La reconstrucción tras la dana obliga a repensar el urbanismo valenciano: “No podemos volver a construir igual que antes”

La dana del 29 de octubre de 2024 no solo arrasó calles, viviendas y polígonos industriales en decenas de municipios valencianos. También dejó al descubierto las debilidades del modelo urbano construido durante décadas. Expertos y representantes del sector en la jornada de Urbanismo de reconstrucción, organizada por Leckman Urbanistas junto a la editorial Aranzadi La Ley con motivo de la presentación del libro Manual de urbanismo de reconstrucción, de Vicente J. García Nebot, coincidieron en que la recuperación no puede limitarse a reparar daños, sino que debe convertirse en una oportunidad para transformar el territorio. Relocalizar viviendas en zonas de riesgo, industrializar la construcción, digitalizar el urbanismo y reforzar la planificación preventiva son algunas de las claves para afrontar un escenario en el que los fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes.

El alcalde de Picanya, Josep Almenar, uno de los municipios golpeados por la riada, insistió en que la catástrofe ha demostrado que el urbanismo no es neutro ante un desastre natural. “La reconstrucción no puede ser volver a construir. Tiene que significar transformación y adaptación a nuestra nueva realidad”, afirmó. Almenar defendió que el modelo urbano de Picanya —con calles más amplias, menor densidad y una fuerte presencia de arbolado— ayudó a amortiguar parte de los efectos de la riada del 2024.

Según explicó, los árboles de la trama urbana actuaron como barrera frente a los materiales arrastrados por el agua. “Contuvieron coches, restos y escombros y ayudaron a proteger algunas zonas del barranco”, señaló. También influyeron las avenidas amplias, que facilitaron la entrada de los equipos de emergencia y la retirada de vehículos tras la inundación. A partir de esa experiencia, Almenar defendió que la reconstrucción debe consolidar un modelo urbano más verde y con mayor capacidad de absorción del agua.

La vivienda, el gran problema tras la dana

Más allá de infraestructuras o barrancos, uno de los efectos más profundos de la riada se está produciendo en el mercado de la vivienda. La economista urbanista Blanca Marín Ferreiro, socia de Leckman Urbanistas, advirtió de que la reconstrucción no puede entenderse solo como una cuestión de obras públicas, porque el problema que afrontan miles de familias es, sobre todo, habitacional. Según explicó, la dana afectó a unos 90 municipios de la Comunitat Valenciana, con un parque aproximado de 145.000 viviendas. Sin embargo, el impacto más severo se concentra en 15 municipios considerados zona cero, donde se agrupa cerca del 72% del parque residencial afectado, con unas 91.000 viviendas en áreas especialmente tensionadas.

Aunque no existe todavía una cifra definitiva de viviendas dañadas, los datos del Consorcio de Compensación de Seguros permiten dimensionar la magnitud del desastre. En el ámbito residencial —viviendas individuales y comunidades de propietarios— se han registrado 82.000 solicitudes de indemnización, que representan aproximadamente el 25% de los más de 4.200 millones de euros ya abonados en compensaciones. De esa cantidad, 1.095 millones corresponden directamente a viviendas. “Es importante recordar que esas cifras sólo reflejan los casos que estaban asegurados”, matizó Marín. “Hay un número significativo de viviendas que no han podido acceder a estas indemnizaciones porque no disponían de seguro”.

Para la economista, la riada ha agravado un problema que ya existía antes de la catástrofe: el déficit estructural de vivienda en el área metropolitana de Valencia. “La dana no ha creado el problema de la vivienda, pero sí lo ha agravado”, subrayó.

