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La división del gobierno de Sagunt allana la prórroga de la cantera de Lafarge hasta 2042

La abstención de EU y PSPV deja solos a Compromís y ADN Morvedre, y PP, IP y Cs tumban un dictamen desfavorable contra la autorización de Conselleria

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Imagen de la cantera de Lafarge en Sagunt

Imagen de la cantera de Lafarge en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt no emitirá el dictamen desfavorable sobre el pliego de condiciones y la redacción de la autorización de ocupación redactada por la Conselleria de Medio ambiente en referencia a la cantera Salt del Llop de Lafarge. Así se decidió este martes en la sesión plenaria de septiembre después del voto en contra de los partidos de la Oposición (PP, Iniciativa Porteña y Ciudadanos), y la división del equipo de gobierno con las abstenciones de EU y PSOE, y los votos a favor de Compromís y ADN-Morvedre.

Ya en el pleno ordinario del 27 de junio se produjo una situación similar cuando Compromís y ADN tampoco obtuvieron el apoyo de los otros grupos políticos que integran el equipo de gobierno, imposibilitando así la emisión del dictamen desfavorable, que contaba entonces con los mismos argumentos que el que se trajo al pleno este martes.

En este sentido, después del veredicto reiterado del pleno por el cual el Ayuntamiento de Sagunt, como administración informante, no emitirá un dictamen desfavorable, está más próxima la aprobación definitiva por parte de la Conselleria de Medio ambiente de su última propuesta de resolución, recibida por el consistorio el 8 de septiembre. Esta autorizaría a la cementera Lafarge a continuar su actividad en 33 hectáreas de la montaña Bonilles y otras (más conocida como montaña de Romeu) durante 24 años y 11 meses a partir del 1 de enero de 2018, es decir, hasta el año 2042. Para lo cual, la empresa quedaría obligada a ingresar en el Ayuntamiento, como propietario de la montaña, el canon anual establecido en el pliego de condiciones del 5 de julio de 2016.

Según el informe de la conselleria, la ocupación se autorizaría “sin perjuicio de la reducción debida a superficies residuales incluidas en las cuales el uso extractivo sea incompatible con la normativa urbanística del terreno”. Además el periodo de casi 25 años incluiría la restauración del terreno y se indica también que durante los primeros 15 días de este plazo se verificaría “el amojonamiento o señalización de la zona, así como el levantamiento topográfico de la geometría de la cantera, de forma que quedo definida la realidad física final del anterior expediente e inicial del presente”.

Por su parte, desde la delegación de Medio ambiente (gestionada por Compromís), se negaban a esta propuesta de la Conselleria basándose fundamentalmente en doce razones que el órgano autonómico no ha atendido, entre las cuales destacan algunas consideradas “de estricta legalidad”. Estas hacían referencia: al incumplimiento por parte de Lafarge de los límites acordados de explotación de la cantera; a la incompatibilidad urbanística de algunos terrenos según el PGOU; a la superación del límite máximo de concesión del permiso de ocupación acordado por el pleno, que es de 10 años; y al no reconocimiento del Proyecto de Restauración Integral de la cantera como mecanismo definidor del que se pueda extraer.

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