Estados sin territorio y 'refugiados de impacto': el choque de un cometa contra la Tierra encontraría un gran vacío legal

El cometa Neowise al atardecer por el cielo de La Palma en el verano de 2020.

elDiariocv

València —

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La investigadora de la Universitat de València Elisa Simó Soler y el investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona Eloy Peña Asensio han publicado un trabajo en la revista científica 'Acta Astronautica' en el que analizan los marcos normativos sociales que habría que crear si un cometa se dirigiera a la Tierra. Simó, principal autora del artículo, es investigadora y profesora de Derecho en la Universitat de València; y Peña, coautor del trabajo, es ingeniero Aeroespacial e investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Instituto de Ciencias del Espacio (IEEC-CSIC).

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Simó y Peña llevan un año analizando las consecuencias político-jurídicas que tendría el impacto de un cometa. Una de sus principales aportaciones ha sido acuñar el término 'refugiados de impacto'. Algunas de las consecuencias políticas y sociales pueden ser los movimientos migratorios, creando el término de 'refugiado de impacto' o la posibilidad de que existan Estados sin territorio después de quedar devastados.

Tal como explica la investigadora, en un hipotético contexto de colisión de un asteroide contra la Tierra, han examinado diferentes escenarios y sus implicaciones político-jurídicas: desde un conflicto de intereses por los métodos utilizados (nuclear o daños a terceros), los monopolios de poder en la toma de decisiones y las posibles compensaciones a los actores “salvadores”, hasta fenómenos migratorios a causa de la alerta de impacto y la configuración de Estados sin territorio. “En el paper nos apoyamos y encontramos analogías con la todavía no reconocida figura de refugiado climático”, apunta Simó.

No hay marco normativo

En la actualidad no hay un marco normativo preventivo en caso de que se produjera una catástrofe de este tipo ni ningún procedimiento jurídico y político que avale la técnica de desviación.

La investigación está enmarcada en un análisis riguroso de las capacidades científico-técnicas actuales en Defensa Planetaria. Uno de los puntos fuertes del estudio es la confluencia de dos áreas aparentemente muy alejadas como son el derecho y la astrofísica.

Según Simó y Peña, lejos de la caricatura hollywoodiense de los escenarios apocalípticos, para la comunidad científica no solo es una cuestión de relevancia sino de preocupación.

Una muestra de esto es la misión espacial DART, recientemente lanzada para hacer un ensayo de desviación de un asteroide. Se estima que un 10% de los objetos potencialmente peligrosos están todavía por descubrir y que la probabilidad de un asteroide con capacidad de producir un impacto contra la Tierra es de un 1% en los próximos 50 años.

Más pronto o más tarde la humanidad se tendrá que enfrentar a una alerta de impacto cósmico y “tendremos que tener la mejor preparación no solo técnica sino legal y política para poder asegurar los derechos de las personas. De aquí la necesidad de que el Derecho forme parte de esta discusión”, explica la investigadora de la Universitat de València.

Las conclusiones obtenidas son la necesidad de crear un marco normativo que parta de la base de la protección de los derechos humanos y generar sistemas para la toma de decisiones de desviación de objetos potencialmente peligrosos.

Otras reflexiones que se plantean, según los autores del estudio, es la importancia de la anticipación y prospectiva para poder generar este marco normativo lo más garantista posible de los derechos humanos. O también el cambio de paradigma respecto a la actuación del derecho. “Aunque normalmente se dice que el derecho da respuesta a una demanda social, en un escenario de impacto sería inimaginable esperar la colisión para posteriormente regular”, apunta Simó.

Además, la investigadora añade que “es imprescindible generar un sistema para la toma de decisiones que sea lo más democrático posible, teniendo en cuenta los conflictos geopolíticos y a la posible vulneración de normativa internacional, así como a la diferente capacidad de defensa que tienen los Estados”.

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