El Defensor del Pueblo Español ve “inexplicable” el aislamiento del joven que murió en Archidona
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Marugán, ha afirmado este jueves en el Congreso que “las cosas no se hicieron de una manera muy correcta” cuando se decidió utilizar la cárcel aún por inaugurar de Archidona (Málaga) como centro de internamiento de extranjeros, espacio en el que un joven se suicidó tras 16 horas en un aislamiento que a su juicio es “inexplicable”.
En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, se ha referido así a la muerte de Mohamed Bouderbala, cuyo cuerpo fue hallado en su celda, donde resultó confinado tras promover un motín en Archidona y donde se quitó la vida de acuerdo a las conclusiones de la investigación policial y judicial.
“No tenemos la menor duda de que se trató de un suicidio y recibimos las explicaciones pertinentes del Ministerio del Interior (...) Supimos que este señor participó en un altercado que determinó que la autoridad del CIE lo mantuviera aislado durante 16 horas. No fue reconocido por el personal sanitario del centro, ni en su celda se efectuó una vigilancia periódica, cosa que a nosotros nos parece totalmente incomprensible”, ha señalado.
Tras expresar sus condolencias a la familia y lamentar lo sucedido, ha afirmado que desconoce “si se hubiera podido evitar si las cosas hubieran ido de otra manera”, pero ha señalado que la Institución mantiene abierta una investigación con la Dirección General de la Policía en espera de más aclaraciones sobre el suceso.
Para Marugán, en general “las cosas no se hicieron de una manera muy correcta” con Archidona ya desde el principio, pues si bien Interior ha asegurado que dictó una resolución el 19 de noviembre para habilitar la cárcel como CIE provisional, “esa resolución no se publicó nunca en el BOE”, cosa que a su juicio, “tenía que haberse hecho”. “Es un tema que no es menor y ante la Cámara queremos dejar constancia”, ha añadido.
Tras recordar que las instalaciones a la llegada de los primeros inmigrantes trasladados estaban “mal” y fueron mejorando con las semanas, ha incidido en que “donde ya la cosa se pone más difícil de calificar positivamente es en el régimen de derechos y obligaciones” pues “no tenía por qué tener un elenco de derechos inferior a un CIE ordinario” y sin embargo, “las cosas, de alguna manera se enfocaron peor”.
En esta línea, ha criticado que el centro estuviera controlado por Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional, “que no es otra cosa que una unidad de intervención ante desórdenes públicos” y que “no está preparada parta el trato y para atender a personas privadas de libertad a lo largo de 60 días”. “Se encargó a un conjunto de profesionales que no eran los más cualificados”, ha sentenciado.
Detectó otros problemas, como que “no se quiso ser relativamente generoso” a la hora de habilitar espacios adecuados al régimen de visitas de un CIE y no de una cárcel, que “se tarró bastante tiempo” en proporcionar información sobre derechos y obligaciones a los internos, que hubo todo el tiempo “una sola línea telefónica” y “casi nunca” se mantuvo una relación “normalizada” con las ONG, como tampoco con el Colegio de Abogados de la zona.
“Los internos autogestionaban la ocupación y la distribución de las celdas. Yo no se si se habrán fijado en una celda con unos colchones tirados allí en el suelo. Se autogestionaban. Hombre, eso tiene que ver con algunos sucesos desagradables que ocurrieron posteriormente”, ha comentado en relación al motín y a la muerte posterior de Bouderbala.
