Incendios: la culpa es de todos menos de quien la tiene

Menuda semanita por los incendios. Y no lo digo por los bomberos, inflándose a bocadillos de chorizo medio podridos, durmiendo tan ricamente en el campo y cobrando la hora extra a euro y medio. No, mi solidaridad es con esos jornaleros del embuste intentando convencernos de que la culpa es, una vez más, de todos menos de los que tenían la responsabilidad de evitar que medio país haya sido pasto de las llamas.

El guion es el de siempre. Primero, la ceremonia de la confusión. Muy bien por la condesa de Bornos, Grande de España y de Cuatro, Esperanza Aguirre, explicándonos que la Unidad Militar de Emergencias no forma parte del ejército. Muy bien también a Elías Bendodo llamando pirómana a la directora de Protección Civil Virgina Barcones, que se ha dejado la piel en la emergencia. Mención aparte para Andrea Levy gritando en un programa, en modo yonqui-que-te-rajo, al alcalde de un pueblo arrasado por las llamas por denunciar que la Junta había publicado un anuncio en Infojobs pidiendo en pleno incendio peones forestales sin experiencia. Para ponerse así, mejor drogarse. Se lo digo como amigo, que por ahí yo también he pasado.

Luego, el más difícil todavía. Aunque no tanto si pensamos en la legión de periodistas dispuestos a sumarse al aquelarre a cambio de un terrón de azúcar. La clave está en atacar por dos frentes. El primero es echarle la culpa de todo al gobierno central. Que la ley —de Aznar, por cierto— establezca que las competencias son autonómicas no es obstáculo para nuestros aguerridos informadores. El siguiente paso es más difícil porque hay que hacerlo sin reírse: los presidentes autonómicos son incapaces de gestionar la crisis, pero en realidad lo están haciendo bien, pues no son culpables sino las víctimas; entonces se pide que el gobierno central asuma las competencias, no sin antes tildarlo de inútil. Que los presidentes autonómicos se nieguen a pedir el nivel 3 de emergencia es un matiz que solo preocupa a los que quieran marear la perdiz.

Nada nuevo bajo el sol. Es un ejemplo más de la magnífica labor de gestión de un partido serio y centrado. En la línea de otros éxitos, del Yak 42 a la DANA pasando por la covid, solo cabe admirarse de que cuando crees que la inutilidad ha llegado a su límite natural siempre habrá un presidente autonómico del Partido Popular capaz de ir más allá. La famosa extra mile de los americanos. Sueldos de miseria para los brigadistas, montar puestos para 180 personas y que no aparezca nadie, desplazar material contra incendios para utilizarlo de decorado en una rueda de prensa, exigir recursos a Europa tres días después de que se hubieran pedido… Seguro que cada uno tiene su momento favorito.

Eso no quiere decir que no se pueda apostar por fórmulas imaginativas, como llenar los pueblos de cuadrillas de bomberos-toreros (con sus respectivas dotaciones de enanos forcados) para que compaginen la labor de polinizar de cultura los rincones más remotos de la España vaciada y, en verano, combatir los incendios. Que Juan Manuel Moreno Bonilla aprovechara precisamente una corrida (de toros) en Málaga para dar su primera rueda de prensa tras su reaparición me hace pensar que la estrategia del Partido Popular va en esa línea.

De la privatización de los servicios forestales, la madre del cordero, se ha hablado poco, supongo que para no tener que mentar al capo Florentino y su empresa Thaler, con más de 25 delegaciones por toda España y 170 millones de facturación en los últimos años. La firma presume en su web de tener un sistema puntero de detención temprana de incendios que va a resultar que, a los datos me remito, tiene amplio margen de mejora.

Pero el problema va más allá de Florentino; es un problema de modelo. En primer lugar, porque el objetivo de una empresa es aumentar sus beneficios. Si su negocio es construir helicópteros de salvamento, probablemente intentará hacer los mejores al menor coste para vender más. Pero cuando no hay margen de ganancia —como ocurre cuando apagas incendios— la única fórmula es gastar lo mínimo y cruzar los dedos para que no pase nada. Y si pasa, pues da igual, porque las probabilidades de que la cosa acabe en sanción entra dentro del campo de la ciencia ficción. Es el mismo patrón que se sigue con la educación pública, la sanidad, los centros de mayores o cualquier recurso público del que se pueda extraer hasta el tuétano.

Y luego están los iluminados del “todos son iguales”, siempre de la mano de los de “solo el pueblo salva al pueblo”, a los que les cuesta entender que no es lo mismo el que pide más bomberos que el que solo se acuerda de las brigadas en verano. Esos votan. Y precisamente porque votan a los responsables de los incendios, no les queda otra que recurrir al “todos son iguales” para quitarse de encima su responsabilidad. Si has votado al que ha dejado que te queme el bosque, cambiar tu papeleta es asumir parte de la culpa o, al menos, de la responsabilidad. Y eso jamás.

Bien que se critique a los políticos, pero no seamos tan hipócritas de privar de su momento de gloria a quienes les votan. Un buen ejemplo lo tenemos en Castilla y León, donde el sistema de privatización del servicio está particularmente extendido. En 2022, la Sierra de la Culebra sufrió en un mes dos de los mayores incendios de los que se tenía registro (y que causaron cuatro muertos). En 2019, los alegres zamoranos habían dividido su voto entre PP, Vox y PSOE: un escaño para cada uno. En 2023, viendo lo bien que había ardido el bosque, decidieron premiar a los populares con un escaño más (que perdió Vox). Así, en la provincia, Alfonso Fernández Mañueco sumó 12.701 papeletas más que cuatro años antes; el PSOE, apenas 854. Entre unas elecciones y otras, el número de sufragios aumentó en 3.337 papeletas. Todas fueron al PP de gente que pensó “hostia, ¡qué bien han quemado el bosque”, y se llegó hasta el colegio electoral para asegurarse de que el próximo incendio fuera más grande. Lo de votar al verdugo, por desgracia, eso lo hemos visto ya muchas veces… y que no lo vemos aquí en zona DANA.