Los liquidadores fijan para junio o julio el cierre definitivo del órgano gestor de la Marina de València

La liquidación del Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), ya tiene una fecha estimada para su cierre definitivo.

Este miércoles se celebró el consejo rector en el que se habló de entre junio y julio como posibles fechas para hacer efectiva la liquidación definitiva. Así se lo trasladaron los miembros del organismo a los representantes de los 13 empleados en riesgo de despido tras la privatización del espacio que solicitaron su reubicación.

Los miembros del consejo rector se comprometieron a estudiar esta posibilidad, aunque advirtieron de que no está prevista la creación de en un nuevo organismo de gestión entre las tres administraciones que sustituya al Consorcio para la zona de la Marina de València que quedará sin privatizar, pasando a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Como informó este diario, entre los afectados hay ingenieros, arquitectos y abogados, quienes acudieron a la convocatoria de empleo público desde diferentes puntos de España con motivo de la Copa del América y a los que ahora con una media de edad de entre 55 y 57 años y con una dilatada experiencia en la gestión, no solo en la organización de la Copa del América, sino en todos los eventos que se han desarrollado desde entonces en la Marina de València, se pueden a quedar en la calle.

El pasado 5 de diciembre tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se aprobó la privatización de un 47% de la Marina de València con el beneplácito de la alcaldesa, María José Catalá. En primera instancia la APV y, en segunda, la empresa que entre a gestionar el espacio, asumirán a otros 13 empleados más relacionados con la gestión náutica y los amarres.

Hasta ahora, era el Consorcio Valencia 2007 el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas, así como el resto de los terrenos, instalaciones y actividades, de manera que se garantizaba una gestión unitaria de todo el entorno, algo que se romperá con este concurso.

El Consorcio sigue enredado en una maraña jurídica y en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente. La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar su liquidación, pero finalmente quedó paralizada hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor que al parecer finalmente no se producirá.