Ribó traslada a Aumsa que el PAI del Grau debe ser de gestion pública y recuperar “la totalidad” de los 38 millones de la Fórmula 1

El alcalde de València, Joan Ribó, ha solicitado a la dirección de la empresa municipal Actuaciones Urbanas (Aumsa), dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, información de los detalles económicos del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau, un plan urbanístico sobre el que pesa una deuda de 38 millones de euros correspondiente al asfaltado del circuito urbano de Fórmula 1 que adelantó en su día el Gobierno valenciano y cuya devolución ya ha reclamado al Ayuntamiento.

Así lo ha trasladado el primer edil por medio de una carta en la que además, ante la posibilidad de que los propietarios del suelo reclamen la gestión del PAI, ha recordado que tal y como recoge la ficha urbanística del sector y la propia Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), “el tipo de gestión del futuro programa de actuación será, preferentemente, de formulación pública” y en caso de optar por la gestión indirecta, se deberá justificar “de forma razonada”.

Según la misiva, “con la voluntad de este Ayuntamiento de evaluar si corresponde desatender le orden de prelación establecido en la legislación, decisión que ha de ser motivada, se requiere una memoria de evaluación económica de los medios que requeriría el departamento de Programación Urbanística, o bien la propia Aumsa, para gestionar de forma directa el programa del sector del Grau”.

Al mismo tiempo, Ribó solicita que “la valoración se realice teniendo en cuenta que se repercutiría a los propietarios del suelo la totalidad de las cargas de urbanización que tenga que asumir el Ayuntamiento en su labor de agente urbanizador mediante la imposición y liquidación de cuotas de urbanización, sin perjuicio de que esta retribución pueda materializarse tanto en suelo como en metálico con un incremento del patrimonio municipal del suelo”.

Por último, traslada que “este ahorro del beneficio industrial de la operación tendría previsiblemente una repercusión en el aumento de la viabilidad económica del programa que también tendrá que quedar recogida en el estudio solicitado”.

La petición de este informe llega después de solicitud del vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca, de un pronunciamento al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el modo a través del cual debe exigir la Generalitat al Ayuntamiento de València el reembolso de lo anticipado.

Una reclamación a la que la vicealcaldesa, Sandra Gómez, contestó solicitando calma y afirmó que el Ayuntamiento está negociando con los propietarios las cargas vinculadas al Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau que permitirán recuperar una parte de esos 38 millones, mientras la diferencia se le debería abonar a la Conselleria de Vivienda.

En 2018, el entonces concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Sarrià, presentó un proyecto pormenorizado del PAI del que poco más se ha sabido, precisamente por la maraña jurídica en el que está envuelto al estar viculado al convenio firmado el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la construcción del circuito urbano, abandonado ahora y tomado por un asentamiento de chabolas.

El plan urbanístico prevé dos parcelas de uso educativo, otras de uso dotacional, la rehabilitación de la antigua estación del Grau, un puente para el tráfico rodado y cinco pasarelas peatonales, incluido el terraplén provisional.

Además, prevé 284.000 metros de edificabilidad con los que se podrán construir un máximo de 2.500 viviendas en 18 edificios de hasta 20 alturas más otro de 45, de las que hasta un 30% serán protegidas. El Ayuntamiento se reserva un 10% del aprovehcamiento y un 6% de esa edificabilidad.

Uno de los aspectos más llamativos y controvertidos del proyecto que presentó Sarrià es el terraplén provisional de hasta seis metros de altura previsto en la zona de la prolongación de la Alameda para salvar las vías, las cuales serían recubiertas con planchas de hormigón revestidas con pavimento y zonas verdes, sirviendo la superficie como conexión peatonal entre ambos lados del cauce (Alameda y Moreras). Tanto Ribó como València en Comú se opusieron al entender que las vías debían soterrarse, algo que ya está en fase de estudio.