Empresas vinculadas a cargos del PP y pruebas sin control: así privatizó Zaplana las resonancias magnéticas en los hospitales públicos

“El proceso de licitación y adjudicación de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos fue un traje a medida para darle el negocio a determinados señores con el consiguiente perjuicio para el paciente por el defeciente servicio que se le prestaba, para los profesionales del sector público por el veto que suponía para acceder a esta técnica y para la administración por el elevado coste económico que ha supuesto”.

Así resume Isabel González, exgerente del hospital de Alzira ahora jubilada, lo que supuso la privatización del servicio de resonancias magnéticas que impulsó el expresidente de la Generalitat Valenciana del PP, Eduardo Zaplana, en el año 2000, y que el próximo 15 de diciembre recuperará para la gestión publica el Gobierno valenciano del Pacto de Botánico, presidido por Ximo Puig.

El también exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, investigado en el marco del caso Erial por las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico, impulsó el primer caso de hospital público de gestión privada en Alzira, un modelo que el PP extendió a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises, y que ha supuesto un coste no previsto de 118 millones de euros para las arcas públicas. El Consell ya ha recuperado la gestión de los departamentos de Alzira y Torrevieja.

González, junto a otros destacados radiólogos como el jefe de servicio de radiología pediátrica de La Fe, Héctor Cortina, formaba parte de la Agrupación de Radiólogos de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, una de las plataformas que más se movilizó contra la concesión de este servicio al sector privado, en lugar de extender esta tecnología, entonces la más avanzada, a la red pública. En aquel momento, solo existía una máquina de resonancias magnéticas en el hospital Doctor Peset, en València.

“Todo se gestó unos años antes del 2000, cuando vimos que iban a sacar a concurso este servicio nos movilizamos, incluso nos llegamos a encerrar en La Fe; teníamos el apoyo de la Sociedad Española de Radiología, pero pese a todos los argumentos de peso que dimos, no hubo manera de revertir una decisión que ya estaba tomada”, recuerda González.

“Aunque se presentaron muchas empresas al concurso, todos sabíamos que se iba a adjudicar a las tres empresas: Eresa que se quedó con las resonancias de Castellón y Valencia ya tuvo un concierto en el Hospital General de València, en ese momento dependiente de la Diputación cuando estuvo presidida por Francisco Blasco, hermano de Rafael Blasco; en Alicante los adjudicatarios fueron Iscanner, fundada por el ex diputado del PP en las Corts Valencianes Luis Concepción, y Beanaca, cuyo responsable en aquel momento era, Carlos Paz, una persona estrechamente relacionada con Zaplana”, afirma.

Según González, en la práctica la gestión indirecta de las resonancias ha supuesto “un atraso de 20 años en materia de radiología para la Comunitat Valenciana”. Y es que, el negocio para las empresas era redondo: “Solo ponían los equipos y el personal técnico y médico, el gasto en luz, agua, líneas de teléfono, oxígeno y los anestesistas y celadores los ponía la administración, pese al elevado coste de cada resonancia, muy por encima del precio de mercado. Además, por ejemplo, a los pacientes ingresados en el Hospital de San Juan tenían que llevarles al de Alicante cada vez que había que hacerles una resonancia”.

De hecho, el coste inicial para la Generalitat Valenciana de la gestión privada de las pruebas se presupuestó en 167 millones entre el año 2000 y el 2008, pero finalmente esta cifra se rebasó en 100 millones en favor de las empresas adjudicatarias, principalmente por la elevada cifra de resonancias que se realizaban y por su elevado coste.

En aquel momento, la Comunitat Valenciana se situó a la cabeza en la tasa de resonancias por 1.000 habitantes con 70 exploraciones frente a las 35 de la media nacional. El único hospital que contaba con un equipo público en la Comunidad Valenciana, el Doctor Peset, de València, practicaba unas 27 exploraciones de media.

Además, según González, quien también fue gerente del Hospital de San Juan, mientras el precio medio por resonancia en este centro fue de 257 euros con el servicio privatizado, cuando en 2013 lograron que la Conselleria de Sanidad instalara un equipo de resoncias de gestión pública, el coste medio se redujo a 140 euros: “La misma empresa Eresa que aquí hacía una prueba simple por 180 euros, lo que ya se consideraba una barbaridad, se presentó a un concurso en Málaga donde ofertó a 95 euros”.

Pese a todo, en 2008, una vez finalizado el contrato, el Consell, entonces con Francisco Camps a la cabeza, volvió a sacar el servicio a concurso por un importe global de 497 millones. Los adjudicatarios fueron una vez más, Inscanner, Beanaca, Eresa y además Ribera Salud, agrupados en la unión temporal de empresas (UTE) Erescanner Salud.

Según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”.

Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

El informe aborda también los controles que la conselleria ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.