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Un concejal de Vox de València denuncia ante la Fiscalía al partido de Abascal por financiación ilegal, malversación y banda criminal

El concejal de Vox en València, Vicente Montañez.

Carlos Navarro Castelló

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“Por medio del presente escrito pongo en conocimiento del Ministerio Fiscal una serie de hechos para que, estudiados y contrastados, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, proceda a la práctica de cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de las conductas que se exponen, que indiciariamente podrían ser constitutivos de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal”. Así comienza la denuncia que este viernes ha formulado ante la Fiscalía Anticorrupción el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Vicente Montañez, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El documento de 10 páginas relata cómo el partido que dirige Santiago Abascal, tras las elecciones de 2019, trató de articular un mecanismo para absorber las aportaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios y municipales de las diferentes cámaras autonómicas y ayuntamientos.

Tras poner de relieve que el grupo municipal de València (como los del resto de los ayuntamientos más importantes) recibió una circular con el procedimiento a seguir para transferir los ingresos al partido y que, tras realizar la pertinente consulta con los servicios jurídicos municipales, se negó al ser un procedimiento contrario a derecho, la denuncia explica que se citó a los diferentes diputados y concejales a una reunión virtual que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020.

Montañez relata con todo lujo de detalles la mencionada reunión e incluso aporta como prueba los audios de la misma. En ella, el gerente de la formación de extrema derecha, Juanjo Aizcorbe, y el secretario general, Javier Ortega Smith, solicitan a los diputados y concejales que transfieran al partido la subvención de los grupos municipales o parlamentarios como convenios de colaboración.

Según la denuncia, en el encuentro, Aizcorbe explica que en 2019 se perdieron las subvenciones a los grupos municipales, y que con las devoluciones de las cantidades no gastadas “no ha salido beneficiado ni el proyecto político de Vox ni el ciudadano”.

Esto es lo que pone en marcha la búsqueda de una fórmula de “financiación de los partidos políticos” (en clara alusión a Vox) con las aportaciones de los grupos municipales y los grupos parlamentarios. Así mismo, reconoce que en los grupos parlamentarios ya se han suscrito los convenios de colaboración a “través de los cuales recibe el partido unos ingresos que vienen de los grupos municipales y parlamentarios y tienen la contrapartida de unos servicios”. Y luego, siempre según la denuncia, reconoce que “el dinero que se perdió el año pasado que no fue al partido y que sí que fue a las instituciones”. Esto supone claramente, según el denunciante, un interés de articular un mecanismo para vaciar las arcas de los grupos municipales en beneficio de la financiación del partido político, “siendo esto un claro ejemplo de financiación ilegal de partidos”.

Para finalizar, manifiesta en dicha reunión Javier Ortega Smith: “Los convenios ayudarán a reforzar nuestro equipo municipal”. Y añade: “Tenemos cifs diferentes, somos un único proyecto…”. Por eso, refrenda y respalda la propuesta y anima a firmar los convenios de colaboración, ya que hay que ser conscientes de que todo “cuesta dinero, y que todos nos hemos acostumbrado a que vienen unas elecciones y tenemos un equipo de comunicación que diseña una campañas…. pero todo eso no cae del cielo, todo eso por lo que cada uno es concejal viene dado por una estructura nacional”. Ortega Smith deja caer que ha de pagarse desde los grupos municipales, “lo que a todas luces podría ser una malversación de caudales públicos”, dice la denuncia.

“De lo expuesto anteriormente, se desprende que Vox establece un claro entramado para malversar fondos públicos procedentes de los grupos municipales, de una forma organizada (participando de forma activa sus máximos dirigentes), con la utilización de malas artes orientadas a engañar y extorsionar con la no pertenencia o lo que sería peor, con no contar en el próximo mandato con aquellos que no estén dispuestos a someterse a la comisión de los presuntos delitos”, reza el documento presentado a la Fiscalía.

Además, Montañez afirma en la denuncia que “tras las reiteradas negativas del denunciante a participar en las continuas llamadas por parte del Área de Coordinación Intermunicipal (ACI) y sus responsables por indicaciones expresas de la cúpula del partido Vox en distintos modelos de financiación ilegal del partido, ha sido acosado y humillado en privado y públicamente y avisado en numerosas ocasiones que, de no colaborar, el partido no contará con él para las próximas listas”.

A continuación, el documento pone de relieve que, como informó elDiario.es, el 6 de octubre de 2022 la dirección del partido remite una factura de 8.239 euros para que se sufrague desde el grupo municipal de València “por servicios que no habían sido ni solicitados, ni prestados, ni presupuestados en ningún momento”.

Por tanto, según la denuncia: “Dado que ningún servicio al amparo de los convenios ni de esta asignación de costes había sido realizado, ni existía soporte documental alguno, no podía ser dispuesta la asignación por parte del partido político Vox, situación que como he demostrado era conocida por todos los miembros implicados de la organización y se pretendía, mediante el engaño y la presión, hacerme incurrir en uno o varios ilícitos penales, bajo el chantaje de no seguir en próximas listas”.

La denuncia recoge otro ejemplo de estas prácticas en Alzira: “Informado por compañeros de otras poblaciones como es el caso de Alzira, me facilitan documentación probatoria de que la asignación de los grupos municipales se estaba malversando para el pago de sedes del partido político, bajo la amenaza a los concejales de no contar con aquellos que no participaran en la financiación de las sedes. Un ejemplo es el de la sede de Alzira, donde aportamos como documento el contrato de arrendamiento suscrito el 12 de junio de 2020 [...] por importe de 3000 euros anuales”.

Por todo lo expuesto, Montañez pide a la Fiscalía por medio de la denuncia que “se sirva admitirlo, dicte decreto de apertura especificando los hechos a investigar, las identidades de las personas investigadas y la calificación jurídica, sin perjuicio de ulterior calificación y tramitado todo que sea de oficio, practique cuantas diligencias de Investigación procedan y finalmente interponga ante el Juzgado competente las acciones legales que correspondan para la depuración de las responsabilidades penales si existieren”.

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