El fallido proyecto Castor ha ocasionado unos gastos de explotación de al menos 43,6 millones de euros tras su cierre

El mantenimiento de las instalaciones del proyecto Castor le ha costado a la compañía Enagás, participada por el Estado, 43,6 millones de euros en cuatro años, según las auditorías de Deloitte.

El senador de Compromís Carles Mulet solicitó al Gobierno la documentación que analiza los costes de mantenimiento y operatividad del almacén subterráneo situado frente a la costa de Castelló. Así, Mulet considera “urgente e inaplazable” el desmantelamiento de las instalaciones y recuerda que Enagás sólo ha percibido 4,2 millones de beneficio industrial por gestionar estas instalaciones en su red.

El proyecto causó 519 terremotos y un juez ha procesado a los dos directivos de la empresa Escal UGS por un supuesto delito medioambiental, tal como informó este diario. El juez sostiene que, pese a los seísmos, la empresa aumentó la velocidad de la inyección de gas.

Los investigados en la causa, miembros del consejo de administración de la empresa promotora del proyecto, consideran en sus últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil que, a pesar de los seísmos que alarmaron a la población, no ocasionaron un “impacto ambiental significativo”. El almacén de gas Castor, tras su cierre, ha arrastrado unos gastos de, al menos, 43.659.712 euros, según Deloitte.

Los informes de la auditora, que abarcan desde el 2014 hasta el 2017, fueron entregados a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“no es adecuado ni puede ser utilizado para ninguna otra finalidad”, dicen) y se basan en los apuntes contables de la sociedad Enagás Transporte SAU.

Los documentos, advierte Deloitte, no son una “auditoría total” de los gastos de explotación sino “únicamente la revisión de los importes contabilizados dentro de la instalación objeto de revisión”. La auditora advierte de que podrían existir otros gastos de explotación.

El primer informe, correspondiente al 2014, alude a unos gastos de explotación de apenas 1,6 millones de euros. En realidad, Enagás fue designada como administradora del almacén de gas en diciembre de aquel año. En 2015, los gastos se disparan hasta los 18,8 millones de euros. La cifra incluye los servicios exteriores, como el arrendamiento de un helicóptero (1,4 millones de euros) y de un barco (1,9 millones).

En 2016, los gastos de explotación supusieron 13,2 millones de euros. Aquel año, el arrendamiento del helicóptero se hizo mediante adjudicación directa y se compartió con Repsol “con objeto de abaratar costes”.

Enagás rechazó asumir el pago de los impuestos sobre los bienes y las instalaciones al ser una mera administradora del almacenamiento: “Se considera que las instalaciones son propiedad del Estado”, apunta la compañía de transporte de gas natural y gestor técnico del Sistema Gasista de España. La compañía “no es responsable ni puede asumir el gasto de los impuestos IAE e IBI que consideramos son de la propiedad [Escal UGS SL]”, añade el documento.

En 2017, los gastos de explotación descendieron a los 9,8 millones. Así, durante los cuatro ejercicios auditados, el fallido proyecto Castor acarreó unos gastos de explotación de 43,6 millones de euros, aunque quizá la cifra sea más alta, tal como advierte la propia auditora.

“Los clientes siguen pagando intereses y los costes relacionados con la hibernación de las instalaciones, lo que supone estar tirando dinero al mar por mantener un fiasco en pie que encima de peligroso, es inútil”, critica el senador de Compromís Carles Mulet.