El informe ambiental de la ampliación del Puerto de València que el Gobierno no quiere asumir: ¿decidirán los tribunales?
¿Necesita la ampliación del Puerto de València una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007, tras los cambios efectuados sobre el proyecto original?
Esta es la pregunta a la que nadie en el Gobierno quiere dar respuesta, pese a que los responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dependiente del Ministerio de Fomento, han repetido por activa y por pasiva que legalmente no es preceptivo porque los cambios en el proyecto original afectan al interior del perímetro marcado por los actuales diques de abrigo del recinto portuario.
Sin embargo, hasta ahora, seguramente por la polémica que se ha generado alrededor de una infraestructura que ha deteriorado gravemente las playas del Parque Natural de L'Albufera, ningún dirigente político del Gobierno central se ha atrevido a secundar públicamente esta postura
Tampoco desde la Generalitat, si bien es cierto que tanto el presidente del Consell, Ximo Puig, como el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, ambos socialistas, se han mostrado más abiertos a estudiar fórmulas que hagan compatible la ampliación del recinto con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Una postura mucho más conservadora que la de Compromís, sus socios de Gobierno en el Ayuntamiento de València y la Generalitat. El alcalde, Joan Ribó, votó en contra del inicio del proceso de adjudicación de las obras y la gestión del futuro muelle de contenedores ya que las modificaciones en el proyecto sí que requieren de una nueva DIA, mientras la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, solicitó por carta el pasado 2 de agosto al Ministerio de Transición Ecológica que se pronunciara al respecto, sin haber obtenido aún respuesta.
Una respuesta que difícilmente obtendrá, a tenor de lo que en su momento ya manifestaron desde el departamento que dirige la ministra socialista Teresa Ribera. Como informó eldiario.es, fuentes de Transición Ecológica ya advirtieron de que “son los órganos gestores, en este caso la APV, los encargados de valorar si es preciso hacerlos”. Sin embargo, la normativa también prevé que el Ministerio pueda hacer ese informe de oficio cuando hay modificaciones sustanciales del proyecto.
Por su parte, desde Fomento, aunque Puertos del Estado sí que descartó la necesidad de una nueva DIA, el ministro socialista, José Luis Ábalos, tampoco se quiso posicionar en una reciente visita a València, en la que afirmó que estudiarían si es necesario realizar una nueva evaluación ambiental.
La posición de Ábalos no es nada cómoda puesto que en su etapa de concejal, el grupo municipal socialista del que formaba parte en el Ayuntamiento de València alegó en contra de la ampliación y apostó por trasladarla al puerto de Sagunt.
Con este panorama dibujado sobre el tablero y visto que el Gobierno, al menos hasta ahora, no ha querido asumir el coste político de apostar decididamente por la ampliación, por las connotaciones medioambientales que puede tener para las playas, pero tampoco contra ella, por la posible pérdida de una iversión millonaria, parece que la decisión final quedará abocada a lo que digan los tribunales.
Argumentos jurídicos que avalan una nueva DIA
La Comisión Ciutat-Port, integrada por colectivos ecologistas y vecinales, ya ha advertido de que irá a los tribunales si no se realiza otra DIA, puesto que el nuevo proyecto de ampliación incumple la de 2007.
Según el colectivo, “el proyecto modificado de julio de 2018 supera los 20.000 metros cúbicos anuales de dragados marinos que marca la ley 21/2013, por lo que requiere de una evaluación ambiental ordinaria, en lugar de simplificada como es la de 2007”.
Además, el proyecto modificado de 2018 amplía a los 21,3 millones de metros cúbicos los volúmenes de dragados generales (en canales de navegación y dársena) y zanjas de cimentación de los muelles, lo que supera ampliamente los 19 millones previstos en el proyecto inicial de 2007 y recogidos como tope máximo en la DIA del mismo año.
La Comisión asegura que, según el artículo 7.1 apartado C de la ley 21/2013, “será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria cualquier modificación de las características de un proyecto consignado”.
En este caso, “nos encontramos ante una modificación de un proyecto ya consignado dado que la modificación de las infraestructuras de abrigo, especialmente la construcción de 505 metros adicionales sobre el actual dique de abrigo norte, supone una ampliación de las aguas interiores del puerto (Zona I) no contemplada en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de València de 2014”.
