La larga cruzada de un juez de Alicante contra el uso del valenciano en la Administración

El magistrado José María Aristóteles Magán, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, vuelve a la carga contra el uso del valenciano por parte de la Administración autonómica. Magán, según ha adelantado Las Provincias, ha anulado una resolución de la Conselleria de Justicia por estar dictada solo en valenciano. La demandante impugnó una resolución del departamento que dirige la consellera Gabriela Bravo en la que se desestimaba un recurso anterior contra la modificación de la clasificación de su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería.

El juez considera “nulo de pleno derecho” todo el expediente tramitado, “al haber impuesto la Administración unilateralmente la lengua valenciana, sin respetar la opción por la lengua castellana utilizada por el ciudadano”. “La tramitación del expediente”, añade, “pone de manifiesto que la lengua utilizada por la Generalidad Valenciana para dar respuesta tanto a la solicitud como al recurso de la parte actora ha sido el valenciano, cuestión perfectamente legítima y amparada por la normativa estatal y autonómica sobre el uso de las lenguas autonómicas cooficiales junto con el castellano”.

José María Aristóteles Magán acumula una larga lista de conflictos por motivos lingüísticos. Cuando estaba destinado en Lleida, fue sancionado con seis meses de suspensión en 2013 por el poder judicial por menospreciar continuamente a la Generalitat de Catalunya y la lengua catalana. El castigo fue ratificado por el Tribunal Supremo.

“No me arrepiento de nada. (...) Se puede decir más alto pero no más claro: punto y final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y excluyente”, dijo el juez en una entrevista en Las Provincias. Magán optó por pedir el traslado a Alicante: “Allí será todo mucho más tranquilo”, aseguraba en la misma entrevista. 

Sin embargo, en su nuevo destino, el magistrado ha tenido nuevos tira y afloja con la Administración autonómica, esta vez con la valenciana, que comparte lengua con su homóloga del norte. Así, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante requirió a la Generalitat de Catalunya la traducción al castellano de un escrito redactado en catalán con el argumento de que esa lengua no es cooficial ni goza de reconocimiento legal en la Comunitat Valenciana.

La última polémica ha venido a cuenta de una demanda de una enfermera contra la Conselleria de Justicia. “El problema jurídico” se plantea cuando en el expediente se ve “claramente” que “en absolutamente todas” las ocasiones en las que la parte recurrente se ha dirigido a la Administración demandada “lo ha hecho utilizando únicamente la lengua castellana, y sin embargo, la respuesta que le ha dado la Administración autonómica ha sido únicamente en lengua valenciana, sin respetar el derecho de opción lingüística del expedientado”, explica el juez en su sentencia.

El juez, eso sí, reconoce que “el uso de la lengua valenciana por cualquier Administración ubicada la Comunidad Valenciana es perfectamente legítimo”. “De hecho”, agrega, “este mismo Juzgado ha dictado varias sentencias en valenciano cuando así lo han solicitado de común acuerdo las partes litigantes”. Magán, sin embargo, recalca en su fallo que “lo que ya no está tan claro es que cuando un ciudadano se dirige repetidas veces a una Administración en lengua castellana reciba como única respuesta una contestación dada en otra lengua que no es la elegida por el ciudadano”.