante la fiscalía anticorrupción

EFE

Alicante —
  • La formación valencianista ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude de 3,2 millones de euros en el Patronato de Turismo de la Diputación que presidía el popular José Joaquín Ripoll

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha expresado este miércoles sus sospechas de que la supuesta trama de corrupción en el Patronato de Turismo Costa Blanca denunciada por su formación pudo "extenderse a otros municipios" de la provincia e, incluso, de otras comunidades autónomas.

Fullana ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras presentar, junto a los también diputados provinciales de su formación Lluís Pastor y José Manuel Penalva, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un presunto fraude que cifran en 3,2 millones de euros durante la época de José Joaquín Ripoll como presidente de la corporación provincial.

"Solo hemos analizado cuatro años y pensamos que podría haber mucho más. Pensamos que esta trama que capitaneaba el PP de Alicante podría tener su extensión en diversos municipios y por eso estamos solicitando información para saber si en otras administraciones locales y en otras diputaciones se siguió este 'modus operandi'", ha precisado.

Según Compromís, la actuación del Patronato de Turismo Costa Blanca, un órgano dependiente de la Diputación Provincial, en la adjudicación de servicios y contratos para ediciones de Fitur a las empresas Exporigging y Stand Molinos SL es "un calco de la estrategia de la trama Gürtel en Valencia".

Los denunciantes han presentado a la Fiscalía de Alicante setenta facturas y sus correspondientes expedientes que demuestran, según ellos, la existencia de contratos fraccionados ilegalmente, la "manipulación" de concursos públicos abiertos y "sobrecostes", lo que podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y fraude.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio, proceden del País Vasco "y nunca habían trabajado en el sector turístico", sino que su objeto social se centraba en el ámbito inmobiliario, ha explicado Fullana.

Empresas ya encausadas

Según Compromís, esas mismas empresas y sus administradores están encausados en una procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, una causa por la que la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel.

"El PP dice que ha cambiado y que quiere regenerarse, pero nada de nada. Desde diciembre, el número dos del Partido Popular en la Diputación de Alicante (Eduardo Dolón) tiene el listado de facturas y, pese a ello, sostiene que se ha obrado correctamente", ha indicado el portavoz de Compromís.

A su juicio, los populares han intentado "silenciar la existencia de estas facturas", a las que Compromís ha tenido acceso al participar en la comisión de investigación abierta en la institución provincial para examinar los últimos doce años de gobierno del PP.

Fullana ha reiterado que tanto el actual presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, como el del PP provincial, José Císcar, "estaban en primera línea política cuando ocurrieron estos hechos".

Petición de dimisión

También ha reclamado de nuevo la dimisión de Eduardo Dolón por "ocultar" esta información y "mentir" al asegurar que Compromís no había comunicado sus sospechas sobre las facturas que ahora ha denunciado, cuando, según esta coalición, lo hizo el pasado mes de enero.

El periodo investigado por Compromís es de 2004 a 2009, cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del 'caso Brugal'.

Fullana ha denunciado hoy la supuesta "connivencia de determinados técnicos y políticos" para que "todo esto no salga" y ha añadido que los presuntos delitos relacionados con algunas de las facturas investigadas "podrían prescribir" por el tiempo que se tardó en abrir la comisión de investigación, un retraso que ha achacado al PP y a Ciudadanos.

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