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La oposición emplaza a Urkullu a que use los más de 1.800 millones en remanentes contra la crisis económica

El lehendakari, Iñigo Urkullu, con Maddalen Iriarte, de EH Bildu

Iker Rioja Andueza

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El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha continuado este martes con su ronda de contactos con los partidos de la oposición tras citarse este lunes con PP+Cs. Estas reuniones, con las que Urkullu armará un discurso que llevará el viernes al Parlamento Vasco, donde se debatirán en un pleno monográfico medidas económicas, han suscitado el interés de muy pocos medios de comunicación, apenas cuatro. En el palacio de Ajuria Enea ha recibido a las 16.00 horas a Elkarrekin Podemos-IU y a las 18.00 horas a EH Bildu. Ambas coaliciones de izquierdas han hecho ver al Gobierno de PNV y PSE-EE que tiene que hacer uso de los más de 1.800 millones de euros en remanentes para combatir lo que el propio Urkullu vino en llamar “economía de guerra”.

Se trata de una bolsa surgida por la mayor flexibilidad en la capacidad de endeudamiento durante la pandemia y por inejecuciones de presupuestos. Horas antes de las reuniones, en todo caso, el consejero-portavoz de Urkullu, Bingen Zupiria, ya había dejado claro en una larga exposición ante los periodistas que ese dinero no se puede utilizar en su totalidad. Primero, hay que tener un “fondo de reserva” para “hacer frente a las situaciones de dificultad”, como las familias que “han destinado parte de sus ingresos al ahorro en previsión de circunstancias inciertas que pudieran suceder”. Segundo, que exista esa bolsa “es una decisión premeditada” de “prudencia en la gestión y en el gasto”. Tercero, Euskadi es más solvente que España “según Standard & Poor's”. Cuarto, “estos remanentes tienen una regla para su uso, sólo para hacer frente a la bajada de recaudación, para planes extraordinarios de inversiones o para reducir el endeudamiento”, esto es, no para gasto corriente. Y, quinto, que no se rompa el cerdito no implica que se haya actuado como el Tío Gilito -la expresión original es de Iturgaiz- ya que “en ningún caso se ha reducido o evitado ningún gasto en las políticas sociales, ni en el ámbito de la Sanidad, ni en Educación o políticas sociales” o líneas de ayudas a sectores afectados, como la hostelería. Zupiria ha cifrado ese desembolso extraordinario en “1.400 millones”.

EH Bildu: subida de la RGI y bono energético de 250 euros

Más allá de las 20.00 horas ha terminado la comparecencia de Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu y jefa de la oposición. “Ha tenido un tono agradable y cordial la reunión. Pero le he trasladado la decepción de EH Bildu por que ha pasado más de un año desde el último encuentro en Ajuria Enea aunque el compromiso del Gobierno era hacerlo cada cuatro meses. Es importante que tengamos un marco de relación permanente”, ha criticado sobre el tiempo transcurrido sin interlocución con Urkullu. Sobre el contexto concreto, ha añadido: “Nos parece que el Gobierno ha reaccionado tarde y que no tiene un plan claro de actuación urgente. Hasta ahora ha sido reactivo a abrir vías de diálogo en este momento de crisis social y económico. Nos ha llamado un poco forzado por las circunstancias. Llevaba yo un mes diciéndole que en Navarra se ha reunido la lehendakari [María] Chivite y los pasos que está dando el Gobierno de España. Es el único Gobierno que no ha abierto espacios para el diálogo y el acuerdo”. De hecho, ha recordado que la sesión parlamentaria se celebrará a propuesta de la coalición abertzale y no de Urkullu, si bien será el lehendakari el que defienda la posición del Ejecutivo en primera persona.

