La Audiencia Provincial investiga una agresión a menores en Zapadores en 2012
La Audiencia de Valencia, tras admitir el recurso de apelación de las víctimas, ha acordado reabrir la investigación por la denuncia de unos menores argelinos por unos presuntos malos tratos ocurridos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, en 2012, ya que consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de torturas -artículo 174 del Código Penal-.
Según explica la plataforma 'Cies No', la Audiencia ha ordenado que se investigue si “al menos” alguno de los policías identificados por los jóvenes fue autor de la agresión, debido a que en el juzgado en el que se archivó el caso inicialmente, “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”.
Antecedentes
Los hechos se remontan a abril de 2012 cuando, tras la llegada de once personas a la costa de Níjar (Almería) en una patera, a cinco de ellos -al menos tres de ellos aseguraron ser menores de edad- se les trasladó a Valencia, donde fueron internados en Zapadores. En la madrugada del 28 al 29 de abril, según la declaración, un agente, tras un primer registro de la celda en la que se encontraban, regresó y “les golpeó repetidamente con las manos y la porra, infligiéndoles graves contusiones en la cara, cuello, torso y brazos”, mientras les gritaba.
A instancia de las víctimas, el servicio médico y jurídico de la campaña 'Cies No' elaboró un informe sobe las lesiones y presentó una solicitud de 'habeas corpus' en el juzgado reclamando su puesta en libertad justificada en una “detención ilegal de menores” y en que se había vulnerado el derecho a la integridad física de estas personas.
El juez desestió el 'habeas corpus' aunque continuó abierta la investigación abierta tras la denuncia de malos tratos en el juzgado de instrucción nº 4 de Valencia, una denuncia a la que los jóvenes argelinos añadieron una queja por las “represalias” sufridas en Zapadores tras su declaración judicial, “les impidieron beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados en un cuearto durante varias horas sin facilitarles la medicación paliativa del dolor provocado por las lesiones”.
De igual forma, se solicitó a la subdelegación del Gobierno de Almería que suspendiera la expulsión de estas cinco persones para que se pudieran desarrollar “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”.
La denuncia, en el Congreso
El diputado nacional de Esquerra Unida, Ricardo Sixto, preguntaba en junio de 2012 sobre estos hechos y la respuesta del Gobierno fue que la acusación de malos tratos y de represalias “carecen de base alguna”, dando por cerrado el caso antes de que se agotara el procedimiento judicial. La reapertura de la investigación por parte de la Audiencia Provincial pone en duda la respuesta del Ejecutivo, que “negó todas las acusaciones y evitó responder sobre una investigación interna”. Izquierda Unida ha trasladado tanto al Congreso de los Diputados como al Parlamento Europeo sus denuncias por la situación del CIE de Zapadores.
Imputación a un agente
Hace apenas unas semanas, la titular del juzgado de instrucción nº 16 de Valencia decidía mantener la imputación de un policía por la denuncia de agresiones interpuesta por un ciudadano argelino en Zapadores. La jueza continuaba con la investigación, llamaba a nuevos testigos, así como solicitaba los antecedentes del agente y la identificación de las cámaras que grabaron los hechos.
