El director de la polémica tesis de Camps gastó 140.000 euros del Consell Jurídic Consultiu en el estudio que encargó a Álvarez Conde

El entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Camps, y el entonces director del Instituto Nacional de la Administración Pública, Enrique Alvarez Conde.

Hubo una época en que en la Comunitat valenciana se disparaba con pólvora de rey. Grandes eventos, grandes obras y hasta un aeropuerto propio. Pero el dispendio de capital público no solo se dedicó a infraestructuras megalómanas impulsadas por el Gobierno de Francisco Camps, sino que sus instituciones consultivas también bebieron de la borrachera de los años de vino y rosas. Y con beneficiarios que con el paso de los años su gestión al frente de la cosa pública ha dejado mucho que desear.

En noviembre de 2003, el presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana Vicente Garrido encargó la obra magna de la institución consultiva "Comentarios a la Constitución Europea" a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y de los polémicos másteres de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y del líder del PP, Pablo Casado. El estudio -de tres tomos- costó a la institución 138.019,64 euros, según una respuesta del Gobierno valenciano a la diputada de Compromís, Marian Campello.

Para la consecución de esta obra, encargada por Garrido -director de la polémica tesis doctoral de Francisco Camps-, el Consell Jurídic Consultiu recibió 30.000 euros de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Camps, 18.000 de la Diputación de Valencia y 24.000 de la Fundación bancaja. El resto, casi 70.000 euros los puso la institución consultiva financiada con dinero público.

Como ya adelantara eldiario.es, Álvarez Conde percibió por coordinar estos trabajos que duraron un año 12.000 euros pagados en dos facturas de 6.000. Pero hubo más. Álvarez Conde destinó 90.000 euros a abonar los artículos de los 150 expertos nacionales e internacionales -unos 600 euros por colaboración- que participaron en la obra que detalló las novedades y los retos de la Carta Magna europea, que nunca entró en vigor al ser tumbada por referéndums en varios países europeos. 

Entre la lista de expertos que participaron en la obra se encuentran magistrados, expertos juristas y catedráticos de departamentos de numerosas universidades. También escribió para la obra la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández Rosario Tur, discípula de Álvarez Conde y con el que comparte numerosas publicaciones durante toda su carrera. Ambos han controlado durante años el departamento de Derecho Constitucional de la universidad ilicitana, donde realizó la tesis el presidente de la Generalitat Francisco Camps y de la que fue secretaria del tribunal la propia Tur.

La editorial Tirant lo Blanch percibió 29.000 euros por la edición y se pagaron 3.640 euros a Guada Impresores por su impresión. Casi mil euros se destinaron a que la obra llegara a instituciones y ayuntamientos valencianos, al Consejo de Estado y a particulares, se desconoce en este caso con qué criterios de envío.

La obra coordinada Álvarez Conde fue presentada a bombo y platillo en el Senado el 15 de febrero de 2005 para lo que el Jurídic Consultiu no escatimó en gastos. 2.495 euros para, entre otros actos, un piscolabis en la Cámara Alta de casi 900 euros, una comida en el restaurante Club 31 para un reducido grupo que costó 574 euros y una noche de hotel el 14 de febrero en Madrid para cuatro miembros del CJC. Llama la atención una factura de 700 euros por una noche de hotel en Barcelona el mismo 14 de febrero que no concuerda con el lugar de la presentación en el Senado.

La diputada de Compromís Marian Campello asegura que toda esta documentación a la que ha tenido acceso "es una evidencia de hasta donde se extendían los tentáculos de la corrupción del PP". "¿Por qué razón habiendo importantes universidades valencianas el Consell Jurídic Consultiu encargaba este tipo de trabajos a una universidad de Madrid?", se pregunta. Para la diputada, "los escándalos de los currículums demuestran que se trataba de una cadena de favores que ha ensuciado las universidades públicas creadas bajo el apadrinamiento del PP".

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25 de septiembre de 2018 - 21:08 h

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