La Intervención cifra en 89 millones el coste de la ZAL de València para las arcas públicas si el Supremo confirma su ilegalidad

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València lleva camino de convertirse en uno de los mayores fiascos perpetrados en la Comunitat Valenciana. El proyecto aprobado a finales de los años 90 con el PP ya en la Generalitat y en el Ayuntamiento arrasó 70 hectáreas de huerta productiva en La Punta y expulsó de sus viviendas a 147 familias con la habitual política de hechos consumados que utiliza la Autoridad Portuaria de València (APV) para sacar adelante la mayoría de sus proyectos.

La infraestructura, sin embargo, lleva 24 años paralizada por diversas sentencias judiciales tras una inversión de 166 millones de euros. Un gasto público al que podrían sumarse otros 89 millones si el Tribunal Supremo confirma la última sentencia de marzo del pasado año del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que volvió a declarar ilegal el polígono por estar asentado sobre terrenos no urbanizables de especial protección y por haberse tramitado con una Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) simplificada, en lugar de ordinaria.

Así se desprende de la auditoría de la Intervención General del Estado sobre las cuentas del año 2021 de la APV, documento requerido por el senador de Compromís, Carles Mulet, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Según el informe, “la trascendencia de los efectos de la sentencia en la viabilidad de Valencia Plataforma Intermodal (VPI)” supondría “la pérdida de los activos financieros que representan para la APV la participación del 98,40% de VPI con un valor neto contable de 89.219 miles de euros a 31 de diciembre de 2021”, es decir, 89,2 millones de euros. De ellos, 44,2 millones correspondientes al valor de las parcelas serían repercutibles a la Sociedad Pública Empresarial del Suelo (Sepes).

En concreto, el documento explica que “el 31 de marzo de 2022 se ha publicado la sentencia nº 216 de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV que anula el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València” donde “la VPI tiene registradas en esa zona terrenos por un valor neto contable de 44.227 miles de euros (44,2 millones) a 31 de diciembre de 2021”. La sentencia está recurrida ante el Supremo por la APV y por la Generalitat Valenciana, por lo que el interventor afirma que “en tanto no se admita y resuelva dicho recurso no se puede concluir sobre la razonabilidad del valor de dichos terrenos”, puesto que habría que actualizarlo.

Las actuaciones urbanística sobre los terrenos afectados por el Plan Especial anulado, fueron realizadas por la Sociedad Pública Empresarial del Suelo (Sepes). “Esta última se responsabiliza de restituir el precio de las parcelas, actualizado al tiempo de evicción en caso de producirse la pérdida total o parcial de las parcelas a causa de cualquier procedimiento administrativo o judicial con motivo de la expropiación de los terrenos”, apunta.

Ya en el apartado de recomendaciones, el informe considera que “dicha sentencia puede tener significativos cambios en las valoraciones contables, además de limitar gravemente el desarrollo de la VPI” y añade que “la posible evicción a efectuar por el SEPES resulta incierta, por lo que se recomienda se estime la procedencia de la misma y se analice un posible valor de evicción de acuerdo con los compromisos firmados con el Sepes”.

Tras hacerse pública la sentencia, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, aseguró que se tramitaría un tercer Plan Especial para dar cobertura legal a la ZAL, a pesar de los reiterados fallos judiciales en contra, lo que se puede considerar una maniobra para evitar hacer frente a las mencionadas pérdidas. Además, se desconoce si se han iniciado ya los trámites de redacción del plan.

Por otra parte, a preguntas del senador Mulet sobre la situación de la ZAL, el Gobierno ha afirmado que desde el punto vista técnico de Sepes, “la actuación consiste en un ámbito totalmente transformado por grandes infraestructuras no siendo posible la restitución in natura de los terrenos”.