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El Defensor del Menor advierte del "colapso" del sistema andaluz de asistencia a menores que llegan en patera

Maeztu pide un protocolo definido de acogida "con unas condiciones mínimas de calidad" para poner fin a "la situación de provisionalidad existente en la actualidad"

Según su informe, los centros han tenido como mínimo una ocupación del doble de las plazas previstas, llegando en algunos momentos incluso a cuadriplicarse

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El Defensor del Menor de Andalucía no se aleja demasiado de  las cuestiones que ha planteado la federación Andalucía Acoge en cuanto a los problemas detectados para la correcta asistencia a menores extranjeros no acompañados (MENA) que, cada vez con más frecuencia, llegan a las costas españolas, en especial la andaluza. En su informe anual, recientemente presentado, dedica un amplio capítulo al asunto, del que se extraen dos principales conclusiones: que el sistema actual está muy saturado (habla de "colapso", "sobreocupación", etc.) y que se hace necesaria una planificación mejor porque el tema viene teniendo visos de ser estructural, más allá de lo coyuntural.

Pese a que la Junta asegura que atiende correctamente a estos menores, el Defensor no se muestra tan satisfecho y habla incluso de "carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores". En dicho  informe de 2017, cuyo asunto destacado precisamente es la situación de los MENA, recuerda que el pasado año "se ha producido un punto de inflexión" al incrementarse "de forma imprevisible la llegada de menores de edad extranjeros sin referentes familiares, que han debido ser acogidos y atendidos de manera inmediata por el sistema de protección andaluz.

"El incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la comunidad autónoma habilitados para atender a los menores en situación de desamparo, a pesar de los esfuerzos por incrementar los mencionados recursos", señala el informe, que añade que "la continua entrada de menores durante los meses siguientes al verano pronto hizo que las actuaciones de emergencia fueran insuficientes y muchos de estos chicos han sido derivados directamente a los centros residenciales ya existentes".

Soluciones "improvisadas"

Esta situación, que la Junta dice tener controlada, "ha supuesto la saturación de los centros de protección, especialmente aquellos de titularidad pública que desarrollan el programa de primera acogida, propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores", sentencia el Defensor.

"El colapso que está sufriendo el sistema de asistencia a estos menores, por las razones señaladas, ha sido proclamado por la Administración autonómica, por las organizaciones no gubernamentales y comprobado por esta institución", visitando "algunos de los alojamientos provisionales y centros de protección", añade el informe, que detalla que "a pesar de que el número de menores ha ido fluctuando, lo usual es que los centros afectados hayan manteniendo como mínimo una ocupación del doble de las plazas previstas, llegando en algunos momentos incluso a cuadriplicarse".

Denuncia el Defensor que ha advertido que "las carencias que ya tenían algunos centros se han visto acentuadas con la sobreocupación de menores, obligando a los responsables de los recursos residenciales a improvisar soluciones para los problemas más acuciantes", destacando el "importante esfuerzo de los profesionales que prestan servicios en los centros y cómo han debido incrementar su trabajo para la cobertura de las necesidades básicas de los menores".

¿La clave? La planificación

"¿Cuál es la solución para afrontar adecuadamente el problema? Ciertamente nos
enfrentamos a un difícil reto", reconoce el Defensor, que advierte de que no se puede permitir que los centros de primera acogida se encuentren saturados ya que ello resulta incompatible con una atención de calidad a los menores pero "tampoco podemos demandar de la Administración que cree plazas en centros de protección de forma ilimitada e indefinida ante un fenómeno tan peculiar y complejo como el migratorio del que difícilmente podemos llegar a pronosticar su alcance".

Ante ello, y pensando que "nos enfrentamos a un problema estructural y no coyuntural", el Defensor dice que "la Administración andaluza está llamada a realizar un importante esfuerzo de planificación". "Esta nueva realidad exige iniciar un proceso de reflexión que conduzca a fomentar mejoras en los dispositivos del sistema de integración y acogida para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas respecto a los derechos de estos niños y niñas, y para garantizar una adecuada atención a los MENA una vez se encuentran tutelados por la administración autonómica".

El Defensor propone, como Andalucía Acoge,"un protocolo definido de acogida de menores que puedan llegar de forma masiva con el propósito de que sean acogidos con unas condiciones mínimas de calidad y donde se contemple su paso a los recursos residenciales básicos en el menor breve plazo posible, poniendo término a la situación de provisionalidad existente en la actualidad".

"Europa continúa siendo 'El dorado' para muchos chicos y jóvenes ante la falta de
oportunidades y el futuro incierto que afrontan en sus países de origen; y Andalucía, su puerta de entrada". El Defensor señala que, a pesar del tiempo transcurrido desde que comenzó el fenómeno migratorio de menores, "existen todavía importantes asignaturas pendientes, retos aún sin respuestas efectivas y eficientes" como las citadas y "de modo especial respecto del acompañamiento que se realiza a estas personas una vez alcanzada la mayoría de edad".

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