El Ayuntamiento de Madrid acaba con la ruinosa gestión de Calle 30 que ideó Gallardón y ahorrará 66 millones al año

Fin a la sangria millonaria de Calle 30 derivada de un gravoso modelo de gestión ideado hace dos décadas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la compra por casi 104 millones de euros de las acciones de la empresa mixta que están en posesión de Emesa. Con este acuerdo, el consistorio recompra el 20% de la sociedad, que pasará a ser completamente municipal el próximo 31 de diciembre.

“Hoy hemos aprobado un acuerdo que quizás es el menos vistoso, pero nos encontramos realmente satisfechos”, anunciaba este jueves en rueda de prensa la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, dando relevancia a un acuerdo muy técnico pero que dota de gran músculo financiero al Ayuntamiento después de años de gasto extra. “El ahorro que supone para los madrileños es de 1.000 millones en quince años”, añadía la delegada, algo más de 66 millones al año.

El acuerdo deja fuera de Calle 30 a la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa), que constituyeron Ferrovial, Dragados y Api Conservación en el año 2005 para firmar un contrato junto con Calle 30 que se extiende hasta el año 2040 y da servicio a la vía. A partir del 1 de enero los trabajos que desarrollaba serán desarrollados a través de cinco contratos municipales, con la subrogación de todos los empleados actuales. “El trabajo a nivel técnico y a nivel jurídico ha sido importante”, recalcaba García Romero.

El ahorro llegará porque el Ayuntamiento dejará de pagar el IVA de todas sus operaciones a partir del año que viene, así como el impuesto de sociedades, pero también los dividendos a los que estaba obligada a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir esta gestión desde lo público, como estaba pensado inicialmente cuando el consistorio asumió en hace 21 años la titularidad de la M-30 en virtud de la transferencia efectuada por el Ministerio de Fomento.

Una gestión “ruinosa” iniciada por Gallardón

Aunque Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, un año después dio entrada al capital privado con el objetivo de evitar los controles de la UE y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento por entonces no permitido por la instituciones comunitarias. “La elección del modelo de gestión de la sociedad respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima”, explica el dictamen que aprobó en su día el consistorio madrileño y que recordaba que el intento solo duró hasta el año 2011, cuando Eurostat obligó al consistorio a imputar esta deuda como municipal al corresponderse la actividad con una prestación de un servicio público.

“El modelo de gestión elegido para la sociedad resulta lesivo para las arcas públicas municipales”, explicaba el dictamen final sobre la investigación de Madrid Calle 30, citando un informe de la Cámara de Cuentas. La investigación fue puesta en marcha durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa y reveló que la arquitectura de la gestión de esta empresa mixta había sido ideada por el equipo de Alberto Ruiz Gallardón para intentar que la deuda generada por el soterramiento de la M-30 no computara al Ayuntamiento.

El mismo dictamen concluyó que este “modelo de gestión ruinoso” se había traducido hasta el año 2016 en 597.343.885 euros pagados de más por las arcas públicas. Cuando el consistorio recupere este 31 de diciembre la gestión pública, la cifra de gasto extra estará cerca de los 1.100.000.000 euros citados.

Aunque la vigencia del contrato de mantenimiento estaba prevista hasta el año 2040, el acuerdo con el que se incluyó la entrada de Emesa contemplaba la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera ejercitar, como así ha acabado haciendo este jueves, una opción de compra de las acciones antes del fin de este año. La decisión se había anunciado ya en 2024 por parte del Gobierno de Almeida, que durante estos últimos meses ha ido aprobando cada uno de los contratos de mantenimiento necesarios para llevar a cabo la operación. 

“La rentabilidad de Emesa estaba calculada hasta el año 2025, por eso se puso la cláusula. Cada día que pasara sin remunicipalizar hubiera sido dinero regalado”, explicaba a Somos Madrid cuando se conoció la decisión de recompra municipal el exconsejero apoderado de Calle 30, Samuel Romero. El máximo responsable municipal de su gestión durante la alcaldía de Carmena cree que la gestión de la M-30 ha sido “el mayor negocio para Ferrovial y Dragados de los últimos 20 años, sin duda”.

Romero denunciaba que las constructoras “tenían una rentabilidad del 7,053% asegurada por contrato, hicieran lo que hicieran con el mantenimiento” y en ocasiones no cumplían los trabajos a los que estaban obligadas. El Ayuntamiento, por otro lado, contaba con muy pocas herramientas para controlarlo y, aunque durante su etapa se denunciaron varios incumplimientos, el cuerpo de abogados de las constructoras intentó oponerse a la mayoría.

El Ayuntamiento define hoy la M-30 como “la infraestructura de movilidad urbana más importante de España”, con un anillo de 32 kilómetros, de los que 22 discurren a cielo abierto y una decena son subterráneos, lo que constituye la red de túneles carreteros urbanos “más extensa de Europa y la segunda del mundo después de Japón”. La vía de circunvalación es también la vía más transitada de España, con 375 millones de desplazamientos y 487,5 millones de usuarios contabilizados el pasado año 2024.