Pugna en València entre PSPV y Compromís por el modelo de gestión urbanístico del barrio de Benimaclet

El futuro del barrio de Benimaclet se ha convertido en el centro del debate político municipal estos días entre Compromís y PSPV, socios de Gobierno del Ayuntamiento de València.

El histórico y reivindicativo barrio tiene por resolver desde hace años su conexión con la huerta periurbana mediante el desarrollo de 300.000 metros cuadrados de suelo (un 80% privado), en su mayor parte abandonado, salvo un conjunto de huertos urbanos en plena producción.

El pasado lunes 1 de febrero, la vicealcaldesa y responsable de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, anunció la inadmisión del planeamiento presentado en su día por Metrovacesa como Agrupación de Interés Urbanístico para desarrollar del Plan de Actuación Integral (PAI) de Benimaclet.

La promotora cuenta con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad aprobados en su momento por el anterior Gobierno municipal del PP al estar así contemplado en el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) de 1988, a partir de los cuales presentó una propuesta consistente en la construcción de 1.345 viviendas en edificios de hasta 30 alturas, un 30% (403) de protección pública y un 10% (134) destinado a colectivos vulnerables.

Además, incluye la construcción de diferentes equipamientos públicos como consecuencia de las cargas urbanísticas impuestas por el Ayuntamiento, tales como un campo de fútbol, zonas verdes, carril bici, guarderías, colegios y centros de formación.

Sin embargo, el Ayuntamiento consideró esta propuesta excesivamente expansiva y agresiva con el entorno, motivo por el cual, Gómez anunció la inadmisión y marcó unos criterios a los que la promotora se deberá someter si quiere ejecutar el plan, dejando también la puerta abierta a que fuera el propio Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Aumsa, el que elaborara el nuevo planeamiento.

Según explicó Gómez, los nuevos criterios implicarían reducir el número de viviendas a 1.100, manteniendo las 403 protegidas, crear un edificio destinado a acoger empresas innovadoras, además de un gran parque de 80.000 metros cuadrados en el que quedarían integrados los actuales huertos urbanos y serviría de enlace con la huerta productiva del barrio, manteniendo además las dotaciones previstas con cargo a la promotora.

Los socialistas creen que los criterios presentados conjugan el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benimaclet, al generar una importante bolsa de vivienda protegida, y además, garantizar la continuidad de la actividad de los huertos urbanos, en un parque en el que el resto del vecindario también podría salir a pasear o hacer deporte.

La propuesta, sin embargo, no gustó a Compromís, más que en la forma, que también, en el fondo, que es lo que en esencia separa a ambas formaciones, es decir, en el modelo de gestión del PAI.

En este sentido, los socialistas consideran que independientemente del modelo de gestión, la realidad es que hay unos propietarios con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad y que cualquier modelo de gestión, ya sea directa del Ayuntamiento o indirecta, debe respetar estos derechos. De lo contrario, si se optara por desclasificar suelo para reducir la edificabilidad, están convencidos de que conllevaría un coste millonario en forma de indemnización para el Ayuntamiento.

Al respecto, un informe de la Universitat de València cifra en 11,5 millones de euros el coste de la desclasificación total del suelo, mientras otro de técnicos municipales eleva esta cifra a 20 millones, a los que habría que sumar otros 10 millones en concepto de los equipamientos públicos, que pasaría a ejecutar y abonar de forma directa el Consistorio.

Sin embargo, desde Compromís niegan la mayor y aseguran que estaría por ver si llegaría a abonarse cantidad alguna, puesto que según la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), las administraciones tienen prioridad a la hora de desarrollar planes urbanísticos de forma directa. Entiende la coalición valencianista que los ayuntamientos tienen todo el derecho a decidir cómo quieren planificar y desarrollar sus barrios, independientemente de los derechos que hubieran adquirido previamente determinados propietarios.

Por este motivo, apuestan por que sea el propio Ayuntamiento el que planifique y desarrolle el PAI, aunque de entrada esto supondría asumir el coste de las expropiaciones que se hicieron en su día para construir la ronda norte, cuyo coste está repercutido al agente urbanizador que finalmente ejecute el proyecto.

Aunque inicialmente se habló de una propuesta inicial de unas 400 viviendas, algunas de ellas de tipología de pueblo para integrar el sector con las zonas más céntricas del barrio, desde Compromís aseguran que aún no tienen una propuesta cerrada y garantizan que habrá vivienda protegida. Además, consideran imprescindible que la propuesta que salga adelante incluya las reivindicaciones de las diferentes entidades vecinales del barrio y aseguran que, pese a las discrepancias iniciales, alcanzarán un acuerdo con los socios del PSPV.

Por su parte, la asociación de vecinos de Benimaclet exige una reducción sustancial de la edificabilidad y asegura que es posible por dos razones: “Por un lado, no hay derechos adquiridos por los propietarios (tal y como avalan todos los informes técnicos y jurídicos, incluyendo los municipales) porque no se han patrimonializado los mismos y, por otro, la urbanización que estamos planteando, con una reducción muy fuerte de los viarios y una urbanización 'low cost' para los espacios parque-huerta permite reducir los costes de ejecución considerablemente”.