La renta básica universal busca impulso ciudadano para llegar a Bruselas

El pasado 22 de junio, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós comparecía en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados para defender la Renta Básica Universal (RBU), frente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está introduciendo el gobierno de España. Explicó el también presidente de la Red Renta Básica que el IMV llegará únicamente a “menos del 25% de las personas oficialmente pobres”, teniendo en cuenta los datos de la pobreza de 2019, es decir, sin contar los que ha provocado la pandemia.

Partiendo de que el IMV “no es un subsidio para la pobreza, sino para la extrema pobreza”, llegó a decir, numerosos expertos defienden la necesidad de la aplicación para toda la población de la Renta Básica Universal, actualmente contemplada en una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que se está encargando desde el pasado 25 de septiembre de recoger firmas en todos los estados miembros. Si superan en un año el millón de apoyos, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo deberán estudiar la medida y posicionarse a favor o en contra. 

De momento ya han superado las 31.000 firmas, de las que casi 6.000 pertenecen a España, seguida de Grecia y Portugal. Los promotores son optimistas porque cada vez hay más adeptos de una propuesta que, en el anterior intento, en 2013, se quedó en 285.000 firmas, Recuerdan que ahora el 56% de la población estaría “bastante de acuerdo” con la puesta en marcha de una renta básica de más de 700 euros como un derecho de la ciudadanía a través de una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de las personas más ricas frente al resto, según un estudio de IPSOS que recoge Europa Press.

¿Pero, qué es exactamente? “La Renta Básica Universal e Incondicional es una asignación monetaria que da el Estado a todos los ciudadanos legales de ese país”, explica Ángel Bravo, el coordinador de la Iniciativa Ciudadana Europea en España. Este tipo de renta tiene, en resumen, cuatro características que la distinguen de cualquier otro subsidio, incluido el IMV.

La primera de ellas, aduce, es que es incondicional, esto es, no hay que cumplir ninguna condición para que te lo den. “Las rentas condicionadas han demostrado muchas veces que son totalmente insuficientes tanto para la población que cubren como en la cuantía económica porque siempre están por debajo del umbral de la pobreza”, apunta este profesor jubilado. 

“Además, como estamos viendo con el Ingreso Mínimo Vital, se necesita un montón de papeleo por parte de la administración, que analiza cada caso para que al final te la den o no”, añade en alusión al atasco burocrático que está generando la medida estrella del gobierno de Sánchez e Iglesias, “y a veces llega la resolución año y medio después, cuando la persona incluso ya ha fallecido”. “Además, está demostrado que las rentas condicionadas no sirven realmente para nada, no ayudan a la gente a salir de la situación de carencia…”, puntualiza.

Otra característica es, como ya se ha mencionado, su universalidad, por lo que accederían a ella tanto personas ricas como pobres. A este respecto, Raventós se anticipó en el Congreso a “la perplejidad” que podía causar entre la población una medida de este tipo al poner como ejemplo que en España la sanidad pública también es universal, “y ha demostrado su utilidad”. “Así como a una persona pudiente no se le cuestiona que vaya a un hospital público pudiendo tener acceso a la sanidad privada, esto es igual”, prosigue Bravo.

Otro factor diferencial es que la Renta Básica Universal es individual, factor que no ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, que se reconoce en función de la unidad familiar. En el caso de los menores de 18 años, accederían al 20% de la RBU, concreta Ángel Bravo. Por último, los defensores de la RBU insisten en que su cuantía económica “debe ser suficiente, es decir, por lo menos el mínimo del umbral de la pobreza en cada país que determina el Eurostat”. En España está fijado en 739 euros al mes para un hogar formado por una sola persona. Frente a estas cifras, el actual Ingreso Mínimo Vital está fijado en 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 por unidad familiar.

¿Cómo se financiaría?

“Dinero hay de sobra, solo hace falta un reparto equitativo”, responde Sonia Jaén, activista por la RBU en la provincia de Alicante. Su financiación pasaría por una reforma fiscal progresiva “en la que las grandes fortunas sean las que paguen más”. “Si se impone un impuesto del 10% a la decila más rica en el patrimonio de la población de España, sin contar su vivienda, se recaudarían más de 96.000 millones, más que las pensiones de jubilación, eso que no se puede pagar, según algunos”, explicó Daniel Raventós en la comisión.

También se introduciría un impuesto a las mercancías de lujo. “Si tienes dinero para pagarte un móvil caro, por ejemplo, ¿no puedes pagar un poco más?” Se pregunta Jaén. “Ahora, más que nunca con la pandemia debemos defender ese reparto de la riqueza y hacer valer el eslogan de no dejar a nadie detrás para que sea de una realidad”, concluye.