El impacto se ha trasladado rápidamente al mercado inmobiliario. Tras la riada, la oferta de vivienda disponible en los municipios afectados cayó alrededor de un 31%, mientras que los precios aumentaron cerca de un 18%, según datos del sector citados durante la jornada. La combinación de factores ha generado lo que Marín definió como una “tormenta perfecta”: pérdida de viviendas, aumento de la demanda por el realojo de familias y mayores restricciones urbanísticas para evitar nuevas construcciones en zonas inundables. “Nos encontramos con más demanda, menos oferta y más dificultades para desarrollar suelo, y eso ocurre en municipios que ya estaban muy tensionados”, explicó.

A esta situación se suman las limitaciones urbanísticas derivadas de la prevención del riesgo de inundación. Tras la catástrofe, cartografías como el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) o los mapas estatales de zonas inundables obligan a revisar el planeamiento en muchos municipios. En algunos casos, estas revisiones pueden implicar suspensiones temporales de licencias, incluso para rehabilitación de viviendas situadas en planta baja o en zonas con mayor exposición al riesgo. “Son medidas razonables desde el punto de vista de la seguridad, pero que también generan dificultades para la recuperación del parque residencial”, explicó Marín.

Ayuntamientos desbordados para gestionar la reconstrucción

Otro de los obstáculos que está frenando la recuperación es la capacidad administrativa de los municipios. Según advirtió Marín, muchos ayuntamientos han recibido recursos económicos para afrontar proyectos de reconstrucción, pero carecen de personal técnico suficiente para gestionar el volumen de expedientes generado por la emergencia. “Los ayuntamientos tienen recursos en caja, pero están colapsados administrativamente”, señaló.

Este cuello de botella afecta a la tramitación de licencias, proyectos urbanísticos y actuaciones de rehabilitación, lo que ralentiza la recuperación de viviendas dañadas. Ante esta situación, Marín planteó varias líneas de actuación para ampliar la oferta residencial. Una de ellas pasa por movilizar el parque de viviendas vacías, que en muchas ciudades representa entre el 12% y el 20% del total, mediante programas de alquiler seguro o incentivos fiscales. Otra consiste en activar el patrimonio público de suelo de los ayuntamientos para promover vivienda asequible. “En un contexto de tensión del mercado, esos suelos no pueden permanecer ociosos”, advirtió.

La economista también defendió la necesidad de un plan de vivienda específico para las zonas afectadas por la dana y de reforzar el apoyo administrativo a los municipios. “Igual que existe la UME para emergencias, quizá deberíamos pensar en algún tipo de unidad administrativa que ayude a gestionar esta avalancha de expedientes”, planteó. “Si no resolvemos el problema de la vivienda, la recuperación de estos municipios será mucho más lenta”.

La reconstrucción también abre el debate sobre cómo acelerar la construcción de vivienda. El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana, Francisco Zamora, advirtió de que el modelo tradicional tiene dificultades para responder al aumento de la demanda residencial. Por ello defendió apostar por la industrialización de la vivienda, un sistema que permite fabricar parte de los edificios en fábricas para después ensamblarlos en su ubicación definitiva, reduciendo tiempos de obra. El especialista en vivienda modular Rubén Pons añadió que la Comunitat Valenciana dispone de una base industrial capaz de impulsar este modelo y aseguró que la tecnología ya permite levantar edificios completos en plazos mucho más cortos si se adaptan los procesos constructivos.

Digitalizar el urbanismo para anticipar riesgos

Pero la transformación del modelo urbano no depende solo de cómo se construye, sino también de cómo se gestiona la información del territorio. El especialista en planificación digital Pablo Cereijo subrayó que muchas administraciones siguen trabajando con datos fragmentados y difíciles de interpretar. Para Cereijo, la digitalización del planeamiento urbanístico permitiría integrar información sobre suelos disponibles, zonas inundables o infraestructuras en una misma base de datos. “La dana no es solo un fenómeno climático; también es un problema de desinformación”, afirmó. Disponer de datos actualizados permitiría anticipar riesgos, tomar decisiones más rápidas en situaciones de emergencia y agilizar la tramitación de licencias urbanísticas, uno de los principales obstáculos para la promoción de vivienda.