Cuando 30 euros te separan de pagar el alquiler

“La Nina (nombre ficticio) vio el piso vacío y se metió, de patada, ¡eso no está bien! Sí que tiene hijos, pero ya había otra familia que lo estaba esperando”. “Mi hermana, con 480 euros de pensión, quita el hambre de mi casa, que somos cuatro. Y no puede pagar el alquiler porque quiere que su nieta vaya a la universidad, ¿usted podría hacer algo?”. “Yo volví después de diez meses en otra ciudad y me encontré con que mi cerradura estaba rota porque la habían forzado, ¡casi se me meten!”. “Yo vivo de los 50 euros que me da mi suegra”.

Quienes pronuncian estas frases miran con gesto entre temeroso e ilusionado al técnico del EIGE -la empresa pública de vivienda de la Generalitat- que los atiende. Son inquilinos de las 161 viviendas que la administración autonómica posee en el barrio de San Lorenzo, uno de los más deprimidos de Castellón. Todos están sentados en torno a una mesa de un centro social de la ciudad, donde el EIGE los ha convocado para darles alternativas de pago a su deuda, generada por no poder pagar el alquiler.

El encuentro es una novedad. Según los vecinos, y otras fuentes conocedoras de la situación, hace muchos años que desde la entidad pública no se tiene una iniciativa semejante. Hasta ahora, se habían enviado cartas conminatorias de pago, en las que se invitaba a los vecinos a reuniones particulares para negociar lo que deben. En algunos casos, la cifra llega a los 3.000 euros, una fortuna para ellos. Los inquilinos se quejan de que los requisitos eran demasiado rígidos: “Yo intenté pagar 600 euros una vez que conseguí juntarlos, pero me dijeron que o lo pagaba todo, o nada”, cuenta una de ellos.

El resultado es que la deuda seguía creciendo. Y con ella, el temor de la mayor parte de los inquilinos a ser desahuciados. Y el pasotismo de una parte de ellos, que no acuden a la reunión, y que han decidido ignorar su propia situación. “En el bloque hay quien dice que no pasa nada si no pagas”, dice una vecina moviendo la cabeza. A esta creencia colabora el hecho que desde 2008 la empresa pública no ha impulsado ningún desalojo. “Antes, había pleno empleo. Pero desde ese año, sabemos que es imposible que estas personas encuentren trabajo”, reconocen fuentes del EIGE.

Objetivo: facilitar el pago

Desde hace unas semanas, la empresa pública ha cambiado de estrategia. Según informan desde la Conselleria de Vivienda, se ha iniciado “una campaña de información para las personas que vivan en alquiler y que puedan acogerse a las bonificaciones del 90% de la renta”. Estos descuentos ya existían con anterioridad. La diferencia es que antes de empezar a tramitarlos, los inquilinos tenían que comprometerse a pagar la deuda a través de recibos mensuales que eran demasiado altos para ellos. Ahora, todo se hace a la vez: los vecinos reconocen la deuda, pero ya con el descuento efectuado.

Los asistentes a la reunión respiran con alivio cuando escuchan decir al técnico que su alquiler puede quedarse en menos de diez euros. Pero en algunas caras se dibuja la angustia cuando les explica que deberían pagar también la deuda en plazos de un mínimo de 30. Una de las mujeres vive con su pareja y su hija gracias a los 50 euros que le da su suegra al mes. Pone los ojos en blanco cuando rememora lo que oye en las noticias: “¡Y la gente se queja de los 420 euros!”. El técnico explica que se tratará caso por caso: “Con un informe de los servicios sociales que acredite su situación, podemos bajar esa cifra”. Los vecinos salen de la reunión con esperanza.

Un barrio que avanza, pero con la tenaza del paro

Durante el encuentro, los comentarios de los asistentes han dibujado el panorama del Grupo San Lorenzo. Las 161 viviendas de la Generalitat están agrupadas en seis bloques de seis plantas cada una. Se construyeron en los años 80 alejados del casco urbano y frente al núcleo preexistente del barrio, un conjunto de casas individuales construidas en los años 60 por inmigrantes provenientes de otras provincias españolas. Cuando la Generalitat construyó los nuevos edificios, no hubo ningún plan de trabajo social para atender a los nuevos inquilinos, ni a su interacción con los antiguos moradores del barrio. El resultado es que los seis bloques se convirtieron en un gueto de delincuencia.

En los años siguientes, hubo una dura tarea de los servicios sociales del Ayuntamiento y varias ONG, agrupadas en el “proyecto Taula” para coordinar esfuerzos. Entre los logros están el fin del tráfico de drogas y la escolarización de los niños. Ahora hay novedades que invitan a la esperanza: por primera vez hay un AMPA, funciona una ludoteca para los niños por las tardes y la UJI tiene un programa de “pisos solidarios”. De forma que ya no hay violencia, pero sí mucha miseria y, sobre todo, desempleo.

La palabra “paro” es la más citada por los asistentes a la reunión con el técnico de la Generalitat. Uno de los vecinos, de 50 años y etnia gitana, está sin trabajo desde hace ocho años. Vive con su mujer y sus dos hijas en uno de los pisos, y come gracias al dinero que le da su suegro. Otra de las asistentes, que supera los cuarenta, está en el paro desde hace dos años. La otra palabra que más veces sale en la conversación es “patada” en referencia a las ocupaciones ilegales de viviendas: “La gente se mete en un piso cuando está vacío”. A veces es por necesidad, pero otras “se llevan hasta las puertas y las ventanas cuando les obligan a irse”.

Viviendas autonómicas con morosidad y ocupaciones

Esta situación se ha visto potenciada por la desidia que, según distintas fuentes, ha mostrado el EIGE durante los últimos años. “Ha tenido muy abandonado el barrio. Faltaba atención al estado de las viviendas y sobre todo atención de tú a tú de los inspectores con los vecinos”, explican personas conocedoras de la situación. “Se ha dejado que año tras año no se pagara el alquiler. No se ha informado a la gente de las bonificaciones y han acumulado deudas”, se lamenta Alfonso Guerrero, que fue presidente de la asociación de vecinos hasta el pasado mes de diciembre y ahora asegura que habla “por boca de los vecinos gitanos”, etnia de muchos de los habitantes de los bloques.

Según la Generalitat, el objetivo es cambiar esa situación. Por eso, se están celebrando de forma sistemática estas reuniones colectivas en todas las ciudades en las que esta administración posee viviendas, previas a encuentros con cada uno de los inquilinos para tratar su caso. Otro de los grandes avances es presupuestar dinero para rehabilitar viviendas. Y avanzar en los grandes problemas que se ha encontrado la conselleria en su parque público de pisos: una elevada tasa de desocupación (más del 45% de las viviendas), alta tasa de morosidad y, en determinados casos, ocupación y vandalismo. Las soluciones, promete la consellera de Vivienda, María José Salvador, llegará con su “Plan de Dignificación de la Vivienda Social”.

Mientras, las esperanzas de los vecinos están puestas en el plan de bonificaciones de la Generalitat. Y, sobre todo, en la esperanza de encontrar empleo. En los seis bloques de la administración autonómica vive gran cantidad de personas muy jóvenes que no tienen trabajo. “No tienen trabajo, así que no tienen dinero. No pueden pagar el alquiler ni invertir en la formación de sus hijos”, resumen fuentes conocedoras de la situación de los vecinos. Concluyen que el empleo es el mayor reto de todos los recursos sociales que están al servicio del barrio.