Castelló en Moviment aporta nueva documentación al fiscal y amplía la denuncia contra Luis Rubio (PP)
Castelló en Moviment ha ampliado la denuncia por el caso de la empresa ‘Pellets de Villahermosa SL’ ante el conocimiento de nuevos indicios de irregularidades. Según la documentación recopilada por la formación asamblearia y presentada ante la Fiscalía Provincial, el Ayuntamiento de la localidad castellonense funcionaba sin regularizar el cargo de secretario-interventor en el momento en que se constituyó la empresa mixta, lo que ocurrió en noviembre de 2014.
Así, la mesa de contratación, presidida por el alcalde, Luis Rubio, adjudicó a éste y seis concejales más del Partido Popular las participaciones privadas, siendo además dos de las ediles vocales de la citada mesa de contratación y con Pablo Monferrer ejerciendo de secretario-interventor accidental, cargo que viene regulado por ley. No en vano, requiere ser personal funcionario con habilitación de carácter estatal y sus funciones son el asesoramiento legal, la fe pública y la contabilidad.
“Nos sorprendieron las declaraciones de Rubio. Se referían a un notario para defender la legalidad de la empresa de los pellets y por eso indagamos sobre la figura del secretario del Ayuntamiento de Villahermosa”, explica Anna Peñalver, de CsenMov. En ocasiones excepcionales, y durante un tiempo limitado, estas funciones pueden ser ejercidas por otro funcionario público del consistoriocon los conocimiento adecuados, siempre y cuando se comunique a la dirección general de la Administración Local y esta regularice la situación.
La formación ciudadana tiene constancia de que “al menos desde el 2001 Pablo Monferrer estaba ejerciendo de secretario-interventor siendo personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villahermosa del Río, ni siquiera funcionario, con total conocimiento del alcalde”, precisa Peñalver.
Según se indica desde CsenMov, Pablo Monferrer adquiere la condición de funcionario en 2005, entrando en la plantilla como auxiliar administrativo grupo D en el consistorio gracias a un proceso que la propia formación asamblearia califica de “muy sospechoso”. La documentación recopilada demuestra que Luis Rubio era el presidente de la comisión calificadora del proceso de funcionarización y Pablo Monferrer fue el único admitido. Ambos compartían, además, desde 2003, la administración de una empresa dedicada a la construcción.
Curiosamente, en ese momento, la empresa nombró a María Ángeles Díez Castillo, esposa del alcalde, como administradora única. Finalmente, en febrero de 2015 la dirección general de la Administración Local normalizó, con carácter accidental, la situación del secretario-interventor.
Peñalver afirma que “nos ha sorprendido la dejadez de la administración en cuanto al control de los mecanismos legales que tendrían que garantizar un estado de derecho. A sabiendas de lo que conocemos ahora, entendemos mucho mejor cómo han funcionado nuestros pueblos durante décadas y como las redes clientelars han actuado con total impunidad”.