EH Bildu ha insistido en la importancia de “lograr acuerdos” e incluso de superar el “esquema de Gobierno versus oposición” y también ha reprochado a Urkullu que hable de “economía de guerra” porque invita a la ciudadanía a pensar que le toca “apretarse el cinturón” cuando hay más de 1.800 millones de euros en remanentes. “El Gobierno tiene capacidad. Sería incomprensible que en un momento de crisis como éste se negara el uso de este dinero”, ha manifestado, aunque ha confesado que el lehendakari no le ha expresado nada sobre las dificultades técnicas para usar ese dinero verbalizadas en público. “Creemos que los millones se podrían usar para nuestro plan. Una gran parte se puede activar para un plan especial”, ha recalcado Iriarte. Además, ha indicado que “no se puede retrasar más el tema de la fiscalidad” y abordar una reforma.

Iriarte ha adelantado algunas de las propuestas que llevarán a la Cámara con el ánimo de que sean aceptadas por PNV y PSE-EE. “Es urgente actualizar y revisar al alza las cuantías de las diferentes prestaciones del sistema vasco de protección social y también flexibilizar las condiciones de acceso a esas ayudas para que lleguen al mayor número posible de personas necesitadas”, ha indicado como principal prioridad al hilo de la subida del IMV acordada por el Gobierno central. Asimismo, ha añadido: “Proponemos crear un bono energético que compense a las familias por la subida del precio de la luz y el gas. Hablamos de una ayuda media general de 250 euros de la que, lógicamente, quedarían excluidas las rentas altas. El objetivo, en definitiva, es garantizar el bienestar energético de todas las personas”.

La portavoz de EH Bildu ha recordado que la coalición ya pactó los presupuestos de 2022 con el Gobierno de Urkullu. En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que active uno de los puntos, el referido a la subida del SMI ajustada a las rentas más altas de Euskadi en el marco de la negociación colectiva. “Hemos hecho un acuerdo presupuestario. Otro también en Educación. Todo eso va desbrozando el camino y creando un ambiente más favorable. Nos conocemos más. Nos conocemos mejor. Es importante llegar a acuerdos pero sobre todo a qué acuerdos se llega. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Más allá del clima que se haya creado en otros acuerdos podamos seguir llegando a acuerdos.

Elkarrekin Podemos-IU: subida de las pensiones bajas

Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, ha instado al Gobierno “a impulsar un fondo de ayudas directas a pymes, además de un plan de inversiones estratégicas haciendo uso del remanente disponible en el presupuesto, que asciende a 1.800 millones”. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que Urkullu no le ha trasladado los “impedimentos técnicos”. En todo caso, la coalición se ha quedado con la voluntad de que no haya “ajustes presupuestarios”. “Sin poder yo afirmar que haya desde ya un acuerdo, es verdad que en la conversación hemos hablado de que esperamos que este Gobierno no aplique recortes presupuestarios y he podido percibir un signo de aprobación. Tengo la intuición de que esto ha sido recibido bien por el lehendakari”, ha explicado a los periodistas.

Gorrotxategi ha entregado a Urkullu un documento con 48 medidas concretas y “coyunturales” para el corto plazo. Son las mismas que someterá a votación el viernes en la Cámara. Entre ellas se pide emular al Gobierno de España y subir la renta de garantía de ingresos “para los próximos nueve meses”, aunque no se indican cuantías ni el alcance económico del plan. Igualmente se habla de un nuevo complemento para pensionistas con pagas de menos de 1.000 euros. En este caso sí se habla de 250 euros mensuales.

Elkarrekin Podemos-IU rescata también otras propuestas ya rechazadas con anterioridad, como la creación de una empresa pública de energía o de una banca pública. En el plano energético, la coalición se atreve a pedir limitaciones concretas en los precios y la recuperación de las concesiones de las presas y una subida de impuestos del 10% para las compañías con un resquicio legal solamente aplicado en las inundaciones de 1983, ya que la competencia fiscal en Euskadi es de las diputaciones. Entiende Gorrotxategi que es insostenible una dependencia energética del 90% cuando es del 68% en España y del 57% en Europa. Se desliza también que es necesario “iniciar un proceso de reflexión” de camino a una reforma fiscal. Una de los argumentos más repetidos por esta formación es un “pacto de rentas”, que implica una “actualización de los salarios tanto del sector público como para los convenios del sector privado, a fin de mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

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