La Fiscalía del País Vasco se felicita en su memoria de la sentencia condenatoria del 'caso De Miguel', la más importante en Euskadi en materia de corrupción

El fiscal Josu Izaguirre

La memoria de la Fiscalía del País Vasco correspondiente al ejercicio 2019 y hecha pública este lunes coincidiendo con la apertura del año judicial resalta la importancia que tuvo la sentencia condenatoria emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción investigada en Euskadi y que se saldó con condenas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos de esa formación. "Se trata de la sentencia más grave y compleja dictada en la comunidad autónoma del País Vasco en materia de corrupción", se felicita el ministerio fiscal, dirigido en Euskadi por Carmen Adán y en Álava por Josu Izaguirre, que además fue el fiscal de este caso junto a Manuel Pedreira.

La criminalidad se mantiene estable en Euskadi según la Fiscalía pero crecen un 10% los delitos contra la libertad sexual

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Explica la Fiscalía que el fallo está pendiente de valoración tras los recursos de algunos de los acusados en el Tribunal Supremo -inicialmente el propio ministerio fiscal quiso elevar algunas penas- pero destaca que en primera instancia se recogen ya "unas condenas elevadas y la aceptación por parte del tribunal de gran parte de las tesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal a lo largo de todo el procedimiento", iniciado con una denuncia de la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi en 2009 y que saltó a la luz pública en marzo de 2010 con el arresto de los primeros implicados, entre ellos los miembros del Araba Buru Batzar del PNV Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

El fiscal-jefe de Álava, Izaguirre, aplaude la condena por el delito de "asociación ilícita", ya que demuestra que De Miguel encabezó una "trama organizada dedicada a la obtención de ilícitas comisiones derivadas de contrataciones irregulares obtenidas de diversas administraciones públicas como consecuencia de las influencias políticas". En concreto, el expolítico fue condenado a más de 13 años de prisión y los imputados Iñaki San Juan, Xabier Sánchez Robles, además de Tellería y Ochandiano, recibieron castigos de más de 5 años. La Audiencia de Álava, en todo caso, consideró innecesario el ingreso inmediato en prisión hasta la resolución del Supremo, aunque sí adoptó para ellos algunas medidas cautelares.

La actuación de Izaguirre siempre había sido puesta en la diana por el PNV. "Esperamos que se den todas las garantías procesales que una cuestión de este tipo se merece. Hasta ahora no las hemos visto y tenemos derecho a estar enfadados y recelosos", declaró en 2015 el presidente del partido, Andoni Ortuzar. Dijo también que en esta causa había "una evidente manipulación y tergiversación para dañar la imagen del PNV" y deslizó que Izaguirre, en su pasado, "hizo acusaciones muy similares que luego no cuajaron y tuvo que salir de allí".

Por otro lado, en el ámbito de los delitos contra la administración pública, la Fiscalía alavesa vuelve a alertar de la situación en las juntas administrativas de los concejos de Álava. A pesar de que ya se detectaron y castigaron casos como el del desfalco de Aretxabaleta, una pedanía de Vitoria, el ministerio fiscal remarca que "sigue siendo preocupante la situación de las juntas administrativas que se mantienen como fuente frecuente de procesos penales dada la falta de control sobre su actividad". "Reiteramos la necesidad de que se acometa una reforma legal tendente a aumentar los sistemas de control financiero sobre la actividad de estos entes administrativos", se pide en la memoria. 

Alerta por casos de extorsión sexual a través de redes sociales

Como ya adelantó en agosto este periódico, la memoria de la Fiscalía recoge que la criminalidad en Euskadi se ha mantenido estable de 2018 a 2019. Los delitos, medidos en diligencias previas tramitadas por el ministerio fiscal, apenas se han movido al pasar de 38.018 a 38.416 (+1,04%). Existen otras fuentes estadísticas para medir la delincuencia, como los datos policiales o de los juzgados.

El documento consta de 236 folios y toca todos los aspectos de la actividad delictiva en Euskadi en 2019. Entre los puntos que reseña se halla el del incremento de casos de acoso contra mujeres a través de las nuevas tecnologías. "Cada vez es más habitual que se lleven a cabo actos de violencia de género mediante el uso de tecnologías, especialmente atentando contra la intimidad de la víctima en redes sociales, mediante la publicación de fotografías de contenido íntimo, o bien profiriendo amenazas a través de tales redes", advierten los fiscales. Estas prácticas se dan incluso entre menores de edad: "[Reciben] las fotografías íntimas a través de grupos de Whatsapp, que a su vez han reenviado a otros amigos de la misma forma recibida. [Estos] expedientes han terminado en la realización de tareas socioeducativas orientadas a concienciarse del uso de las redes sociales y la intimidad".

Hay algunos ejemplos concretos. "Este año se emitió un escrito de acusación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por parte de un joven que grabó a su novia practicando sexo con él para, a continuación, colgar el vídeo en su perfil público de Instagram. En este mismo expediente se aportaron las conversaciones de Whatsapp entre el autor y la víctima en la que esta le pedía de forma reiterada que eliminara el vídeo. Lo más llamativo del caso es que el joven infractor no era consciente de la relevancia que tuvo el hecho", abunda la oficina dirigida por Adán.

La Fiscalía ha detectado, igualmente, algunas tramas que traen personas de América Latina -principalmente mujeres- para esclavizarlas en el trabajo o, en los casos más graves, para forzarlas a ejercer la prostitución. "Captaron a dos mujeres en sus respectivos países de origen, Venezuela y República Dominicana, las cuales no tenían arraigo ni referentes personales o sociales en España, para explotarlas laboralmente en un bar de Bilbao, para lo cual les abonaron los billetes de avión desde aquellos países tras convencerlas mediante engaño de que en España podrían estudiar y trabajar, prometiéndoles que así mejorarían la precaria situación económica que allí padecían. Con tales medios y la expresada finalidad, los investigados consiguieron que ambas mujeres consintieran en desplazarse desde sus países de origen, entrando primero en Francia y luego en España de forma irregular, como turistas, alojándolas en su casa en Bilbao. Los investigados dispusieron que las dos migrantes trabajaran en el bar que ambos regentaban durante larguísimas jornadas, sin días libres y sin apenas salario, controlándolas para que no salieran del establecimiento", se puede leer como ejemplo en la memoria.

Y respecto a un tema que podría cobrar actualidad por las dificultades que genera la pandemia en la enseñanza reglada, el denominado 'homechooling' o familias que no escolarizan a los menores y los educan en casa, la Fiscalía explica que es necesario "valorar el proyecto presentado con exhaustivo seguimiento, comprobando si además existen en el desarrollo del menor actividades de socialización que conformen la integridad del derecho educación". En 2019 no hubo demanda alguna pero sí se notifican estos casos a la inspección educativa "para que en su caso proceda a actuar en vía administrativa". 

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8 de septiembre de 2020 - 22:06 h

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