La Justicia contradice al PP y mantiene abierta la causa contra las ayudas ‘a dedo’ en la Diputación de Alicante
Continúa la polémica en torno a las ayudas nominativas o comúnmente conocidas como subvenciones ‘a dedo’ en la Diputación de Alicante que dirige el Partido Popular. El juzgado del Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante que suspendió cautelarmente una de las tres partidas cuestionadas por Compromís que otorgaba unos 800.000 euros para la construcción de un polideportivo en Busot, el municipio del vicepresidente del ente provincial Alejandro Morant, ha decidido en un auto del 11 de mayo, mantener la causa abierta. En el caso de la pista de atletismo de La Nucía del también vicepresidente Bernabé Cano, la jueza afirma que también se mantiene también latente. En el escrito de la jueza especifica que se procede a “continuar el proceso por los trámites legales correspondientes, y por esto se da traslado a la Administración demandada para que conteste a la demanda en el plazo de cinco días”.
Esta respuesta judicial ha dejado en evidencia al PP de la Diputación cuyo portavoz, Carlos Castillo, afirmó hace una semana que “la vía jurisdiccional” emprendida por Compromís “ha muerto”, cuya argumentación “solo se puede sostener desde la ignorancia y la mentira y desde la perversa intención de confundir a los ciudadanos”.
Para la formación denunciante, Compromís, se trata de un “golpe contundente a la voluntad del Partido Popular de colar otra vez las polémicas subvenciones a dedo que desde hace un año intenta aprobar en la Diputación de Alicante”. Este pronunciamiento judicial llega en el momento en el que el órgano alicantino está tratando de sacar adelante su Plan de Inversiones Sostenibles con una dotación de 31 millones de los cuales 7,3 millones comprenden a las ayudas nominativas, y en concretos las tres señaladas como son las destinadas a los pueblos de los vicepresidentes del PP: Busot, La Nucía y Mutxamel.
A juicio de la coalición de izquierdas, el Partido Popular “no podrá introducir las líneas a dedo a los vicepresidente y miembros de gobierno de la Diputación” pues en caso de aprobarlas, ya avisaron la semana pasada, se enfrentarán “a una ampliación de denuncia y posible fraude de ley cada vez más evidente”.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, recuerda que el PP, con el posible apoyo del PSPV, habían hecho público una propuesta de pacto “donde se recorta un 40% la inversión con criterios objetivos como el poblacional o la densidad” para crear un paquete de 7,3 millones de euros de subvenciones a dedo. “A estas ayudas se sumaban otras sin ningún criterio de selección, sin justificación de la urgencia, sin ninguna Junta de Portavoces previa”. Compromís acusó entonces al PP y a los PSPV de haber negociado ayudas discrecionales de “forma opaca y discriminando los pueblos, a expensas de reducir la inversión democrática”.
El acuerdo preveía por ejemplo que sólo entre dos municipios gobernados por el PP en la Marina Baixa doblaron la inversión que iban a recibir el resto de municipios de la comarca, el mismo que en l'Alacantí en el caso de Busot y Mutxamel, o restar dos millones de euros al reparto con criterios objetivos de la Marina Alta o un otro resto de 2,1 millones en el reparto por población en la Vega Baja.
Compromís ha anunciado que este jueves ofrecerá una rueda de prensa para proponer una salida pactada que desbloqueo la situación y permita que como estaba previsto el próximo 23 de mayo se apruebe el Plan de Inversiones Sostenibles. “El tiempo de repartirse el dinero entre dos en un despacho oscuro ha acabado, reclamamos criterios justos para todos. No desfalleceremos, hace falta un reset total a la manera de repartir los recursos de la Diputación”, ha destacado el portavoz de Compromiso Gerard Fullana.
Respuesta del PP
La respuesta del PP de la Diputación de Alicante ha consistido en dirigirse al president del Consell, el socialista Ximo Puig, para que “llame al orden” a su socio de gobierno en la Comunidad Valenciana, Compromís, por “torpedear” y “boicotear” la institución provincial a raíz de las ayudas nominativas y las subvenciones de 2018.
Según recoge EFE, el presidente de la institución alicantina, César Sánchez, ha solicitado, a través de su vicepresidente Carlos Castillo, que se convoque la mesa bilateral Diputación-Generalitat para tratar esta situación con el director general de Administración Local, el socialista Toni Such.
Esta decisión, más que enmarcarse en el auto judicial conocido hoy, se produce sobre todo a raíz del anuncio del grupo Compromís en la Diputación alicantina de ampliar la demanda judicial que ya interpuso contra las ayudas a la carta a los municipios en el caso de que este tipo de subvenciones se aprueben conjuntamente con las denominadas inversiones financieramente sostenibles, que están en trámite de aprobación.
Con esta postura, Compromís tiene “la clara intención de torpedear el funcionamiento de la institución provincial”, en palabras de Sánchez, quien ha añadido que días antes de la amenaza de la formación nacionalista había llegado a un “acuerdo verbal” con su portavoz, Gerard Fullana.
