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Joan Ribó traslada al Gobierno, al Puerto de València y a la Generalitat su oposición a la polémica ampliación portuaria

El alcalde de València, Joan Ribó, en una reunión reciente con el Puerto de València, con su presidente, Aurelio Martínez, al fondo.

Carlos Navarro Castelló

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La falta de apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la división en el seno del Gobierno Catalán fue el principal argumento esgrimido por el ejecutivo que preside Pedro Sánchez para descartar la anunciada ampliación del aeropouerto de El Prat con una inversión de 1.700 millones de euros. La posible afectación medioambiental del espacio protegido de la Ricarda, en las inmediaciones de la pista que se preveía ampliar, fueron el foco de la polémica.

Una situación muy similar a la que se produce en el caso de la polémica ampliación del Puerto de València, que amenaza con dañar al Parque Natural de la Albufera, sin que por el momento el Gobierno central haya desistido en su ampliación. De hecho, los presupuestos generales del Estado recientemente presentados prevén una partida para los próximos cuatro años de 265 millones de euros, pese a las incertidumbres que rodean al proyecto, investigado por el Tribunal de Cuentas y por la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó, ha querido dejar patente de forma oficial y por escrito su oposición al proyecto tal y como está planteado, es decir, con importantes cambios con respecto al que obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en 2007 y sin estudios de movilidad que lo avalen.

Para ello, ha remitido una carta a todas las administraciones implicadas, en concreto, a los ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de Transición Ecológica, a la Autoridad Portuaria de València (APV), a la Delegación del Gobierno y a las consellerias de Emergencia Climática y de Política Territorial.

En la misiva, Ribó recuerda que hace dos años votó en contra de la nueva terminal al considerar que la DIA de 2007 no puede amparar el actual proyecto por las sustanciales modificaciones que incluye, que el descontento ha aumentado como demuestra “la manifestación unitaria y contraria a la ampliación” del pasado viernes 22 de octubre y solicita “avanzar en una propuesta alternativa concensuada” que no perjudique a la ciudad y que se apueste definitivamente “por un litoral verde acorde a la adaptación al cambio climático a la altura de anteriores transformaciones urbanas como el jardín del Túria o la reversión de la urbanización de la Devesa de l'Albufera”.

Además, deja constancia de que la APV no ha respondido aún a las alegaciones planteadas a la nueva terminal, ni a los informes municipales que avalan la necesidad de una nueva DIA.

La carta incluye dos informes. El primero es el resumen de las conclusiones de la ronda de reuniones realizadas desde el pasado 21 de abril con diferentes entidades y agentes para intercambiar impresiones con respecto a la polémica ampliación. En concreto, el primer edil se ha reunido con asociaciones vecinales, ecologistas, empresariales, con sindicatos, estibadores y expertos en la materia en diferentes campos.

Este informe, avanzado por elDiario.es, arroja serias dudas sobre aspectos claves del proyecto de ampliación. Por ejemplo, “el aumento de la contaminación directa e indirecta (pese a la automatización y sostenibilidad eléctrica de la nueva terminal, un estudio reciente de la federación europea Transporte & Environment considera que MSC es la principal empresa de transporte de contenedores emisora de CO₂); los efectos sobre la salud de habitantes y visitantes; la imagen negativa (”ciudad logística“) hacia el turismo; o los riesgos sobre la seguridad portuaria en las maniobras de los grandes buques”.

El segundo informe es el realizado por el exdirector General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas (1980-1982), Pascual Pery, según el cual la infraestructura requiere de una nueva DIA simplificada, entre otras cosas, por su afección a las playas, pero además añade que el cambio de disposición de los muelles con respecto al proyecto original de 2006, unido a la no prolongación del dique, incrementa sensiblemente el riesgo de accidentes de los megabuques a la hora de maniobrar para acceder a la nueva terminal.

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